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El titulo es:Análisis Ley del Montes: ¿Qué hay detrás del escándalo Pretelt?

Análisis Ley del Montes: ¿Qué hay detrás del escándalo Pretelt?

Un supuesto soborno, intrigas políticas y hasta un fuerte componente regional rodean las denuncias contra el presidente de la Corte Constitucional, el monteriano Jorge Pretelt Chaljub.
Johnny Hoyos
Johnny Hoyos
Sesión de la Corte Constitucional donde aparecen entre otros los magistrados Jorge Pretelt y Mauricio González. Johnny Hoyos

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Un supuesto soborno, intrigas políticas y hasta un fuerte componente regional rodean las denuncias contra el presidente de la Corte Constitucional, el monteriano Jorge Pretelt Chaljub.

El escándalo en que se ha visto envuelto el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljud, por el supuesto pago de una cifra millonaria para tramitar una tutela, solo sirve para demostrar que este lustro es el peor en la historia de la rama judicial. A la tradicional mala imagen que ha arrasado la justicia por morosa, ineficiente y lenta, ahora se le suma un fenómeno que no solo era escaso en los niveles inferiores, sino absolutamente impensable en los superiores: el de la corrupción.

De un tiempo para acá la administración de justicia y más precisamente las llamadas altas cortes producen más escándalos que jurisprudencia. Y lo peor: todos ellos tienen que ver con corrupción: carrusel de pensiones en la Sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, compra de elecciones de magistrados mediante el pago de cruceros a sus electores, conciertos con los congresistas para legislar en beneficio propio, aumentándose el período y la edad de retiro forzoso, uso de los bienes del Estado –como sus carros oficiales– para abuso de sus hijos, y ahora surge el escandaloso tema de la supuesta solicitud que un magistrado de la Corte Constitucional le habría hecho a un abogado lobbysta de una gruesa suma de dinero para fallar una tutela a favor de sus clientes, episodio que el agudo periodista Alberto Donadio bautizó como el ‘Fidupretelt’.

Las altas cortes colombianas eran hasta antes de la Constitución de 1991 solo dos: la Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Ambas integradas por verdaderos magistrados, cuyo solo nombre inspiraba respeto y reverencia: José María Esguerra Samper, Alfonso Reyes Echandía, Jacobo Pérez Escobar, Jaime Giraldo Ángel o Fanny González Franco, para solo mencionar uno de cada época en la Suprema. O Jaime Abella, Gustavo De Greiff, Antonio de Irisarri o Consuelo Sarria en el Consejo de Estado. Todos fueron no solo excelentes juristas y profesores, sino damas y caballeros en toda la extensión de la palabra. Para decirlo en una frase: gente decente.  Todo eso se acabó con la Constitución de 1991, en la que –paradójicamente– se hizo todo para fortalecer la Administración de Justicia. Allí no solo hubo una verdadera explosión demográfica de cortes –pasamos de dos a cuatro- sino de organismos judiciales y de control.

En las viejas cortes llegaron los apellidos cuestionados que el país conoce, como los Tarquinos y los Suárez, y a las nuevas los Claros, Ricaurtes y Villarragas, quienes a su vez fueron eligiendo a sus pares hasta degradar a las cortes al estado de postración en el que hoy se hallan, hasta el punto de que las minorías honrosas y honradas que aún resisten, no alcanzan a rescatarlas. La perversidad es mayoría. El juicio histórico dirá que la debacle actual tiene como uno de los grandes responsables a Álvaro Uribe, cuando decidió utilizar como moneda de cambio a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que terminó en manos de los directorios políticos. Fue de ternas firmadas por él que llegaron a esa Sala políticos de carrera como Angelino Lizcano y Ovidio Claros, o politiqueros a la carrera, como Henry Villaraga o Wilson Ruiz.

