La reforma política calienta su cuarto debate en el Congreso
La plenaria de la Cámara discutirá el último debate de la primera vuelta del acto legislativo. En total son ocho debates que debe surtir el proyecto del Gobierno.
La Cámara de Representantes tendrá a su cargo el cuarto y último debate en este 2022 de la reforma política que propuso el Gobierno Petro al Congreso de la República.
Aún no se tiene fecha de la sesión plenaria, sin embargo, ya le entregaron a los parlamentarios el texto de la ponencia que será sometida a discusión. Dentro del articulado, los coordinadores ponentes revivieron varias ‘joyas’ que ya habían sido eliminadas en debates anteriores.
Entre los puntos más controversiales de la nueva ponencia, a la cual tuvo acceso EL HERALDO, está el voto obligatorio, que aunque fue votado de manera negativa en las discusiones de comisiones, nuevamente fue incluido.
Así las cosas, la reforma pretende modificar el artículo 258 de la Constitución Política, estipulando que el voto será de “obligatorio cumplimiento en las elecciones dadas entre 2026 y 2031”.
De acuerdo con los ponentes, esta modificación se volvió a consignar en el proyecto, con el fin de “incentivar la cultura del voto y la participación democrática”.
Frente a este tema, la representante Catherine Juvinao señaló: “Si bien en la teoría es deseable, por diversos factores de orden público y ausencia estatal en regiones es inviable”.
El senador del Partido Conservador Germán Blanco explicó sobre este punto que debe procurarse la educación antes que la obligación.
Por lo que lo más probable es que vuelva a caerse en plenaria esta propuesta.
Además, en el documento se contempla que dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la reforma política el Gobierno nacional, en coordinación con las autoridades electorales, radicará ante el Congreso de la República un proyecto de ley que señale las medidas para crear la cultura del voto y la participación democrática, y que establezca las sanciones que recibirán aquellas personas que no cumplan con la obligatoriedad del sufragio, determinando los casos en los que se presentarán excepciones.
De igual forma, la controversia ha girado en torno a la edad que establece el proyecto para aspirar a la Cámara de Representantes.
Actualmente, la Constitución señala que el límite de edad para los representantes a la Cámara es a partir de los 25 años y para los senadores desde los 30 años.
En discusión en la Comisión Primera de la Cámara, se estableció en 25 años el requisito de edad para ser senador, es decir, cinco años menos de lo que está actualmente, y para ser representante a la Cámara ahora la ponencia busca que solo sea necesario tener 18 años.
Esta es una propuesta que tiene el aval total del Ejecutivo. Tanto así que el ministro del Interior, Alfonso Prada, advirtió a los congresistas que al dejar por fuera esta propuesta se estaría cercenando el derecho de los jóvenes a participar de los escenarios democráticos.
“El nivel de madurez de los jóvenes es bastante sólido, las causas de los jóvenes están cambiando el planeta entero, en materia ambiental, en materia de reconocimiento sintiente de los animales, las causas en relación con la naturaleza están cambiando el mundo, fueron ellos -con una votación masiva- quienes eligieron el gobierno del presidente Petro”, apuntó el ministro.
Por ser un acto legislativo, la reforma política debe surtir ocho debates en total; por ello, el Gobierno aspira a que este próximo 16 de diciembre –cuando vence el periodo de sesiones ordinarias– estén aprobados los cuatro primeros debates. Luego en el mes de marzo de 2023 se espera que inicie su segunda vuelta con llegada de este proyecto a la Comisión Primera del Senado de la República, que es la célula legislativa encargada de discutir los asuntos constitucionales.
La reforma, aunque tiene críticas, cuenta con el respaldo mayoritario de las diferentes colectividades, por lo que no habrá dificultades para el Gobierno para que sea votada. EL HERALDO consultó con los voceros de la colectividades y en su mayoría coincidieron que “aunque hay peros”, la reforma en líneas generales será votada positivamente.
Por otro lado, uno de los elementos que avanzó tanto en las discusiones en la Cámara como en las del Senado fue la financiación estatal de las campañas políticas.
