El Heraldo
De izquierda a derecha, el canciller de Colombia, Carlos Trujillo, y su homólogos Bruno Rodríguez, de Cuba; Sebastián Piñera, presidente de Chile, e Ine Eriksen Søreide, de Noruega. Archivo
Política

Noruega y Chile dividen posturas ante crisis con Eln

Duque pide a Cuba extradición de negociadores. Garantes no se ponen de acuerdo. Congreso quiere reunión con el presidente y lo apoya.

Ayer siguió el revuelo internacional por la solicitud del Gobierno de pedirle a Cuba que extradite a los negociadores del Eln –petición que fue reiterada ahora por el propio presidente Iván Duque, subrayando que los protocolos del antiguo gobierno, en su consideración, no son válidos–, mientras que los países garantes, Noruega y Chile, dividen sus opiniones frente al tema y la Comisión de Paz pide reunión con el jefe de Estado y exige de parte de la guerrilla la liberación de un grupo de secuestrados.

El primer mandatario, desde Catam y antes de partir al consejo de seguridad en Arauca, hizo un “llamado respetuoso al Gobierno cubano” para que “proceda con las órdenes de extradición y pueda entregar a las autoridades colombianas a los responsables de esa organización, para que paguen las penas que se merecen por ese execrable hecho –el atentado del pasado jueves a la Escuela General Santander, que dejó 21 personas muertas y 68 heridas”.

Añadió Duque en su pronunciamiento: “Esperamos que la comunidad internacional nos dé ese respaldo, y hacemos ese llamado al Gobierno cubano para que nos ayude a que se haga justicia en Colombia”, y dijo que han  “invocado no solamente la gravedad de los hechos ocurridos, sino el llamado del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Cidh”. 

Noruega pide respetar protocolos

La Cancillería de Noruega, país garante de la mesa de Cuba, lamentó en un comunicado el atentado, envió sus “más profundas condolencias”, al tiempo que “condenó con firmeza” el hecho, pero manifestó su intención de mantener los compromisos pactados frente a una eventual interrupción o fin de las conversaciones.

“Como asociado consecuente y fiable de diferentes gobiernos colombianos en los esfuerzos del país por buscar soluciones negociadas a los conflictos armados con las Farc y el Eln” y con la “única intención de apoyar a Colombia (…), debe cumplir con sus compromisos” como país garante, advirtió Oslo.

Desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el canciller Carlos Trujillo respondió que como ya lo ha ventilado el Gobierno nacional, que Bogotá no reconoce los protocolos.

“Noruega es un país amigo, es un país que nos merece el mayor respeto y consideración; pero tenemos una diferencia: el gobierno del presidente Duque no reconoce esos protocolos”, afirmó.

Chile respalda decisión

El Gobierno chileno también expidió un comunicado, pero en este manifestó su apoyo a la decisión de Bogotá.

Condenó “de manera categórica el cobarde y deleznable ataque terrorista” y puso de presente su “profundo rechazo al Eln, (…) y otorgamos nuestro total apoyo al gobierno de Colombia en su firme determinación de llevar a la justicia a los responsables de este brutal acto terrorista”.

Comisión de Paz

Tras una sesión de más de tres horas, las comisiones de paz del Congreso pidieron ayer una reunión con el presidente para “reconocer su visión sobre la construcción de paz en el país y hacer recomendaciones al respecto”.

Las comisiones legislativas, además, le exigieron al grupo guerrillero “la liberación inmediata de los tres ciudadanos tripulantes del helicóptero que fueron secuestrados el pasado 11 de enero en el Catatumbo, de conformidad con las gestiones humanitarias que ya venían avanzando por parte de Defensoría del Pueblo”.

De igual forma, citaron al alto comisionado de paz, Miguel Ceballos y al alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, “con el fin de rendir cuentas sobre la estrategia del Gobierno frente al Eln”.

