La excongresista Aida Merlano se subió en una moto y escapó el pasado martes.
La excongresista Aida Merlano se subió en una moto y escapó el pasado martes. Cortesía

Ley del Montes | ¡Es la maldita corrupción...!

Detrás de la fuga de Aida Merlano hay una poderosa y aceitada maquinaria de compra de conciencias y de funcionarios públicos.

Política

Detrás de la fuga de Aida Merlano hay una poderosa y aceitada maquinaria de compra de conciencias y de funcionarios públicos.

En la larga cadena que terminó con la captura, juzgamiento, condena y fuga de la ex congresista Aida Merlano todos los eslabones tienen un único elemento determinador y fundamental: la corrupción. No hay un solo eslabón de esa larga cadena en la que no estén presentes ya sea el tráfico de influencias o el dinero a rodos para definir la suerte política y legal de quien es hoy la persona más perseguida del país. Desde sus inicios en su vertiginosa y desaforada carrera política, que empezó en la Asamblea del Atlántico y culminó con su elección como senadora del Partido Conservador, Merlano escaló todos y cada uno de los peldaños asida de la mano de influyentes padrinos con mucho poder económico y político que supieron sacarle buenos réditos a su astucia y habilidad para conseguir votos.

Desde muy niña conoció el poder que tiene “la mochila” en tiempos electorales y por eso cuando tuvo la oportunidad se valió de ella para comprar las conciencias de quienes venden su alma por una lámina de zinc o por unos devaluados pesos. Aida Merlano hizo de grande lo que aprendió desde niña. La “mochila”, donde guardan la plata para comprar votos, es para ella no una herramienta de corrupción, sino la extensión de sus brazos.

Ahora que Colombia entera conoció la historia y el prontuario de Merlano, por cuenta de su estrepitosa fuga, todos salen a rasgarse las vestiduras, empezando por la Fiscalía General, que descarga su ira y su impotencia en los hijos de Merlano, como si lo que hubiera de por medio fuera una vendetta siciliana y no un episodio lamentable y vergonzoso de corrupción. 

El alto gobierno también señala y acusa, buscando con ello tapar la vergüenza de un sistema carcelario que hace agua por todos sus costados desde hace décadas, sencillamente porque los miles de millones que circulan por los pasillos de las prisiones del país tienen el poder de comprar casi todas las conciencias.

El Inpec es hoy por hoy uno de los mayores nidos de corrupción del país. Allí todo se vende y todo se compra. Los corruptos le pusieron precio no solo a los guardianes pertenecientes a sus decenas de sindicatos, sino a los directores de todas las cárceles del país, algunos de los cuales –no todos por fortuna– terminaron vendiéndoles su alma al diablo. El escenario de liquidar al Inpec –puesto sobre la mesa por la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco– es una buena opción en las actuales circunstancias.

Pero la maldita corrupción –que es el verdadero bosque que los árboles no dejan ver– compromete a toda la sociedad y no a una parte de ella, representada por funcionarios públicos corruptos. Es todo un universo que perdió la batalla y sucumbió ante el dinero fácil y el éxito a cualquier precio. La fuga de Merlano no fue la primera ni será la última. Ya vendrán otras más, porque el problema no son las cárceles –muchas o pocas– sino todo el sistema penitenciario, que está minado por la corrupción. ¿Qué hacer ante el caos?

 

La corrupción familiar, la peor de todas

Pero los tentáculos de la corrupción van más allá de las celdas de las prisiones. ¡Qué tal la utilización del consultorio odontológico como centro de visitas y lugar de preparación de la fuga! Todos los profesionales que compartieron con Merlano algo tendrán que decir. Y también tendrán algo que decir el que llevó la soga y el que contrató al motociclista y el propio motociclista y el que le ayudó a pararse y quien le ayudó a subirse a la moto... Y hay más hechos de corrupción, quizás más graves: la corrupción familiar: una madre que en lugar de hacer un acto de contrición y propósito de enmienda, compromete a sus hijos como testigos de su nueva violación legal. ¡Qué triste ejemplo! Todos a una, como en Fuente Ovejuna. Y ese es el principal problema de la Colombia de hoy. Como en el célebre Cambalache: “Los inmorales nos han igualao / lo mismo da un burro que un gran profesor / da lo mismo el que cura que el que mata o está fuera de la Ley”. Y en esa ordalía el bien visto no es el honrado, aunque sea pobre, sino el rico, aunque sea ladrón. Urge la restauración moral de la República, porque estamos a un milímetro de cantar como los argentinos, “ladrón o no ladrón, queremos a Perón”.

¡Basta ya del cuento del pobrecito elector!

