Los vaivenes de la paz en el 2017
Algunos de los hechos más relevantes que marcaron los avances y retrocesos para la consecución de la paz en Colombia durante los pasados 12 meses.
La agenda política en Colombia durante este año, al que le resta solo un día para finalizar, estuvo fuertemente marcada por los vaivenes de la paz.
Y no solo por la implementación del Acuerdo entre las Farc y el Gobierno, sino también por la oficialización de los diálogos con el Eln.
En cada uno de esos procesos se presentaron altos y bajos, que además se sumaron a otros eventos externos, aunque no desconexos, que dejaron su sello en el que se podría llamar el año en que la paz arrancó su consolidación.
Por ello, a continuación se presentan algunos de esos hechos más relevantes que generaron avances y retrocesos en la consecución de ese anhelo para Colombia.
Quizá fue la noticia más importante del 2017 en Colombia. El 26 de junio, tras 53 años de enfrentamientos con el Estado colombiano, la ONU certificó que las Farc habían entregado el 100% de su componente bélico de mano. La cifra: 7.132 armas registradas.
Esto, tras dos entregas previas que se habían realizado, pues el proceso de desarme se realizó por etapas.
Sin embargo, para esa fecha todavía avanzaba la extracción de caletas que por las zonas donde estaban ubicadas implicó una logística operativa y de seguridad más compleja.
El 15 de septiembre la ONU dijo que de las 998 reportadas, se habían extraído 750 caletas. Se contabilizaron 1.238 armas, 2.647 minas, 1.761 municiones de mortero y 26 mil kilos de material explosivo.
Hoy en día el Gobierno Nacional es el encargado de seguir extrayendo el resto de caletas que quedaron.
El resultado de esta entrega de armas por sí solo: De acuerdo con estudios, se ha prevenido la muerte de 2.796 personas, 42 mil familias han retornado a sus tierras de la mano del programa de Restitución de Tierras y 175 municipios están libres de minas antipersonales. Haber desarmado a la guerrilla más antigua del país, sin duda fue un importantísimo paso para consolidar la paz.
Con la entrega de las armas plenamente certificada y verificada por el componente internacional del mecanismo de observación, el ahora exgrupo armado se dispuso a realizar el Congreso Político a partir del cual definió la hoja de ruta de la organización que se resultaba de la desmovilización.
En ese encuentro, que se realizó del 26 de agosto hasta el 1 de septiembre, y que contó con la participación de más de mil delegados de la otrora guerrillerada, se estableció, a través del voto, la estructura, el logo y el nombre del naciente partido político.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pasaron a ser la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y con el logo de una rosa roja con una estrella de cinco puntas en el centro (en concordancia con los símbolos de la internacional socialista), el movimiento daba sus primeros pasos en la política electoral.
No obstante, en ese momento la decisión de mantener las siglas ‘Farc’ fue para muchos un gran desatino por la carga emocional que significaba, pero que para algunos analistas dejaba entrever el dilema al que se enfrentó el colectivo.
O mantenían cohesionada a su base a través del bagaje identitario, o se decantaban por mejorar aspectos electorales. Finalmente, la balanza se inclinó a favor de lo primero.
Semanas más tarde, el nuevo partido presentó a sus candidatos a las elecciones de Congreso y de Presidencia, que se llevarán a cabo el próximo año.
Más que una fecha en particular, el proceso de la implementación jurídica del Acuerdo entre las Farc y el Gobierno a través del mecanismo legislativo especial, o fast track, ocupó gran parte de la agenda y del tiempo del Congreso durante todo este año.
Sin embargo, este proceso tuvo sus talanqueras, pues el inicio del fin del Gobierno Santos, y por ende la reacomodación de las fuerzas políticas producto de la entrada de una nueva campaña electoral, llevaron a que el Ejecutivo perdiera gran cantidad de la fuerza con la que afrontó todo el proceso de negociación.
Los mismos partidos políticos de la coalición de gobierno se separaron del tema de la paz, y lo dejaron solo al momento de las votaciones. Cambio Radical, el Partido Conservador, y algunos congresistas del Partido Liberal y de La U no dieron su visto bueno a algunos de los proyectos de paz
A ello hay que sumarle el visto bueno que la Corte Constitucional le dio a la demanda que interpuso Iván Duque, senador y candidato presidencial del Centro Democrático, con la que logró que los congresistas pudieran hacer modificaciones a los proyectos de paz presentados por el Gobierno, y que además estos se debatieran y aprobaran uno por uno, y no en bloque como estaba previsto.
