Santos pide al CNE que levante caducidad para investigar campaña 2010

Solicitó al ministro del Interior elevar una consulta ante el CNE para que se investiguen los pagos irregulares de Odebrecht. Dijo que no aceptó la renuncia del director de la Dian.

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Solicitó al ministro del Interior elevar una consulta ante el CNE para que se investiguen los pagos irregulares de Odebrecht. Dijo que no aceptó la renuncia del director de la Dian.

El presidente Juan Manuel Santos pidió al Consejo Nacional Electoral claridad sobre la posible caducidad en que estarían los procesos de investigación sobre la financiación de su campaña presidencial de 2010, a la luz de las recientes revelaciones por la entrada irregular de dineros de Odebrecht. 

Desde la casa de Nariño, Santos afirmó que ha solicitado al ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, consultar al CNE sobre la posibilidad de levantar la caducidad de los procesos para que esta entidad conduzca las investigaciones pertinentes. 

“Le he pedido al ministro del Interior que le pregunte al Consejo Nacional Electoral si la campaña del 2010 todas las cuentas ya están caducadas y si se puede levantar esa caducidad, le dije al ministro que hiciera esa consulta al Consejo Nacional Electoral para que todo quede aclarado a la mayor brevedad posible”, dijo

De acuerdo con el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo, un proceso es declarado en caducidad cuando pasados tres años de ocurrido el hecho las autoridades no han impuesto las sanciones pertinentes.

El martes, Roberto Prieto, gerente de las campañas de Santos en 2010 y 2014 reconoció la entrada de $400 mil dólares de Odebrecht a la primera campaña presidencial por el pago de 2 millones de afiches para publicidad girados a la empresa panameña Impressa Group. Horas después Santos rechazó estos hechos y pidió a los implicados responder por cualquier actuación indebida. Así mismo, el presidente mostró sorpresa por las palabras de Prieto afirmando: “Me acabo de enterar”. 

Entre los señalados por las explosivas declaraciones de Prieto estaba Santiago Rojas, quien era el director financiero de la campaña de 2010 y hoy es el director de la Dian. Santos confirmó que Rojas presentó su renuncia al verse involucrado en el escándalo de Odebrecht pero dijo que no se la había aceptado porque no tenía duda de la integridad del funcionario. 

“El doctor Santiago Rojas me renunció por el lío este de los afiches en la campaña del 2010, pero el doctor Santiago Rojas no tiene ninguna responsabilidad; yo creo en su integridad y yo no le voy a aceptar esa renuncia”, afirmó.

Y agregó: “Por supuesto le estoy diciendo que colabore con todas las autoridades para que eso quede establecido, que él no tuvo ninguna responsabilidad y que no sabía lo que estaba sucediendo”, concluyó.

Valencia en la Fiscalía

María Fernanda Valencia, ex candidata a la Cámara de Representantes y una de las propietarias de Impressa Group, la compañía que imprimió los afiches pagados por Odebrecht, cumplió su cita en la Fiscalía para explicar los hechos relacionados con dicho pago de la multinacional brasilera. 

Valencia afirmó que actualmente no hace parte de esa compañía y que el negocio en cuestión fue coordinado por su entonces esposo Otto Rodríguez, quien ya rindió declaración ante el ente acusador. 

“Nos tumbaron la elección”

La Alianza Verde calificó de fraude electoral los resultados de la contienda presidencial de 2010 donde Juan Manuel Santos venció a Antanas Mockus, entonces candidato del partido y líder de la llamada ‘Ola Verde’. 

“La declaración de Roberto Prieto confesando la financiación de Odebrecht en 2010 a la campaña de Juan Manuel Santos, quien era en ese momento el candidato del gobierno de Alvaro Uribe Vélez, es la aceptación de que a nuestro candidato Verde, Antanas Mockus, le ganaron ilegalmente en la segunda vuelta presidencial”, dicen.

“Por ese fraude deben responder no solo sus autores directos sino también los partidos en aplicación de las leyes vigentes. Esperamos que las investigaciones y las sanciones sean concluyentes”, dijo la colectividad. 

Los verdes señalan con contundencia: “nos tumbaron las elecciones”. Y agregan: “Estamos frente a una clase dirigente corrupta, manipuladora y ventajista. Lo sucedido en 2010 se repitió en 2014”. Mockus ya se había pronunciado el martes afirmando que “hubo trampa” pero que sin el dinero de Odebrecht es probable que Santos igual hubiera ganado, pero con un margen mucho menor.

El foco del CNE debe estar en las campañas de 2014: MOE

La Misión de Observación electoral hizo un llamado a los magistrados del Consejo Nacional Electoral para que se concentren en las investigaciones concernientes a la presunta financiación indebida de Odebrecht en las dos campañas presidenciales que pasaron a segunda vuelta en 2014, las de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. 

De acuerdo con la MOE, de los hechos revelados sobre el pago de Odebrecht a la campaña de Santos 2010, se desprende un debate jurídico importante pero que no debería ser el foco de atención de las autoridades, ya que aún persisten dudas por resolver sobre el rol que jugó la multinacional brasilera en las elecciones de 2014. 

“Más que averiguar si hay una caducidad o no sobre un hecho ocurrido en 2010, deben responderse la cantidad de preguntas que todavía persisten sobre las elecciones de 2014 y la financiación de las campañas presidenciales”, dice el organismo. 

Y agrega: “Ese es el foco y el centro que en este momento las autoridades electorales sí pueden resolver y sí deberían tener la capacidad de estar investigando y estar sancionando”. 

Con respecto a la petición de Santos al CNE EL HERALDO consultó al experto en derecho administrativo de la Universidad del Norte. Juan Pablo Sarmiento, para quien no es posible renunciar a la caducidad de un proceso.  

“Hay que distinguir entre caducidad y prescripción: la caducidad recae sobre una acción, la prescripción recae sobre un derecho. Lo que se establece dentro del código general del procedimiento y otros estatutos es que usted puede renunciar a la prescripción, pero no se puede renunciar a la caducidad porque lo que se pretende es garantizar que ciertas acciones se solucionen con el tiempo. Eso es un principio constitucional y es que no hay obligaciones irredimibles”, afirmó.

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