Por otra parte, se conformará una mesa humanitaria entre las Comisiones de Paz, la Defensoría y la Procuraduría, “que nos permita velar por la protección de los derechos humanos de la población civil que sufre las consecuencias de la confrontación armada entre el Eln y el Estado”.

Oficialistas e independientes apoyan

Luego de la reunión de ayer entre voceros de los partidos políticos de gobierno e independientes, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y el comisionado de paz, se anunció el respaldo de estas colectividades a la decisión del Gobierno.

“Los protocolos no pueden ser considerados una decisión de Estado pues nunca fueron sometidos a consulta ni aprobación por parte del Congreso de la República ni pasaron por el examen de la Rama Judicial”, dijo Miguel Ceballos. el Alto Comisionado para la Paz,  

En ese mismo sentido,  Ceballos agregó que otro asunto para tener presente ante este conflicto diplomático es que el fiscal  general , Néstor Humberto Martínez, “reactivó, a través de la resolución 058, las órdenes de captura de estas personas y por tal razón ya no pueden ser beneficiadas con un protocolo. Reactivadas las órdenes de captura no hay marcha atrás. Una vez estas personas pisen territorio colombiano, la Fiscalía tiene la obligación legal  y constitucional de ponerlas a órdenes de los jueces de la República de Colombia”.

Análisis de expertos
 “Los pactos son para cumplirlos

El profesor de DIH y conflicto armado de la Universidad Nacional, Víctor de Currea-Lugo, le dijo a EL HERALDO que el derecho internacional “dice que los pactos son para cumplirlos, por tanto la violación de un pacto no es un asunto de la naturaleza del pacto sino de lo acordado, además estos acuerdos no se hacen entre gobiernos sino entre estados y, además, todo esto hace parte del deseo de aislar a Cuba y a Venezuela dentro del contexto latinoamericano”.

Sobre la posición en que queda Colombia ante la actitud asumida en este caso, señaló el analista que “el pacto no deja de ser válido porque el Eln haya cometido el acto de la semana pasada, lo que sucede es que se rompe la mesa y esos pactos deben garantizarse. Si no, Colombia aparece como un país que no tiene palabra, como un país falto de respeto al derecho internacional y a los compromisos que adquiere, lo que lo vuelve el hazmerreír de la comunidad internacional”.

“Cuba está en una situación complicada

Enrique Prieto-Ríos, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, opinó en este medio que “Cuba está en una situación complicada, porque hay una condena internacional y si bien es un comunicado y no una resolución vinculante lo del Consejo de Seguridad de la ONU, el documento envía un mensaje a La Habana, pero yo creo que esto se va a definir menos por el derecho internacional que por las relaciones internacionales”.

Y añadió que “desde el derecho internacional esto es un problema gris: el Gobierno dice que el documento no tiene valor a los ojos del derecho internacional porque la contraparte no es un sujeto de derecho internacional, y la segunda posición es que el documento es una declaración unilateral del Estado colombiano y es protegida por el derecho internacional y otro estado aceptó recibir las negociaciones con unos condicionamientos, es decir es una declaración a favor de Cuba y la guerra está regulada por el derecho internacional y eso nos llevaría a que en el conflicto interno deben cumplirse los compromisos bajo el principio de buena fe”.

“Castigar el terrorismo es obligación

La abogada internacionalista, Laura Quijano, le dijo a este diario que en este caso, por una parte, “en el derecho internacional público está clara la obligación de castigar el terrorismo. Así lo ha ordenado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyas resoluciones son de obligatorio cumplimiento”.

Y de otra, agrega, “el cumplimiento del protocolo con el Eln es una cuestión de buena fe. La naturaleza del acuerdo, y en consecuencia su obligatoriedad, son cuestionables. Sin embargo, incumplirlo deja claro que no hay garantías para adelantar una negociación, tras lo cual difícilmente este grupo, o cualquier otro, estarían dispuestos a dialogar con el Gobierno”.

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