¿Y quién asumirá ahora investigación contra Álvaro Uribe?
Por 82 votos a 12 la plenaria del Senado le aceptó este martes la renuncia al expresidente y senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático.
Luego de la renuncia del expresidente Álvaro Uribe a su curul de senador, no hay consenso sobre quién debe juzgarlo por presunta manipulación de testigos a su favor y en contra del senador Iván Cepeda.
Inicialmente sería la misma Corte Suprema de Justicia, que dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra el exmandatario como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, la que definiría la suerte de su expediente.
Y allí se bifurcan las posibilidades. Un sector considera que el caso del ahora también exparlamentario debe quedarse en el máximo tribunal de la justicia ordinaria y otro cree, en cambio, que la investigación debe pasar a manos de la Fiscalía General de la Nación. E incluso, un tercer camino plantea la posibilidad de que el expresidente sea juzgado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Para entender estas salidas jurídicas, EL HERALDO consultó dos penalistas con miradas contrarias al respecto.
El jurista Ramiro Bejarano le dijo a este medio que hay que tener en cuenta que este tema ha tenido tres momentos diferentes: “Inicialmente la Corte por el 96, cuando un congresista que estaba siendo investigado renunciaba, consideró que perdiendo la condición de senador la Corte perdía la competencia. Esa tesis fue modificada estando de magistrado el doctor Augusto Ibáñez y en esa oportunidad dijo que el hecho de que una persona deje de ser senador eso no hace que se pierda el fuero y la Corte dijo que seguía conociendo a pesar de la renuncia. Pero con el caso de Dilian Francisca Toro, la Corte dijo que si el senador investigado renuncia a su condición, la Corte puede seguir conociendo si los hechos tuvieron ocurrencia por razón de la investidura del senador”.
Hay que examinar, agrega, que “cuando Uribe formula la denuncia contra Cepeda por supuesta manipulación de testigos y ocurren esos enredos con la supuesta compra de testigos, todo eso se ejecutó por el senador y no por el ciudadano, y como consecuencia de un debate político, y como consecuencia la Corte debe seguir conociendo”.
Por su parte, el abogado Abelardo De la Espriella, quien ha representado a Uribe en otros casos, le dijo a este diario que “el espíritu de la norma que creó el fuero constitucional era proteger al alto funcionario de quedar en manos de un juez que no tenga la suficiente jerarquía, porque probablemente a nivel local se manejan intereses políticos, pero en Colombia es al revés porque en vez de ser una protección el fuero es un peligro porque implica caer en las manos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene de justa apenas su nombre. Entonces, al renunciar Uribe el fuero desaparece y no puede alegar que puede retener la competencia porque los hechos por los que se investiga no tienen nada que ver con el ejercicio de sus funciones. Por ello debe pasar el proceso a la Fiscalía. El conflicto de intereses lo conoce la Corte, y si dice que no se presenta una tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura por violación al debido proceso, porque están violando el derecho de Uribe a su juez natural”.
Y añade que aparte de la Fiscalía, “hay otra posibilidad, porque si se hace una interpretación estricta de la norma, Uribe renunciando conserva el fuero de expresidente, entonces tendría que irse a la Comisión de Acusaciones de la Cámara”.
Senado acepta renuncia
Por 82 votos a 12 la plenaria del Senado le aceptó este martes la renuncia al expresidente y senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático.
Los 12 votos en contra fueron de Guillermo García Realpe, del Partido Liberal; Angélica Lozano y Antonio Sanguino, de los verdes; Alexánder López, Jesús Castilla, Wilson Arias y Jorge Robledo, del Polo; Gustavo Bolívar, de los Decentes; y Criselda Lobo, Victoria Sandino, Julián Gallo e Israel Zúñiga, de la Farc.
En la sesión no se encontraban Iván Cepeda, del Polo y víctima en el caso contra Uribe; Gustavo Petro, de la Colombia Humana; Richard Aguilar, de Cambio Radical; y Armando Benedetti, de La U, entre otros.
En la misiva dirigida al presidente del Senado, Arturo Char, para renunciar a la curul que ostentaba por el Partido Centro Democrático desde 2014 en el Senado de la República, el expresidente y senador Álvaro Uribe, comienza criticando las actuaciones del máximo tribunal de la justicia ordinaria, en cabeza del togado que inició el estudio de su expediente: “El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de dos años, en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron”.
Asevera además que la medida de aseguramiento ordenada en su contra – la Corte Suprema de Justicia le dictó detención domiciliaria el pasado 4 de agosto por presunta manipulación de testigos a su favor y en contra del senador Iván Cepeda– fue mediante “la violación de ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas, también a uno de los abogados, filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos en lugar de publicar todo el expediente”.
Reitera que fue “detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contrainterrogar, con el magistrado que advertía de posible autoincriminación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes”.
Estos asuntos, afirma, “anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas”.
En el documento, el exmandatario insiste en la necesidad de “una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud, estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política”.
