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El titulo es:Movice, Acore y víctimas de Farc, en último día de audiencia sobre JEP

Movice, Acore y víctimas de Farc, en último día de audiencia sobre JEP

Militares retirados y víctimas de crímenes de estado protagonizaron una discusión que revela lo complicado que será poner límites a la Justicia Especial para la paz

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Militares retirados y víctimas de crímenes de estado protagonizaron una discusión que revela lo complicado que será poner límites a la Justicia Especial para la paz

Con un cruce de palabras entre los representantes de los oficiales de la Fuerza Pública y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, finalizaron dos días de audiencia en la Corte Constitucional sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El general Jaime Ruiz Barrera, vocero de Acore, aseguró en tono vehemente que la JEP era producto de la guerrilla de las FARC y sus representantes y que la Fuerza Pública era víctima de una guerra jurídica de parte de colectivos de abogados, que calificó de “extrema izquierda”.

“Es una guerra jurídica y para su satisfacción la perdimos. Son totalmente victoriosos ustedes junto con la extrema izquierda radical. Nos derrotaron. Fuimos exitosos en el campo de combate para enfrentar las amenazas de la extrema izquierda pero fuimos derrotados en los estrados judiciales”, aseguró.

El general Ruiz le hablaba así a Soraya Gutiérrez, vocera del Movice, quien defendió ante la Corte la existencia de una violencia sociopolítica en contra de los movimientos sociales, como una violencia diferente al conflicto armado como tal y quien aseguró que el trato judicial para los militares debe ser más exigente debido al rol que desempeñan en la sociedad.

Gutiérrez defendió la labor de las organizaciones de derechos humanos y resaltó que ha habido casos de connivencia entre la Fuerza Pública y grupos armados. Ante esto, el general Ruiz ripostó pidiendo pruebas, en un ambiente tenso en la Sala de Audiencias, sin que la Corte Constitucional controlara lo que estaba pasando.

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La Corte escuchó dos posiciones que, si bien parecen diferentes, ambas buscan que la Corte defina el alcance de la JEP. Los militares en retiro cuestionan la posibilidad de que se les aplique la justicia penal internacional, mientras las víctimas de las FARC cuestionan la existencia de beneficios para responsables de graves crímenes de guerra o de lesa humanidad y, a su turno, las víctimas de crímenes de Estado cuestionan que el trato equitativo para la Fuerza Pública se convierta en un trato privilegiado.

Este espectro de posiciones deberá ser resuelto por la Corte Constitucional cuando se pronuncie sobre el Acto Legislativo 01 de 2017 que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, que contiene la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.

Este pronunciamiento será vital y, tal vez uno de los más importantes en toda su historia, porque definirá la hoja de ruta sobre otros elementos técnicos pero necesarios para resolver para la Corte y, en últimas, si el Congreso y el Gobierno hicieron 'bien' su tarea.

En ese sentido, la Corte deberá precisar si se afectan los derechos de las víctimas con un tribunal expost, es decir, creado con posterioridad a la comisión del delito que juzgará, y las reglas de juego para hacer controles de constitucionalidad automáticos sobre reformas a la Constitución, hecho que no tiene antecedente alguno en el país.

La Corte además deberá pronunciarse sobre los alcances de la justicia penal internacional, en asuntos como la discusión sobre si habrá penas efectivas de cárcel para los guerrilleros y la responsabilidad de mando tanto para los militares como para las Farc.

Además, a la Corte se le pidió por parte de la Fiscalía General de la Nación que precise algunos elementos que al parecer están permitiendo más de una interpretación, como, por ejemplo, en qué momento algunos delitos de ejecución permanente como el testaferrato o el lavado de activos, son competencia de la JEP o de la justicia ordinaria.

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En lo que sí estuvieron de acuerdo casi todas las intervenciones es en que las instituciones creadas con esta reforma a la Constitución permiten implementar el Acuerdo de Paz. El Gobierno, por un lado, recalcó la urgencia de ponerlas en marcha, mientras que otros reclaman mayor participación de las víctimas y elementos más puntuales como que la Procuraduría sí pueda estar presente en el proceso de la JEP o sobre el valor de la información que se obtendrá en la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.

El caso lo tiene el magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien deberá presentar una ponencia ante sus colegas, en un debate en el que no participan los magistrados Carlos Bernal y Cristina Pardo, quienes están impedidos por haber conocido del Acto Legislativo en su formación.

Las preguntas que surgen ahora es hasta qué punto la Corte aceptará hacer condicionamientos a un Acto Legislativo que se enmarca en un Acuerdo de Paz y qué pasará después con la Ley de Amnistía y el decreto que la regula, cuyo estudio está por ahora suspendido. La decisión se conocerá a finales de agosto.

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