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Proyecto de ex-Farc buscaría reducir penas a delitos graves

El Partido Comunes propone que “ninguna persona pueda ser condenada a pena privativa intramural de la libertad superior a 20 años”, lo que bajaría penas de delitos como abuso sexual de menores, feminicidios, entre otros. 

La cadena perpetua en Colombia ha sido un camino de rosas y espinas. Por un lado, desde la llegada del presidente Iván Duque a la Casa de Nariño, su apuesta fue sacar adelante la sanción de esta medida máxima para delitos que atenten contra la integridad de menores y mujeres, específicamente. 

Incluso en su discurso de posesión, el mandatario saliente insistió en cuál iba a ser la base de su Gobierno: "La legalidad implica que trabajemos por la seguridad ciudadana. Que tengamos mecanismos para georeferenciar el delito, que desarticulemos estructuras, que persigamos los jíbaros que inducen a los niños a la tragedia de la droga, que sancionemos con cadena perpetua a los proxenetas, a las “Madames”, a los violadores y asesinos de menores y de mujeres y que nos concentremos en la prevención del crimen", señaló el 7 de agosto de 2018. 

Dos años después, en julio de 2021, el presidente Duque estaba sancionando el Acto Legislativo 01 de 2020 del Congreso que establecía la cadena perpetua para abusadores de menores de edad. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó la normativa argumentando que es "inconstitucional". 

 

A pesar de eso, el trabajo que se llevó a cabo en el último Congreso fue endurecer cada vez más las penas para quienes cometan delitos contra menores de edad y mujeres. Mientras eso ocurre, este miércoles el Partido Comunes, que se conformó por parte de los ex combatientes de las Farc, radicó el acto legislativo 08 de 2022, con el que la bancada busca hacer una reforma a la Constitución para poner un límite a la detención preventiva, con el fin de que miles de presos no pasen años a la espera de que se resuelva su situación.

En ese sentido, dos puntos clave llaman la atención del acto legislativo radicado por Comunes. Uno de ellos es que el proyecto indica que “la detención preventiva intramural no podrá ser superior a un año, prorrogable hasta por otro tanto en las circunstancias que especifique la ley”,

Sin embargo, una de las propuestas planteadas en el acto legislativo radicado, y que más ha generado polémica, tiene que ver con  la cadena perpetua o máximas condenas: “Ninguna persona podrá ser condenada a pena privativa intramural de la libertad superior a 20 años”, se lee en el proyecto. 

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Vale mencionar que actualmente en Colombia hay penas que superan los 40 años de cárcel debido a los delitos severos cometidos, como es el caso de Rafael Uribe Noguera, el responsable del abuso sexual y asesinato de la pequeña Yuliana Samboní, quien tenía 7 años de edad. Uribe Noguera fue condenado a 58 años de cárcel, una medida que fue calificada de "ejemplar". O como es el caso de la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely), con la que se reconoció el feminicidio como un delito autónomo, con el fin de garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación.

Con dicha la Ley,  las penas en casos de feminicidios se establecieron entre 20,8 y 41,6 años, que pueden pasar a ser de entre 41,6 y 50 años si la víctima es menor de 18, mayor de 60 o tiene una discapacidad. Adicionalmente, prohíbe los preacuerdos en el marco de la investigación y el juzgamiento, lo que garantiza que haya menor impunidad o evita que los asesinos salgan rápidamente de los procesos penales.

Cabe recordar que la Ley 2081 DE 2021 destaca que "cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años, la acción penal será imprescriptible".  Además, en las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.

Los motivos del Partido Comunes

Para los firmantes de la paz que integran la bancada, se ha generado una "falsa creencia" de que "el castigo es la única y efectiva alternativa que se tiene para impedir que la sociedad cometa conductas que quebrantan la ley". 

Además argumentan que un "aumento indiscriminado de penas dista mucho de un derecho penal humanista". Así mismo, plantean que "aumentar las penas no ha generado que los índices de criminalidad disminuyan, sino que por el contrario ha generado hacinamiento carcelario y la preferencia del populismo punitivo". 

Bajo ese escenario exponen el caso de Suiza, donde "la cadena perpetua no significa que el condenado vaya a terminar de pasar su vida en un establecimiento de reclusión, puesto que, la libertad condicional se puede conceder después de 15 años de haber estado privado de la libertad, incluso, en algunos casos a los 10 años", se lee en el proyecto. 

Finalmente, la bancada sostiene que "la cadena perpetua en nada contribuye a la protección de niños, niñas y adolescentes en Colombia, por cuanto no obedece a una solución real y efectiva". 

Rechazo

El excongresista y abogado César Lorduy, coautor de la ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos contra la integridad sexual de los menores, sostuvo en conversación con EL HERALDO que "este proyecto al presentarse como se presenta, en términos generales, no es sino el establecimiento de una pena máxima de 20 años". 

Lorduy manifestó su preocupación en caso de aprobarse este acto legislativo "no solamente se modifica la Constitución, sino también habría que modificar el Código Penal, además que de manera automática se modificarían todas las penas establecidas en el Código, pero en especial las que me preocupa, por las que yo luché, las que tienen que ver con los actos sexuales contra niños y niñas, pero en especial también sobre mujeres, teniendo en cuenta que el delito de feminicidio es uno de los delitos con más pena en Colombia, pueden ser penas de hasta 60 años, como es el caso de Rafael Uribe Noguera".

En ese sentido añadió que "si bien puede tener el objetivo de beneficiar a una gran cantidad de personas que pudieran tener penas superiores en cualquier establecimiento carcelario, es una propuesta que colocaría en situación de vulnerabilidad a los menores de edad y eso podría llevar a que no existan penas superiores a los 20 años, que en términos efectivos terminarán siendo menos". 

Así mismo, para Lorduy, "personas condenadas se les reduciría su pena a 20 años y como tiene beneficios, se le aplican dichos beneficios y muy probablemente quedan libres".

Sobre la viabilidad de que este proyecto tenga apoyo en el congreso, Lorduy sostuvo que "lo que hemos conocido es que la sumatoria de votos, tanto en el Senado y como en Cámara son favorables para que este tipo de iniciativas pudieran prosperar, por lo menos en estos momentos". 

 

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