Ley del montes | ¿Tribunales de paz con sesgo ideológico?
La conformación tanto de la JEP como de la Comisión de la Verdad pone en entredicho su imparcialidad y genera dudas sobre sus futuras decisiones. Polémica.
La Comisión de la Verdad nació de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Su creación fue uno de los compromisos adquiridos por Juan Manuel Santos con ese grupo guerrillero hoy desmovilizado. Su misión es la de contar la realidad del conflicto armado en Colombia desde sus inicios y con toda su complejidad, es decir, tiene la obligación de mostrar la guerra no solo desde la óptica de las Farc, sino desde sus distintas vertientes.
Para ello es bueno que la Comisión de la Verdad sepa que las Farc no son víctimas del conflicto armado. Son protagonistas de primer orden y actores destacados de la mortandad que por años vivió Colombia. No pueden ser marginadas de los hechos y mucho menos ser consideradas víctimas del Estado. Ese cinismo no puede ser premiado desde ningún punto de vista. Las Farc deben responder por sus crímenes.
La Comisión de la Verdad que acaba de constituirse tiene como principal misión buscar, encontrar y contar la “verdad verdadera” del conflicto armado en Colombia. De ese tamaño es la responsabilidad asignada a dicha Comisión, que está compuesta por 11 comisionados, uno de los cuales es extranjero. Es decir, las próximas generaciones leerán como versión oficial del conflicto armado lo que estas 11 personas nos cuenten, que no es nada distinto a la llamada “verdad histórica”, muy distinta a la verdad judicial.
Algunos de los integrantes de la Comisión de la Verdad se han encargado de contarnos de forma anticipada y por años su versión de los hechos ocurridos en Colombia durante las últimas cinco décadas. Es el caso –por ejemplo– del periodista y escritor bogotano Alfredo Molano Bravo, autor de múltiples libros sobre la guerra en Colombia. Molano conoce como pocos la Colombia profunda, casi siempre ignorada por los medios masivos de comunicación. Su versión difiere de la que narran los soldados, capitanes, mayores, coroneles y generales del Ejército Nacional, quienes debieron combatir a las Farc en todo el territorio nacional.
Ahora, como miembro de la Comisión de la Verdad, Molano –al igual que sus otros diez compañeros– tienen la obligación de contar los hechos sin ningún sesgo ideológico y sin ningún prejuicio. Si la verdad que nos van a contar los comisionados nace de sus convicciones políticas, o de sus afectos, entonces es mejor que nos ahorremos esos miles de millones de pesos que se van a invertir en su sostenimiento y en su trabajo, pues ya sabemos el final de la historia.
Para que el trabajo de la Comisión de la Verdad –que se dará a conocer dentro tres años– cuente con el pleno respaldo de todos los colombianos y no solo de quienes comparten el pensamiento y proceder de las Farc, es necesario que se ocupen de todas las víctimas del conflicto, entre ellas los ganaderos, cuya suerte tanto desprecian Molano y buena parte de sus nuevos colegas.
Contar la verdad a medias sería muy grave para el futuro de Colombia. Ello no solo no sanaría las heridas de la guerra, sino que pondría en grave peligro la reconciliación nacional. Por ello es necesario y urgente que quienes conforman la Comisión de la Verdad envíen señales contundentes al país de que su relato estará desprovisto de valoraciones subjetivas o de sesgos ideológicos.
Y debe ser así porque –conocidos los nombres de los integrantes de la Comisión de la Verdad– de inmediato amplios sectores del país –no solo del Centro Democrático, como de forma errónea lo presentaron algunos medios de comunicación– pusieron en duda la idoneidad y la imparcialidad de quienes la conforman. Algo similar sucedió cuando se conocieron las identidades de los 51 magistrados que integran el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En ambos casos se evidenció una marcada tendencia ideológica y política de la inmensa mayoría de sus miembros, muchos de los cuales no solo han tenido pública militancia en partidos de izquierda, sino que han sido abiertos y viscerales opositores del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. Los epítetos con que varios de estos nuevos ‘magistrados’ y ‘comisionados’ se han referido a Uribe hace pensar que muy difícilmente saldrán de sus labios o de sus plumas decisiones justas o ecuánimes. ¿Quiénes conforman los nuevos tribunales de paz?, ¿actúan ellos con criterios políticos y sesgos ideológicos?