El resultado final fue la aprobación de 5 reformas a la Constitución, entre las que se encuentra el acto legislativo 01 de 2017 que creó la JEP o el que blindó jurídicamente la implementación de Acuerdo.
También se aprobaron 5 leyes entre las que se encuentran el Estatuto de la Oposición, la Ley de Amnistía e Indulto.
No obstante, quedó por fuera, entre otros, lo relacionado con la reforma rural, que fue el primer punto de negociación entre la guerrilla y el Gobierno y que, según el amplio consenso entre la academia, es además el punto nodal del origen del conflicto con las Farc.
Para algunos analistas, la suerte de estas reformas estructurales se sabrá solo hasta cuando el nuevo Congreso y el nuevo presidente se posesionen y se muestre su voluntad política.
Este año también estuvo marcado, aunque con menor intensidad mediática, por los diálogos entre la guerrilla del Eln y el Gobierno Nacional, que quizá tuvo su punto clímax cuando se anunció el cese al fuego bilateral el 4 de septiembre, días antes de que llegara el Papa Francisco al país. Cese que, sin duda, trajo importantes beneficios para las zonas donde este grupo tiene presencia, y para el mismo Eln.
A este punto se llegó luego de que en el mes de febrero se instalaran formalmente las negociaciones, y a partir de allí arrancara un proceso que para los analistas tendría sus particularidades en tanto se negociaría con una guerrilla diferente a las Farc.
Lo cierto es que con una estructura de mando menos jerárquica, con cierto mayor arraigo en algunos sectores de la sociedad civil por el contexto de su origen, con otras prioridades en la agenda de negociación, el Eln se sentó con el Gobierno.
El reto que ahora enfrentan ambas partes es llegar a un acuerdo para que el cese al fuego, que terminará el próximo 9 de enero, se prorrogue y de esa forma se avance en la construcción de confianza.
Reto que deberá enfrentar el nuevo jefe del equipo negociador del Gobierno, el exvicepresidente Gustavo Bell, para muchos la persona indicada en estos momentos de los diálogos.
Todo esto, además, en medio de un año electoral que podría crispar los ánimos, como sucedió cuando se llevó a cabo la campaña del plebiscito del 2 de octubre.
El continuo asesinato este año de líderes sociales en algunas zonas del país fue una de las grandes manchas en el proceso de la consolidación de paz territorial tras la firma del acuerdo con las Farc.
Esos hechos pusieron sobre la mesa la existencia y la reconfiguración de otros grupos armados en el país, y desnudaron al Estado en su incapacidad para copar los espacios dejados por la exguerrilla y para brindar plenas garantías de seguridad.
A la par que ocurrían los hechos, el debate que se presentó fue el de la sistematicidad de los asesinatos, pues mientras las organizaciones sociales y de víctimas sostuvieron, y aún hoy lo hacen, que se trata de estructuras criminales con claros objetivos políticos y económicos detrás, el Gobierno ha hablado de “múltiples causas”, entre las que se encuentra el “lío de faldas”, que fue la polémica frase que dijo hace unos días el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
Más allá de esa discusión, que sin duda resulta fundamental para entender realmente los retos que tiene el país de cara al posconflicto, lo cierto es que la tendencia es alarmante.
Aunque no hay consenso sobre las cifras, pues algunos hablan de 90, 137, 80 o 54 asesinatos, como lo sostiene el Gobierno, sí es evidente que el fenómeno está creciendo.
En todo caso, será una de las responsabilidades que deberá afrontar el Estado para el próximo año si quiere impedir que se quiebre la consolidación de la paz.
Uno de los hechos más turbios de este año fue la explosión de una bomba el 18 de junio en el centro comercial Andino, en la ciudad de Bogotá, que dejó un saldo de tres mujeres muertas y otras 10 heridas. Las autoridades le atribuyeron el atentado al Movimiento Revolucionario Popular (MRP) que, según inteligencia, había tenido algunos nexos con el Eln y con ciertos grupos extremistas de algunas universidades públicas.
El hecho, además de las obvias y lamentables consecuencias, también repercutió de manera sensible en la psique colectiva, pues en ese momento se estaba llevando a cabo la etapa final de la entrega de armas por parte de las Farc, y no faltaron quienes aprovecharon los hechos para sembrar dudas e incertidumbre.
