El Heraldo
Carolina Corcho, actual ministra de Salud durante un debate en el Congreso. Cortesía
Política

Más críticas al borrador de la reforma a la salud

EL HERALDO consultó con gremios de salud y expertos en la materia que tienen miradas distintas sobre la propuesta.

Se empezó a conocer de manera al parecer más certera un esbozo de lo que sería el proyecto de la reforma a la salud que presentará el Gobierno en las sesiones extraordinarias del Congreso, que arrancarían desde el 6 de febrero próximo.

Junto con la propuesta del Ejecutivo, diferentes grupos de actores del sector salud han socializado bosquejos que buscarían complementarla, como las de la organización Pacientes Colombia y la Alianza de Prestadores de Salud, Unips.

Entre los puntos clave de la reforma están el fortalecimiento de la atención primaria en salud, para lo que el Gobierno plantea la creación de unos Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) que servirán como puerta de entrada al sistema de salud, Pacientes Colombia plantea que la promoción y prevención sean gestionadas por las entidades territoriales y Unips propone mantener el esquema actual que manejan las EPS, pero disminuyendo trámites y desplazamientos a usuarios.

También figura el cambio del rol de las EPS, en el que el Ejecutivo propone una modificación a la Ley 100 para que las EPS no manejen los recursos de la salud sino que lo hagan un fondo público y la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema de Salud) y las EPS se conviertan en prestadores de servicios de salud, Pacientes Colombia plantea agentes gestores del riesgo en salud y Unips quiere la agrupación de las EPS en consorcios manteniendo sus funciones administrativas.

En cuanto a las redes integradas e integrales de prestación de servicios, el Gobierno dice que es necesario organizar los hospitales públicos, privados y mixtos en redes para que puedan atender a la población remitida por los CAPS, Unips señala además que los hospitales deberán competir por calidad y oportunidad y Pacientes Colombia advierte que las redes deberían ser manejadas por las entidades territoriales con perfiles epidemiológicos de cada territorio.

Y alrededor de la unificación de regímenes de salud hay consenso y es una orden de la Ley Estatutaria de Salud y la Corte Constitucional.

EL HERALDO consultó a distintos representantes de gremios y expertos en el sector salud para conocer sus opiniones sobre el boceto de reforma que se conoce.

“Tiene un gran tinte político”

El ex presidente del gremio de las EPS, Acemi, Jaime Arias, quien además fue ministro de Salud, presidente del ISS, tiene una especialización en administración de salud de Harvard y es uno de los autores de la Ley 100, advierte que “es una reforma con un gran tinte político más que técnico” y que “es ir a un esquema más público que privado: es parte del tema político que planteo, y si la reforma se hace con criterio técnico porque el sistema está fallando, la mirada es otra”.

“Además yo tengo una percepción distinta a la de mucha gente, y es que el gran problema en el sector salud, aceptando que hay otros, es financiero; es decir, la plata para atender lo que la Corte Constitucional quiere y el Congreso ha aprobado no alcanza”, indicó.

Señala Arias que en el gobierno de Juan Manuel Santos “se adelantó un proyecto muy grande en el país de atención primaria y se ejecutó en las ciudades, entre otras en Barranquilla donde fue bastante exitoso, pero ese proyecto cuando se pasa a las zonas rurales y dispersas es muy complicado hacerlo”.

Y concluye en este sentido que “simpáticas o no, las EPS son el centro articulador del sistema de salud de Colombia, el asegurador primario es el Estado pero en la operación, gestión de riesgo financiero y en salud, la EPS es la gran articuladora, y en el momento en que dejen de serlo vamos a llegar a una situación caótica”.

“Quieren evitar que se les acabe el negocio”

Cecilia Vargas, presidenta de la Organización Colegial de Enfermería, considera que “las EPS no deben recibir ni intermediar el recurso de la salud que está promediado en 2023 en $61 billones de la UPC (Unidad de Pago por Capitación o por afiliados) y $11 billones del Plan de Intervenciones Colectivas, para un total de $71 billones: si ese dinero pasa a la ejecución sin la intermediación de las EPS vamos a ahorrar el 10%, es decir la módica suma de $7 billones, y pasaría directamente al fondo único para que sea girado directamente a la red hospitalaria. Y con la intermediación de la Adres, que es de $1 billón, quedarían $6 billones libres para atender la infraestructura de mejoramiento de la red pública y el pago de los trabajadores del sector salud, que somos los únicos trabajadores de salud del mundo que tienen que facturar para pagarse los salarios”.