Para la escogencia de los integrantes de la Comisión de la Verdad no era suficiente con tener presente las condiciones étnicas o de género. Para que tuviera una mayor diversidad se requería que hubiese entre sus miembros diversos pensamientos ideológicos y políticos. Una Comisión de la Verdad de marcada y evidente tendencia de izquierda no funciona. Como tampoco funcionaría una de marcada y evidente tendencia de derecha. Y cuando se habla de que la Comisión de la Verdad que se acaba de conformar tiene un evidente ‘sesgo ideológico’ nos estamos refiriendo precisamente al sesgo ideológico de izquierda de la mayoría de sus miembros. Solo basta con leer los artículos, libros y trinos en Twitter de algunos de ellos para saber qué piensan y cómo piensan sobre la actuación de algunos de los actores del conflicto armado colombiano. En casi todos hay una actitud hostil contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al tiempo que se muestran condescendientes y hasta complacientes con las Farc. Ahí están sus escritos que hablan por ellos. Las dudas que surgen sobre el posible sesgo ideológico y político de los miembros de la Comisión de la Verdad no son inventos: tienen sustento y soporte en lo dicho y escrito por ellos. Punto. Esas sospechas no son infundadas. Las víctimas del conflicto armado en Colombia son también de las Farc y la ‘nueva historia’ así tendrá que decirlo. Ignorar ese hecho evidente es meterle candela a un incendio que todos quisiéramos apagar.
Dentro de tres años los colombianos sabremos cómo quedó escrita la historia del conflicto armado en los últimos 50 años. Esa es la misión que les fue encomendada a los 11 miembros de la Comisión de la Verdad. Pero para buscar, encontrar y contar la verdad se requiere despojarse de valoraciones subjetivas y prejuicios sociales, económicos y políticos. Si los comisionados pretenden cumplir tan trascendental misión con base en estos condicionamientos, en lugar de acercarse a la verdad lo que harán será alejarse de ella. La guerra en Colombia tiene múltiples aristas, así como diversas causas. No es posible analizarla ni contarla en blanco y negro. Hay variadas tonalidades de grises. Pretender acercarse a la verdad del conflicto vestidos con el camuflado de uno de los muchos actores del mismo es simplemente falsear los hechos. Desde que se iniciaron las conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, este grupo guerrillero pretendió asumir el papel de víctima de la guerra. Y no ha renunciado a dicha pretensión. Por eso es tan importante la versión de la Comisión de la Verdad, pues será ella quien defina el papel de dicha organización guerrillera. Podría darse el caso de unas Farc condenadas por la JEP, pero absueltas en los relatos de la Comisión de la Verdad que quedarán para la Historia. ¿Qué hacer en esa circunstancia?, ¿a quién creerle?, ¿a la JEP que condena a miembros de las Farc o al relato de la Comisión de la Verdad que los absuelve para la Historia?
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la creó el Gobierno nacional el 15 de septiembre de 2015. Su reglamentación y puesta en vigencia se hará mediante una ley estatutaria que deberá ser aprobada por el Congreso, cuya discusión se lleva a cabo en la actualidad. La JEP –una vez aprobada por el Congreso y declarada exequible por la Corte Constitucional– ejercerá funciones judiciales y hará parte del sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La JEP se encargará de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al DIH, que tuvieron lugar dentro del conflicto armado. Entre sus objetivos está el de satisfacer el derecho que tienen las víctimas a la Justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas y contribuir a la lucha contra la impunidad, entre otros. Su autonomía la sitúa por encima, inclusive, de las altas cortes colombianas y sus decisiones serán inapelables. Además, tendrá facultades para revisar decisiones judiciales pasadas y tendrá una vigencia superior a los 12 años. Se trata de un poderosísimo tribunal judicial que tendrá en sus manos la suerte de quienes directa o indirectamente han tenido que ver con el conflicto armado colombiano; es decir, todos los colombianos. Así de simple. Sobre dicho tribunal también existen fundamentadas dudas acerca de su conformación con evidentes sesgos ideológicos, como ha sido denunciado por distintos partidos y movimientos políticos.
Uno de los puntos que más controversia ha desatado en la discusión acerca de los alcances y funciones de la JEP es el que tiene que ver con las sanciones que impondrá dicha Jurisdicción Especial. En concreto el que establece que la imposición de cualquier sanción por parte de esa Jurisdicción Especial “no inhabilitará para participar en política, ni limitará el ejercicio de ningún derecho de participación política”. Ese ‘articulito’, con toda razón, levantó una polvareda monumental, pues en plata blanca significa que Timochenko y compañía podrán ser elegidos Presidente de la República y congresistas, aunque sobre ellos recaiga una decisión judicial por parte de la JEP, privilegio que nadie en el mundo tiene ni podría tener. Ahí radica el asombro de la comunidad internacional sobre los verdaderos alcances de la JEP. Y a ello se sumó la perplejidad nacional cuando se conoció la identidad de los 51 magistrados escogidos para que hagan parte de dicho tribunal, entre quienes se destacan abogados con amplia trayectoria y militancia en partidos y movimientos de izquierda. Sus pronunciamientos públicos –al igual que sucede con la mayoría de los integrantes de la Comisión de la Verdad– dejan muy poco espacio para dudar acerca de cómo serán sus decisiones y fallos judiciales.
