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Los múltiples contratos de Centros Poblados

EL HERALDO había revelado desde 2019 el accionar de Funtics –hoy Novotic, una de las empresas de la Unión Temporal-, por uno de cuyos contratos fueron formulados cargos a Oneida Pinto.

Las empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados, cuestionadas por el escándalo del Mintic, han tenido numerosos contratos en varias regiones e igualmente con distintas entidades del país en los últimos años.

Los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 son la Fundación Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, Funtics, hoy Novotic (35%); ICM Ingenieros S.A.S. (35%), Intec de la Costa S.A.S. (15%) y Omega Buildings Constructura S.A.S. (15%).

La Procuraduría documentó cinco contratos con el Instituto Nacional de Vías (Invías) por $603.046.586.043, dos contratos con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por $17.696.394.301 y uno con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Fontic, por $25.536.178.560.

En un documento conocido por este diario se detallan además, por parte de Funtics, un contrato con la Gobernación de Norte de Santander por más de $17 mil millones; otro con la administración temporal de La Guajira por más de 897 millones y el de Fontic por más de $25 mil millones.

Entre tanto, ICM aparece en tres contratos con el Invías por más de $482 mil millones e Intec en dos contratos con Montería por más de $1.400 millones, en uno con la Alcaldía de Valledupar por más de $1.871 millones, en otro con la Alcaldía de Usaquén por más de $4954 millones y en uno más con el IDU de Bogotá por más de $9.125 millones.

Así mismo, Omega figura en un contrato con el Invías por más de $3.252 millones, en otro con el Departamento Administrativo de la Presidencia por más de $8.222 millones y uno más con el departamento de Antioquia por más de $9.873 millones.

Al representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, le aparece un contrato con el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones por más de $69 millones y otro con la Contraloría por más de $117 millones.

A Funtics o Novotic además le registran un contrato con la Alcaldía de Malambo por más de $104 millones y otro con el municipio de Soledad por más de $504 millones.

A Rafael Romero, representante de Omega, le figura un contrato con la Cámara de Representantes por más de $40 millones; a Hugo Cabal, representante de Intec, le aparece un contrato con el municipio de Montería por más de $74 millones y a Carlos Páramo, quien estuvo vinculado en Novotic durante dos meses pero ha negado haber tenido que ver con el escándalo de Centros Poblados, le registra un contrato por $18 millones con el municipio de Soledad.

¿$58 mil millones en la ‘puerta giratoria’?

Aparte de estos contratos, el representante León Freddy Muñoz, de la Alianza Verde, denunció: “Estas empresas, una de ellas, Funtics, tiene contrato vigente con el Mintic por $25 mil millones, y el representante legal es Juan Carlos Cáceres Bayona, el que firmó ese contrato: ese señor cambia la razón social el 14 de octubre y montan Novotic, y hay un hallazgo de la Contraloría con esa empresa en Magdalena y La Guajira por $25 mil millones”.

Muñoz advierte así mismo que "trasladan a la fiducia BBVA los $70 mil millones del anticipo, autorizado por el Mintic, y Centros Poblados solicita ese anticipo y dice en la solicitud que van a invertir $58 mil millones de ese anticipo en Nuovo Security, en la que el 70% es de Cáceres Bayona, (…) y el resto iba para Inselsa, que se fundó con $6 millones, y compra parte de esa empresa ICM Constructores, y denuncia Efraín González a Cáceres, quien era su socio, y ante la Fiscalía dice que le falsificaron la firma".

Agregó el parlamentario que " Nuovo Security tiene el registro en un paraíso fiscal, aparece en Estados Unidos. Solo había exportado esta empresa una venta por valor de 20 mil dólares en cámaras de seguridad, nada que ver con temas de internet".

Frente a la otra empresa, ICM Ingenieros, señaló Muñoz: "Tiene el 35% de participación, es una empresa de construcción y está relacionada con contratos del 'carrusel de contratación'. Por esta empresa sancionaron al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz. Todos son socios de Emilio Tapia, tienen la empresa de Inselsa, nació con un capital de $6 millones y compró el 20% de las acciones de una empresa de $40 mil millones".