El objetivo de la Constitución de 1991 de fortalecer la rama judicial –que hasta entonces era la reserva moral de la República– le entregó a las altas cortes el Caballo de Troya de las elecciones de los organismos de control. Aunque la idea era buena, el resultado ha sido la prostitución absoluta de las cortes y los tribunales de Distrito Judicial del país, que fueron incapaces de mantener su talante moral y terminaron cooptadas por las peores prácticas politiqueras. Hoy en las cortes es imposible elegir un magistrado o a un consejero sin consultar los bloques todopoderosos que cada elegido tiene allí. Punto. Hay grupos del Contralor, con todo y su Agencia Nacional de la Defensa del Estado, del Procurador, del Fiscal y en cada organismo de esos están en sus cargos más altos las esposas, los hijos, los yernos y hasta las amantes de los magistrados. En ese contubernio de favores cruzados –que es, claro, una forma de corrupción- se abona el terreno de la venalidad en la función judicial, de modo que no es extraño encontrar funcionarios madrugadores lagarteando decisiones en contra de aquellos a quienes han declarado sus enemigos. La independencia de la que tan celosos son los magistrados, solo se aplica de dientes para afuera y nunca en contra de sus amigotes.

Así como en el país existía consenso sobre el fangal en que se habían convertido las altas cortes, también lo había sobre la excelente imagen que acompañaba a la Corte Constitucional. La enorme cantidad de derechos con que ha dotado a los colombianos, el control del poder que ha hecho mediante la tutela y de los juicios de constitucionalidad y haber evitado la eternización de un proyecto político único en la Presidencia de la República, la tenían como la corte más prestigiosa. Todo ello se vino a pique con el escándalo que envuelve a su presidente, el monteriano Jorge Pretelt Chaljud, caso en el que también está involucrado otro ‘hombre Caribe’, el abogado barranquillero Víctor Pacheco. Aunque no creo que se trate de una conjura cachaca contra la Costa, es indudable que el episodio se ha prestado para que opinadores lanudos hagan fiesta y lleguen a cuestionar –inclusive- el carácter festivo y alegre de quienes somos oriundos del Caribe inmenso, que ha sido desde siempre y para siempre motivo de orgullo.

En todo caso el asunto es en extremo grave y debe resolverse a la mayor brevedad. Y a la transparencia del mismo ha contribuido –sin duda- el propio magistrado Pretelt, quien –inclusive- decidió separarse de manera transitoria de la Presidencia de la Corte Constitucional para no interferir en las investigaciones. La constancia documental de su patrimonio también fue entregada al organismo investigador y hasta un medio de comunicación la publicó.

Ojalá todos los medios procedieran así en todos los casos, no solo en el del magistrado Pretelt y sus colegas, sino en el de otros dignatarios del Estado, empezando por los mismísimos presidentes y ex presidentes de la República. Ya entrados en gastos, sería ideal que conociéramos los patrimonios de todos los magistrados de las otras cortes, pero no solo del último año, sino desde que llegaron a sus cargos, para saber –ahí sí- si las variaciones patrimoniales coinciden con sus sueldos o no. Me encantaría ver la de los presidentes de la Suprema y el Consejo de Estado.

El grave asunto del magistrado Pretelt

En cualquier país del mundo es absolutamente grave y debería hacer temblar los cimientos del Estado, que un magistrado de la Corte Constitucional denuncie a su presidente por supuestamente haber exigido 500 millones de pesos para influir en el fallo de una tutela. En Colombia, donde pasan muchas cosas graves pero ninguna seria, el asunto despierta sospechas en todos los frentes. Veamos: Que el primer conocedor del caso haya sido el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, reconocido enemigo de Pretelt y sujeto de carácter poco confiable, al igual que Eduardo Mendoza, ya hacen dudar de la intencionalidad de la denuncia. Que el fallo supuestamente comprado haya sido adoptado sin mácula alguna y en contra del supuesto oferente del soborno, contribuye a esa duda. Y que un personaje que tiene responsabilidad directa en la debacle moral de las cortes, como Nilson Pinilla, haya corrido presto tras de cada micrófono a revelar los asuntos sometidos a reserva de los que conoció como magistrado, con la evidente intención de perjudicar a quien fue el ponente del fallo que redujo sus millonarias pensiones, acrecienta aún más la duda y evidencia que en esa denuncia es mucho más lo que no vemos que lo que nos quieren mostrar. En su delirio y odio contra Pretelt, Pinilla creó el “delito de procedencia”, según el cual todos los nacidos en el departamento de Córdoba son objeto de sospecha y sujetos de investigación de oficio. ¡Qué tal!