Añade la experimentada enfermera y dirigente gremial que “la historia ha demostrado que la Ley 100 fue perversa porque convirtió la salud en un negocio: las EPS no son dueñas del dinero público y se lo entregan a ellas y fuera de eso niegan las autorizaciones, las supeditan a la oferta y la demanda y dan las citas cuando quieren, a tres meses, a cuatro meses. Esos son los pequeños detalles que uno le explica a la gente sobre esta reforma y la gente la entiende, y además es construir sobre lo construido, porque aquí nadie va a inventar nada nuevo, lo que pasa es que las EPS y sus amigos están haciendo una gran campaña de desprestigio y es para evitar que se les acabe el negocio”.

“Los avances del sistema son muchos”

La vicepresidenta de Salud de la ANDI, Ana María Vesga, abogada, experta en alta dirección y liderazgo estratégico y ex directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Farmacéutica, cuestiona que “del proyecto de ley que presentaría el Gobierno conocemos por anuncios sus líneas generales, pero no el detalle de su plan de implementación, efectos sobre la atención en salud y la sostenibilidad financiera del sistema”.

Por esa razón, señala, “el llamado a un buen debate técnico, que involucre a todos los actores y escuche la voz de quienes tienen a su cargo el día a día del sistema”.

Y asegura la dirigente de salud que “los avances del sistema son muchos: retroceder no puede ser una opción y la gran inquietud es que las reformas no construyan desde las fortalezas actuales en pro de su mejoramiento progresivo y continuo”.

“Las EPS juegan a que la gente no se enferme”

El cirujano Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá y jefe de cirugía del Centro de Investigaciones Oncológicas, precisa que “en la reforma en ningún momento se plantea volver a un modelo completamente estatal o un modelo de sistema de salud como el que hubo antes del 93” e indica que “lo que se plantea es que el modelo tiene que cambiar, dejar de ser un modelo asistencialista para ser preventivo, eso no quiere decir que se deje de atender a las personas que se enferman, al contrario. Ningún sistema de salud en el mundo funciona si no se evita que la gente se enferme, de hecho el modelo actual que tenemos juega a que la gente no se enferme, porque no quieren invertir y nunca invirtieron en prevención: la gente debe exigir que le hagan una citología, cuando debería ser que el sistema busque a la mujer para hacérsela y evitar un cáncer temprano y evitar también altos costos”.

Agrega que no se puede garantizar el derecho fundamental a la salud si los hospitales y las clínicas están quebradas: “Las EPS deben entrar a hacer parte de las redes integrales e integradas de salud a través de sus IPS, porque la mayoría de las EPS tienen una red de prestación adecuada, pero hacen integración vertical y les dan más plata a sus IPS mientras que a los hospitales y las clínicas les quedan debiendo incluso más plata que lo que vale la propia clínica”.

Y, puntualiza, “además los médicos trabajan entre 14 y 16 horas al día promedio, ¿y a qué horas estudian, comen, duermen?, ¿cómo puede una persona garantizarles la salud a los demás si no se puede cuidar a sí mismo? Entonces esta reforma les devuelve las garantías laborales a los trabajadores de la salud en Colombia”.

“Se deben resolver las inquietudes”

Jesús González Páez, abogado, maestro en derecho médico, experto en responsabilidad médico legal del sector salud y presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, plantea que desde el punto de vista de la gobernanza el proyecto contemplaría que los recursos pasaran a ser manejados por el Adres o alguna entidad que haga las veces: “Esta entidad de manera descentralizada va a administrar esos recursos y van a ser girados a unas figuras que se van a crear que son los fondos regionales, que serían los que entrarían a autorizar y hacer la asignación a redes integradas e integrales de cada región. También existirían los consejos regionales que van a tomar las decisiones en materia de contratación y de asignación de pacientes a esas redes integradas e integrales, previo proceso de auditoría”.

Reitera que se eliminaría la figura de las EPS como existe hoy en día, “la forma de acceder va a ser a través de los centros de atención primaria en salud que se van a constituir en todo el territorio, lo que se tiene estimado es que estaríamos hablando de unos 3 mil centros en todo el país, que serían los sitios donde los pacientes se registrarían y desde allí se derivaría el tema de referencia y contrarreferencia hacia los centros hospitalarios de mediana y alta complejidad”.

Sin  embargo, cuestiona el jurista experto en temas de salud, con la reforma “no se trata de defender ideologías sino de mirar qué es lo mejor para el país, porque no podemos tirar a la basura 30 años de construcción y retrotraernos a un modelo anterior a 1991, donde el Estado controlaba todo, porque tenemos las experiencias de los entes territoriales que no han sido exitosas. Por eso es clave que el proyecto resuelva toda esta serie de inquietudes, necesitamos en este sentido que el proyecto presente unas bases en las que se sustente y estamos a la expectativa de poder hacer los análisis del caso”.

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