El Heraldo
La última experiencia de concentración que se vivió con las Farc fue en la zona de despeje de San Vicente del Caguán entre 1998 y 2002.
Política

Los retos de las zonas de concentración para las Farc

Con la petición al Congreso de modificar la Ley de Orden Público se abre la puerta al proceso de dejación de armas de la guerrilla, que deberá iniciar 60 días después de la firma.

El próximo 16 de marzo el Congreso de la República entrará a sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Juan Manuel Santos, para tratar un tema de vital importancia para el futuro del proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana: la reforma a la Ley 418 o de Orden Público. 

Por medio de esta reforma se pretende devolver al Presidente las facultades que originalmente le otorgaba esta Ley 418 cuando fue promulgada en 1997 durante la presidencia de Ernesto Samper Pizarro y que, entre otras disposiciones, le permitía establecer zonas de concentración, ya sea para entablar diálogos con grupos guerrilleros o coordinar su desmovilización; permitía el reconocimiento político de estos grupos y facultaba al Presidente para establecer eventualmente suspensión de ordenes de captura e indultos.

Estas facultades fueron restringidas por medio de la Ley 1421 de 2010, aprobada durante el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, agregándole una prohibición explícita para la creación de zonas de concentración de grupos armados.

“En ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional”, reza la Ley.

Esta modificación responde al discurso de seguridad democrática del gobierno de Uribe que radicalizó la forma en la que se entendía el conflicto, señalan expertos como Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Conflicto de la Universidad Nacional, y el politólogo investigador de la fundación Paz y reconciliación, Ariel Ávila.

La convocatoria a extras para devolver estos poderes al presidente, se convierte entonces en una prioridad urgente del Gobierno, ya que los tiempos corren en La Habana y la fecha del 23 de marzo, definida como el plazo para firmar la paz, cada día está más cerca.

Logrado el acuerdo final de paz, cumpliendo o no el plazo de marzo, comenzará a correr otro calendario, el de los 60 días para iniciar el desarme de las Farc.

Esto representa, para Vargas, un “problema operativo grande” de no reformarse la 418, por lo que considera que “esta es de las pocas iniciativas que tiene toda la razón el gobierno para hacerlas ya”.

Para José David Name, senador del Partido de la U, el ambiente político en el Congreso es favorable para tramitar este proyecto, que se ve como necesario ahora que las negociaciones de paz han mostrado adelantos importantes.

Name, quien era el presidente el Senado durante la última prórroga que hizo a la Ley de Orden Público en el 2014, recuerda que en ese momento el Gobierno “no quería modificar la ley sin tener algo concreto sobre el  proceso de paz y digamos que el Congreso de la República tampoco había el ambiente para modificarla”.

Ese año se limitó a extender el tiempo de duración de la Ley para que los diálogos en La Habana pudieran continuar. Sin embargo, Name resalta que de no devolverse esas facultades al presidente, “no hay ninguna posibilidad de hacer esas concentraciones. Para que exista la posibilidad de que se concentren los miembros de las Farc y otras guerrillas en el futuro, tiene que modificarse la ley”.

Retos
Para el politólogo Ariel Ávila, aunque la Ley de Orden Público “es el mecanismo más específico que hay ahora mismo” para adelantar los procesos de dejación de armas de las Farc, no deja de ser solo un “instrumento que requiere de mucha más institucionalidad”.

Ávila resalta que el último proceso de concentración  efectiva y exitosa de una guerrilla se dio en 1994 durante el gobierno de César Gaviria que firmó la paz con la Corriente de Renovación Socialista, en el corregimiento de Flor del Monte, municipio de Ovejas, Sucre.

Desde esa experiencia, se dieron dos intentos de concentración: el fallido proceso de paz con las Farc en el Caguán y las negociaciones con los paramilitares en Ralito.

“Esas fueron concentraciones parciales porque no involucraron a toda la tropa. En el Caguán no cesaron las hostilidades y en Ralito los 'paras' no cumplieron su cese al fuego”, afirma Ávila.

Para el caso del actual proceso de paz se presentan desafíos logísticos para lograr iniciar el proceso de desarme de la guerrilla.

Lo primero será lograr un consenso frente a cuantas y cuales serán las zonas de concentración, “Aún no hemos aceptado la concentración”, declaró la delegación de las Farc en días pasados, y sus palabras denotan un punto discrepancias en cuanto al número. Según Ávila, mientras el Gobierno propone siete zonas, “una por cada bloque de las Farc”, la guerrilla busca 70, “una por cada estructura”. Estas precisiones se encuentran dentro del punto tres, ‘fin del conflicto’ que está en discusión en La Habana.

“60 días después de firmar la paz iniciará el proceso de dejación de armas, pero no sabemos cuándo va a terminar”, resalta Ávila.

En ese lapso de tiempo se debe dar el traslado de los frentes, aún armados, de las Farc a las zonas que se destinen para su concentración. “Por lo menos tiene que garantizar dos o tres corregimientos de un municipio para dos o tres frentes y además tiene que garantizar la seguridad del traslado”.

Ya concentrados, el principal desafío será la seguridad de las tropas, que irán dejando las armas por frentes y paulatinamente, en un proceso que “puede tardar de seis meses a un año”.

Para Alejo Vargas, este tiempo es fundamental para saber exactamente cómo es el inventario de armas, la delimitación de su entrega, y una definición a propósito del destino de los miembros de estas organizaciones”.

Es por esto que se hace necesaria la verificación internacional, sobre la cual hay consenso en que la realice Naciones Unidas. “Aquí hay muchas desconfianzas y las Farc no van a arriesgarse a dejar las armas todas en un día sin saber si los van a comenzar a matar o no, y es más rápido comenzar la dejación de armas y van a comenzar frente por frente”, afirma Ávila. 

Procesos anteriores
Entre los numerosos procesos de paz que se han llevado a cabo en el país, tanto fallidos como exitosos, resaltan tres experiencias de concentración de tropas, todas previas a la Ley 418 y una de despeje, el fallido proceso del Caguán.
1. En septiembre de 1990, el Ejército Popular de Liberación, EPL, se concentró en 7 zonas del país.
2. El M-19 duró concentrado un año previo a su desmovilización en  Santo Domingo, Cauca.
3. La Corriente de Renovación Socialista se concentró en Flor del Monte Sucre en 1994.
4. El Caguán por su parte fue una zona de despeje de más de 42 mil km que funcionó de 1998 a 2002.

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