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Política

MOE presenta protocolo para prevenir violencia contra mujeres en la política

Se plantea que no se acepten candidatos sancionados por violencia doméstica, agresiones de género y sexuales, inasistencia alimentaria y feminicidio.

La Misión de Observación Electoral, MOE, informó que presentó un protocolo para prevenir la violencia contra las mujeres en la política.

Esto porque, advirtió, se trata de un fenómeno latente que amenaza la participación de las mujeres en las próximas elecciones, así como su liderazgo en los diferentes procesos de participación y representación.

“Esta problemática, que apenas fue reconocida en el nuevo Código Electoral que está en revisión en la Corte Constitucional, ya ha sido abordada en al menos 11 países de América Latina, entre los que se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y México, donde ya se cuenta con leyes especiales que abordan la violencia contra las mujeres en la política”, se lee en el documento.

Al respecto, la oficial de género de la MOE, Luisa Salazar, explicó que Colombia está llegando tarde a la atención de la violencia contra las lideresas sociales, políticas y comunales.

“Es por ello que es necesario pasar rápidamente de las leyes a la acción, y esto se hace mediante la adopción de un protocolo en este sentido por parte de las autoridades electorales y las organizaciones políticas”.

La violencia contra las mujeres en política, según el artículo 255 del nuevo Código Electoral, es “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, causen daño o sufrimiento a una o varias mujeres, sin distinción de su afinidad política o ideológica”.

Así mismo, que tengan por objeto o resultado menoscabar, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, en el marco del proceso electoral y el ejercicio del cargo. La violencia contra las mujeres en la vida política comprende, entre otras, violencia física, sexual psicológica, económica y simbólica".

Por ello la MOE les solicita a los partidos y organizaciones políticas que no avalen aspirantes que hayan sido condenados o sancionados por delitos de violencia doméstica, feminicidio o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; contra la libertad e integridad sexual, y de inasistencia alimentaria.

Tampoco a aquellos que hayan sido sancionados por hechos de violencia contra las mujeres en política.

La ex candidata al concejo municipal de Cúcuta por el Partido Alianza Verde, Maria Camila Suarez relató su experiencia participando en política.

“Las mujeres que desean participar en política se enfrentan al acoso y al maltrato en las calles cuando quieren presentar las propuestas. Cuando salía a hacer campaña con otras mujeres, los hombres se acercaban a acosarnos”.

De otra parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, del Centro Democrático, expuso: “Tenemos que pensar en un cambio educativo y como sociedad. Rechazar estas violencias, así sea de derecha, de izquierda, y hacer el cambio como sociedad”.

A su vez, José Daniel López, de Cambio Radical, enfatizó en que "las transformaciones culturales son más lentas que las legislativas, pero son mucho más poderosas“.

Y la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, manifestó: “el protocolo se suma a la política de equidad de las mujeres con la que el Gobierno ha fomentado más participación de mujeres en política a través del Código Electoral, la Escuela Nacional de Formación Política Mujeres Lideresas por Colombia, Planes Territoriales con capitulo de mujer y Observatorio de Violencia Política contra Mujeres”.

Finalmente, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, advirtió que es “urgente que las autoridades electorales, como el Consejo Nacional Electoral, en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, y todas las agrupaciones políticas, implementen estos protocolos, teniendo en cuenta la introducción de la paridad y con ello, el aumento de la participación de las mujeres en el proceso electoral 2022, tras la aprobación del Código Electoral, una vez este sea declarado constitucional por la Corte".

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