La ponencia para el cuarto debate en la plenaria de la Cámara mantiene lo aprobado en Senado que será 100 % estatal; sin embargo, agrega que los recursos se entregarán de manera anticipada.
Cabe resaltar que actualmente en la Constitución del 91 la financiación de las campañas es de carácter mixto (pública y privada).
Sobre este elemento, la Misión de Observación Electoral (MOE) explicó que no está claro cómo operará la financiación estatal.
“De acuerdo con el nuevo modelo de financiación y de conformación de las listas cerradas que contempla la reforma puede que no opere la causal de pérdida de investidura por violación de los topes, pues estos serán administrados por las organizaciones políticas y no se establece un tope de distribución para cada candidatura”, señaló la MOE en un informe sobre la ponencia.
El Gobierno indicó que uno de los elementos claves del proyecto será la inclusión de la lista paritaria y bloqueada.
De este modo, en el proyecto se hace obligatoria la presentación de listas cerradas para elecciones de corporaciones públicas, salvo las circunscripciones especiales.
“Este es un aspecto positivo de la reforma, que avanza en el reconocimiento de la identidad de género y se separa un poco de la versión del Senado, donde la paridad se limitó únicamente a la dualidad hombre-mujer”, recalcó la Misión de Observación Electoral.
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), en su más reciente informe sobre la reforma política, detalló que frente a la discusión sobre las listas cerradas, “usualmente se tiende a cuestionar el voto preferente, apelando a que la corrupción de las campañas, la financiación ilícita e irregular que excede los montos”; sin embargo, “no está claro cómo las listas cerradas evitarían estas mismas prácticas”.
Comentaron que es necesario proteger las posibilidades reales que tienen los líderes emergentes e independientes, “quienes no hacen parte de la estructura de poder de los partidos, de candidatizarse con opciones de ser elegidos”.
De igual forma se mantuvo en el texto de la reforma la posibilidad de que los congresistas sean ministros.
La senadora Clara López dijo que la posibilidad de que los parlamentarios puedan hacer parte del poder ejecutivo en calidad de ministros “en nada atenta contra la separación de poderes consignada en la Constitución de 1991”.
Desde el partido Alianza Verde, el senador Fabián Díaz manifestó su rechazo a que se habilite a senadores y representantes a hacer parte del Gobierno en calidad de ministros. “Es una clara violación a la separación de poderes. Esto pone en riesgo los contrapesos consignados en nuestra Constitución Política”.
Uno de los artículos aprobados y que causó gran polémica especialmente en los sectores de oposición es el que busca quitarle facultades a la Procuraduría. Con una votación total de 22 votos a favor y siete en contra, la propuesta del Gobierno revivió en la Cámara de Representantes, luego de ser hundida en el segundo debate por el Senado.
Los representantes explicaron que la disposición recoge lo establecido en el fallo de la Corte IDH frente a la no afectación de derechos políticos por parte de una autoridad administrativa. Dejando claro que solo se puede hacer a través de fallo penal o de pérdida de investidura a cargo del Consejo de Estado.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto de reforma política tiene que ver con el cambio de militantes entre diferentes colectividades, que sería solo por una vez y no habría sanción por doble militancia.
Para sectores políticos, eso promueve el desorden ideológico y de bancadas. Además han acusado al Pacto Histórico de generar “transfuguismo político”.
Frente a ello, el senador Roy Barreras dijo que al Pacto Histórico no le interesa promover figuras para recoger liderazgos en otras colectividades.
Agregó: “No necesitamos líderes ‘sonsacados’ de otros partidos que tienen su propia historia y su propia ideología y significado. Los respetamos y trabajamos con ellos en las reformas del Gobierno. Queremos para Colombia el éxito de la lista cerrada que los libera del clientelismo corrupto”.
De acuerdo con Barreras, lo que buscan con esa reforma es que los partidos pequeños que no alcanzan el umbral por sí solos, sino que se salvan gracias a las coaliciones de listas, se conviertan en un solo partido, con una sola personería jurídica.