El Heraldo
Aspecto de una audiencia pública en los recintos de la Corte Constitucional, en la ciudad de Bogotá. Archivo
Política

Participación política de las Farc, a discusión en la Corte Constitucional

El alto tribunal realizó una audiencia pública con el objetivo de reunir elementos de juicio para decidir si avala o no la reforma que abre la reintegración política de la desmovilizada guerrilla

Este miércoles la Corte Constitucional llevó a cabo una audiencia pública en la que escuchó diferentes precisiones y puntos de vista sobre la reforma que abriría la puerta a la reintegración y participación política de la desmovilizada guerrilla a través del partido que la misma cree.

La audiencia hace parte de la tarea de control constitucional que el alto tribunal viene realizando desde un tiempo a los Acuerdos de paz firmados entre las Farc y el Gobierno Nacional. 

En el evento jurídico participaron miembros del Gobierno, organizaciones de víctimas, congresistas, ONG y exconstituyentes, entre otros. 

Lo que establece la reforma

La reforma (Acto Legislativo 03 de 2017) estableció en su articulado que una vez se hiciera la dejación de las armas, el Estado colombiano le reconocería la personería jurídica al partido que las Farc crearan, así como la posibilidad de inscribir candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección popular, y un régimen de financiación estatal para que ese nuevo movimiento desarrolle su campañas políticas.

Por ello, el documento estableció que hasta julio de 2026 el nuevo movimiento recibirá cada año la suma equivalente al promedio de lo que reciben los otros partidos políticos.  

Así mismo, prevé la entrega directa de 5 curules en Cámara y otras 5 en Senado durante dos periodos electorales (2018-2022 y 2022-2026), es decir de manera transitoria, para que posteriormente el partido de las Farc compita por esos escaños como ordinariamente lo hacen las demás organizaciones partidistas. 

Otra de las disposiciones  es la creación del Centro de Pensamiento y Formación del nuevo partido político, que estaría financiado por el Estado hasta el 2022 con una suma equivalente al 7 por ciento anual de la asignación presupuestal de los partidos políticos.

Habla el Gobierno

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, defendió la reforma y aseguró que la misma busca garantizar el “efectivo tránsito del conflicto hacia la paz”. 

Expuso entre sus argumento, que la reintegración política se ha considerado como la base fundante de los procesos de paz con grupos al margen de la ley,  y que sin esas disposiciones  no se puede atacar la raíz del conflicto armado. 

Rivera también hizo una comparación de experiencias extranjeras y del propio caso colombiano, insistiendo que  la construcción de la paz implica la habilitación para crear un partido político. 

Por otro lado, afirmó que en ningún momento las medidas que contempla la reforma afectan el derecho a la igualdad de las organizaciones políticas, o crean privilegios. 

Precisó que en la reforma se estableció la necesidad de eliminar el requisito del umbral del 3 por ciento al partido de las Farc, pues de no ser así no hubieran podido participar en las elecciones, particularmente las de 2018. 

“Era necesario establecer esa condición especial en la Constitución y ello no es ni un privilegio ni atenta contra las otras organizaciones políticas en cuanto a sus derechos”, apuntó. 

Respecto a las curules que de manera directa se le entregará al movimiento durante dos periodos constitucionales, aseguró que ello nos representa una afectación a los otros partidos, pues aquellas son adicionales y no implican la eliminación de escaños a las otras colectividades. 

Consejo Nacional Electoral

El magistrado del Consejo Nacional Electoral Alexánder Vega compartió la posición el Gobierno sobre la necesidad de reconocer la personería jurídica de un partido que nunca ha participado en un certamen electoral. 

“Sería muy difícil para las Farc que ingresen a una contienda si no tienen la estructura”, dijo Vega al indicar que se puede dar una medida excepcional en casos como estos, para no repetir el caso de la Unión Patriótica a quienes se le retiró por no alcanzar al umbral, debido al genocidio que estaban sufriendo sus integrantes.

Vega señaló que la participación política es el eje fundamental del Acuerdo y “por eso hay una necesidad imperiosa de que la Corte avale este paso importante para que este paso pueda darse de manera inmediata”.

Las críticas de Camilo Gómez

El ex comisionado de Paz Camilo Gómez cuestionó duramente el Acto Legislativo 03 de 2013. 

Afirmó que el Acuerdo Final y su implementación deben ir en armonía con la Constitución pero no al revés,  y señaló que en el caso de la participación política, se le estarían dando privilegios a las Farc sobre otros movimientos políticos.

“En este proceso la sociedad acepta que los 7.000 guerrilleros pueden hacer política, guerrilleros que han matado, secuestrado. Pero esto no puede generar desequilibrios. Si el fin del Acto Legislativo es obtener la paz, la paz tiene que ser justa”, dijo.

Para Gómez, aunque es lógico que tengan un partido, esto solo puede suceder cuando cumplan con los requisitos de justicia, verdad y no repetición, como sucedió con el M-19, que llegó con amplia votación al 

Congreso, “pero no obtuvo jamás todos los beneficios que hoy está teniendo las Farc por un acuerdo”, dijo.

“En mi opinión una gran concesión consiste crear el partido después de haber cometido crímenes de guerra, pero creo que el derecho a la paz se afecta cuando se pasa de beneficios a privilegios. Se crean desventajas frente actores que han luchado en la legalidad”, señaló.

Por tanto, sobre la posibilidad de que las Farc participe en la contienda electoral del 2018, Gómez dijo que no es viable que esto suceda solo con el acta de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Las precisiones de la Registraduría

El director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Nicolás Farfán Namén, señaló que reforma que permite la reincorporación política de las Farc debe ser avalado por la Corte Constitucional.

No obstante, sobre la inscripción de candidaturas de integrantes de las Farc, Farfán Namén señaló que se debe hacer una reglamentación por parte del Gobierno para que la Registraduría sepa con claridad quiénes eran integrantes de las Farc y quiénes no.

Farfán también coincidió con el ministro Rivera al afirmar que las curules que se le entregará al partido de las Farc no son desproporcionadas en comparación con la conformación total del Congreso.  

Los costos de la reintegración política

El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango, explicó que el impacto anual de la financiación estatal de la participación política de las Farc sería pequeño respecto del Presupuesto General de la Nación.

Escobar Arango explicó que se tiene previsto para el 2018 que la participación del partido sea de hasta 39.688 millones de pesos, que es el 0.02 % del Presupuesto General del próximo año.

Dicho monto se desglosaría así: 2.750 millones para gastos de funcionamiento, 3.080 millones para el Centro de Pensamiento Político, un anticipo de 9.114 millones para la campaña presidencial, 9.582 para la campaña al Senado, más 15.162 millones que costarían las diez curules adicionales en el Congreso otorgados (salario de quien haga parte de la curul, más el costo de su Unidad Técnica Legislativa).

Según Escobar, el costo total de la mayoría de programas de participación política de las Farc hasta el 2026, sería de 239.490 millones de pesos.

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