Intec de la Costa, añadió el legislador, "tuvo contratos de vías y le ceden el contrato a los 10 días de habérselo ganado a Laura Contreras, esposa de un candidato del Centro Democrático. Esa empresa cambia su objeto el 22 de octubre de 2020 para decir que sí pueden hacer cosas de internet".

En Omega, advierte, "pasa lo mismo: no tiene experiencia, cambia de objeto social igualmente el 23 de octubre de 2020, y ahí va cuajando el entramado. Es decir, estas empresas hicieron cambios ocho días antes de presentar los documentos al Mintic”.

La red de Funtics

De hecho, la misma ministra de las TIC, Karen Abudinen –quien renunció el pasado jueves a la cartera por cuenta de este escándalo-, denunció que algunas de las empresas de Centros Poblados tenían una red de contratación con el Estado de al menos $4 billones: “Son más de $4 billones que hoy han estado en manos de estos delincuentes, porque alguien que le presenta una garantía falsa a una entidad no se puede llamar diferente. (…) Tienen muchos contratos con el Estado a nivel nacional y regional. Era una práctica, estamos hablando de $4 billones que han contratado en los últimos años".

EL HERALDO, a principios de 2020, reveló que la Contraloría estaba poniendo la lupa en un asunto bastante llamativo: las gobernaciones del Magdalena y La Guajira contrataron durante varios años al mismo contratista, Funtics –hoy Novotic, integrante de Centros Poblados-, para llevar el servicio de internet a los colegios públicos de los departamentos.

Según la Contraloría, este contratista aparecía detrás del 80% de los 25 contratos auditados en tres regiones y por ello advierte sobre una posible malla empresarial con esta firma. Y lo particular en este caso en las escuelas magdalenenses y guajiras es que se presentaron las mismas aparentes anomalías que representaron $25.230 millones en presuntos detrimentos.

El ente de control fiscal halló, por ejemplo, que supuestamente mientras las gobernaciones pagaban una suma por la conectividad a internet de los colegios, el contratista pagaba una mucho menor subcontratando este mismo servicio; que no se entregaron todas las megas que se contrataron; que se pagó por el servicio en escuelas que ya contaban con él; que se desembolsaron sumas por el internet en épocas de vacaciones que por supuesto nadie usó; que las interventorías no dijeron ni ‘mu’ y que en otros contratos aparece subcontratado el mismo contratista.

También este diario, en 2019, reveló que de la malla de contratistas del Caribe que se quedaron entre 2016 y 2018 con 41.029 contratos por $20,4 billones, en el top elaborado por el ente de control fiscal dentro de sus pesquisas figuraba facturando por encima del billón de pesos Funtics, con sede en Barranquilla y con 36 contratos por $3 billones.

En el caso de Funtics, aparece que se registró en la Cámara de Comercio de Barranquilla desde noviembre de 2011, con activos totales por $58 millones, y teniendo como objeto los “servicios y equipos para el entrenamiento básico y avanzado en sistemas e internet”. Como presidente figuraba Juan Carlos Cáceres Bayona y como vicepresidente Rónald Leonardo Cáceres Bayona.

Fue la empresa encargada de algunos puntos Vive Digital y aunque tiene sede en la capital atlanticense su accionar es más hacia el Norte de Santander y otros departamentos del interior y del Caribe. Uno de los contratos de mayor suma cuestionados fue uno suscrito con La Guajira por $20 mil millones para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira”.

De hecho, por este contrato, la Procuraduría, en mayo de 2018, formuló pliego de cargos a la exgobernadora Oneida Pinto; Bely Géneco, ex secretaria de Educación; Gilbert Meza Cerchar, ex director operativo y Gerardo Cujia Mendoza, ex profesional universitario de la administración departamental, por el “desconocimiento de los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, teniendo en cuenta que dicho proceso incluyó condiciones restrictivas a la libre concurrencia de oferentes y la selección objetiva, relacionadas a la experiencia y la capacidad financiera”.

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