La fuga de Aida Merlano, sus circunstancias y los hechos hasta ahora conocidos que rodearon tan lamentable episodio, hablan de una gran trama de corrupción. Y por corrupción me refiero no solo al hecho de que probablemente haya habido dineros para facilitar el cinematográfico escape de la ex congresista, sino a todo un entramado que como dijera Álvaro Gómez, compromete al “régimen”. Es decir, un estado de cosas corruptas que funcionan de manera efectiva y coordinada. Las irregularidades comienzan desde las propias causas del encarcelamiento de la ahora prófuga, que no son cosa distinta a la corrupción pura y dura del sistema electoral. Y no hablo de la “perversa política” y el “pobrecito elector”. ¡No! Hablo de la corrupción electoral de doble vía, donde es tan corrupto el que compra el voto como el que lo vende. Punto. ¡Basta ya de justificar el comportamiento criminal de quienes venden sus conciencias! Es tal el nivel de penetración alcanzado por la corrupción electoral que hay quienes consideran ese tráfico de votos como algo normal. Es como si para ellos el equivocado fuera el Código Penal y no quienes se valen de esas prácticas perversas y antidemocráticas. Luego sigue la corrupción del régimen carcelario, que hace que el hacinamiento sea problema de otros y no de presos como Merlano, que hacía lo que quería dentro de la prisión. ¿Exagero? No creo: Merlano no solo gozaba de los privilegios de los regímenes jurídicos y carcelarios, sino hasta médicos, que le permitían salir de la cárcel para hacerse “diseño de sonrisa”. Y pensar que hay presos que se mueren porque no les autorizan una cirugía de urgencia.

 

¡Justicia sí, venganza no!

La fuga de la condenada Aida Merlano, grabada en vivo y en directo por los transeúntes que pasaban por las inmediaciones del Centro Médico de Los Andes de Bogotá, no solo volvió “viral” la noticia, sino que convirtió el problema jurídico de la participación de los acompañantes de la ex congresista, incluyendo familiares y odontólogos, en tema de conversación nacional. La dificultad jurídica del “asunto Merlano” radica en que el delito de fuga de presos, que obviamente cometió Merlano, sólo lo pudo cometer ella, que era la que estaba presa. Nadie más. Los demás, incluidos sus hijos, serían “colaboradores”, algo que debería probarse, por la sencilla razón de que el no  impedirle la fuga no significa necesariamente colaborarle. En derecho todo hay que probarlo, gústenos o no. Pero hay más: de acuerdo con el Código Penal, los únicos que pueden incurrir en el delito de “favorecimiento de la fuga”, son los servidores públicos o los particulares “encargados de la custodia, vigilancia y conducción del preso”. Ahí no caben ni las enfermeras, ni los odontólogos, ni mucho menos los hijos de Merlano. Pero ocurrió que todo el escándalo y el acoso mediático terminó condicionando el comportamiento de las autoridades, que se vieron obligadas a “hacer algo” para tratar de tapar la vergüenza de la fuga. Pero “hacer algo”, cuando se trata del propio Estado, debe estar sujeto a la Constitución y la Ley. Ese “algo” no puede consistir solo en darle gusto a la galería y violentar los mínimos derechos contemplados en la Constitución y la Ley. 

Puro show y bochinche

El comportamiento de la Fiscalía General, en lo que tiene que ver con la operación de recaptura de Merlano, deja mucho que desear. Le apostó al show y al bochinche, que entretiene al público pero no resiste una valoración legal. Así sucedió con el costoso operativo de captura en Barranquilla y posterior traslado en avión privado a Bogotá de la hija de la ex congresista a altas horas de la noche del pasado jueves. Pocos delincuentes en Colombia han merecido tal despliegue de recursos logísticos, humanos y económicos. ¿Qué sentido tiene capturar a una persona que está amparada por la Constitución para no declarar contra su madre, ni tampoco tiene la obligación jurídica de impedirle su fuga o delatarla? Sostienen algunas autoridades que dicha persona habría instrumentalizado a un menor. Si ello fuera así, ¿cómo se explica que el instrumentalizador sea el cómplice y no el autor? De manera que la explicación del show y el bochinche no podría ser legal, porque no hay razones que justifiquen el proceder de la Fiscalía. La explicación tiene justificación en un elemento perverso: la venganza. A Merlano le capturan a su hija para que ella se presente. Para decirlo en plata blanca: el Estado actúa como una organización criminal que “levanta” a los hijos de sus “enemigos” para obligarlos a dar la cara. Me niego a creer que dos juristas de la talla de Fabio Espitia y Jaime Camacho, hayan avalado semejante procedimiento. En cambio temo que detrás hay algún fiscal subalterno con más alma de gánster que de fiscal delegado. Y es obvio que esa persona está en el lugar equivocado.

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