El reino del amiguismo, el lagarteo y la corrupción

Detrás del vergonzoso escándalo de la Constitucional hay de todo, desde problemas estructurales hasta meramente coyunturales. Es una verdad de a puño que en la Corte hay que hacer lobby para que revisen una tutela y que ese cabildeo está reservado a los exmagistrados de esa Corporación o a sus ‘amigos’. Si la tutela que tumbó el proceso 8.000 la hubiera presentado un abogado anónimo y no un expresidente de esa Corte, probablemente Carlos Gaviria ni la habría seleccionado. Todavía resuena en los pasillos de la Corte el escándalo que terminó con denuncia penal y órdenes de captura contra empleados de ese alto tribunal por la selección de una tutela contra el Intra en 1993, cuando apenas empezaba. Magistrados con quienes hablé defienden el ‘lagarteo’ por la imposibilidad de revisar físicamente las más de 20.000 tutelas mensuales que les llegan. En todo caso, la realidad indiscutible es que la selección discrecional es un terreno abonado para el compadrazgo, el amiguismo y la corrupción. A su vez el exceso de tutelas lo que muestra es que las jurisdicciones ordinarias no funcionan y todo termina en tutelas. Es en ese escenario donde se oyen los más terribles cuentos sobre coimas, agasajos y favores para seleccionar una tutela y decidir a favor de quien tiene grandes intereses políticos o económicos involucrados.

Un asunto político: Santos contra Uribe, vuelve y juega

No deja de llamar la atención que en el escándalo de la Corte Constitucional estén involucrados los dos únicos magistrados que ternó Álvaro Uribe y que haya sido el presidente Santos el primero que salió a exigir la pronta resolución judicial del caso, celeridad que no ha exigido en otros asuntos, tanto o más graves que el de los 500 millones de la tutela de la Constitucional. Tampoco parece mera coincidencia que los magistrados Pretelt y González hayan hecho saber su posición jurídica sobre la paz impune que propone Santos y que el escándalo haya surgido justo después de que éste advirtiera que “no quiere que el proceso de paz se caiga en la Corte”. Hay preguntas de todos los colores. Por ejemplo: ¿Tiene Santos interés en sacar a Pretelt de la presidencia de la Constitucional para poner allí a un magistrado amigo que ayude a su vez a elegir un Registrador amigo? Todo encaja: hasta las vestiduras rasgadas del magistrado Vargas Silva, siempre obsecuente con César Gaviria y eterno lagarto frente al poder. Este caso contra Pretelt cada día se me parece más al que le montaron al almirante Gabriel Arango Bacci. Falta que aparezca un testigo que diga que entregó los 500 millones de pesos en efectivo y que Pretelt los recibió y los metió en un sombrero vueltiao. O que aparezca un recibo con la firma de Pretelt, con retención en la fuente e IVA. Ya nada parece sorprender, cuando se trata de escándalos en las altas cortes.

Comisión de Acusación, en el ojo del huracán

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes –organismo encargado de investigar la conducta de los magistrados involucrados en el escándalo de la Constitucional- siempre ha sido objeto de controversia y polémica. En tiempos del 8.000 –escándalo desatado por el ingreso de miles de millones de pesos provenientes del cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper- los reflectores recayeron sobre el representante investigador, Heyne Sorge Mogollón, un político desconocido proveniente del caluroso pueblo de Chimá, Córdoba. Los 15 minutos de fama le llegaron a Mogollón por cuenta del escándalo. Su probidad profesional también fue cuestionada, igual que sucede ahora con el presidente de la Comisión de Investigación, representante Julián Bedoya, quien dice ser abogado sin serlo. En todo caso será dicha Comisión –a falta de otra entidad- la que establezca la responsabilidad o no de los magistrados involucrados en la tutela de Fidupetrol, razón del escándalo. Será ella la que determine si –como sostienen algunos opinadores del altiplano y partes interesadas- ser millonario y además costeño es razón suficiente para ser objeto de sospechas.
 

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