Ley de sometimiento: ¿qué tan viable es aplicarla en Colombia?
De acuerdo con su proponente, facilitaría la entrega de grupos armados. La oposición asegura que se disfraza de un indulto para los narcotraficantes. Ha sido de los proyectos de ley más criticados.
El objetivo de este proyecto de ley promovido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es poder facilitar la entrega de los grupos armados ilegales que surgieron a partir del paramilitarismo y que tienen como su fuente de financiación el narcotráfico. Todo esto a través de lo que ha considerado el gobierno de Gustavo Petro como el proceso de la paz total. Muchos han sido los cuestionamientos que ha tenido el documento que consta de 54 artículos, y que, según los críticos del proyecto, beneficia directamente a los delincuentes y deja de lado a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
A raíz de la orden que dio el presidente Gustavo Petro del cese al fuego bilateral con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, los interrogantes sobre la viabilidad de este proyecto no cesan. Sin embargo, se ha conocido en los últimos días el interés de otros grupos armados ilegales por sumarse al proceso de paz total, mientras que el Clan del Golfo, por su parte, desmiente los incumplimientos del cese al fuego. Y es que los reparos a la ley de sometimiento propuesta por el ‘Gobierno del Cambio’ no llegan solo de la oposición, referentes de las negociaciones del proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc también se suman.
Es el caso de Rodrigo Rivera, ex comisionado de Paz; Juan Fernando Cristo, ex ministro del Interior; y Yesid Reyes, ex ministro de Justicia, quienes aseguran que no están dadas las condiciones para tramitar la ley de sometimiento, sino que por el contrario se debe avanzar acorde con la voluntad que muestren las organizaciones.
¿Por qué se debe aprobar el proyecto de ley de sometimiento?
Por dos razones fundamentales. La primera es un tema estadístico y de seguridad en el territorio, hoy la guerrilla del ELN representa entre el 10 % y el 12 % de la actividad criminal municipal en Colombia, y las organizaciones criminales de alto impacto representan el 60 %, entonces si nosotros queremos de verdad mejorar la seguridad debemos resolver todo el tema de sometimiento a la justicia. Y la segunda razón es que la ley de sometimiento ya existe desde el orden individual, que es lo que nosotros conocemos como el principio de oportunidad.
¿Es conveniente aplicar este proyecto a los grupos armados ilegales en el país, incluso al Clan del Golfo, a pesar de levantarse el cese al fuego?
El sometimiento tiene que ser visto como la política de la zanahoria y el garrote. La zanahoria es eso, la paz total y los procesos de paz con guerrillas, con el ELN, el sometimiento a la justicia por organizaciones criminales y eso no significa que no aplique una política de seguridad, ambas pueden convivir. De hecho, necesitamos una política de seguridad dura y agresiva para que esas otras bandas se sometan, entonces no se trata de qué es conveniente o no, sino que es una moneda de dos caras, o cómo dije inicialmente: el garrote y la zanahoria.
El fiscal Barbosa ha sido muy crítico con este proyecto, ¿se han tenido en cuenta sus apreciaciones para la estructuración del articulado?
El fiscal Barbosa es un hombre que está haciendo politiquería barata, es un mentiroso compulsivo, él colocó nueve comentarios a la ley y se le fueron acogidos ocho, solo uno quedó por fuera que es el de sentencias complementarias, pero todos los demás van.
¿Se podría enriquecer este proyecto de ley?
El proyecto es lo suficientemente fuerte y lo que se ha acogido del Consejo de Política Criminal deja un proyecto fuerte. Yo creo que hoy tenemos muchos problemas, pero es por los ruidos externos sobre el tema.
¿Por qué no está de acuerdo con la ley de sometimiento?
Evidentemente la reforma que se denomina de descongestión judicial y sometimiento a la justicia es una reforma pronarcotráfico, que busca despenalizar muchos de los delitos de una actividad que ha bañado en sangre al país y que busca beneficiar a criminales que no tienen ninguna desconsideración con la población civil ni con el medio ambiente.
¿Le conviene al país aplicar este proyecto de reforma?
Por supuesto que no le conviene. Para aplicar un proyecto de este tipo se requieren unas normas donde estemos pensando en favor de la seguridad urbana, de la ciudadanía, de las víctimas, y no dándoles gabelas a los narcotraficantes, y acá eso es lo que se está haciendo en una norma para beneficiarlos directamente a ellos.
¿Qué afectaciones podría traerle al país la aprobación del proyecto?
Acá puede haber una excarcelación masiva de narcotraficantes, se puede poner en riesgo a propósito del principio de oportunidad la extradición. Queda claro que si un juez condena a un delincuente por narcotráfico o por lavado de activos, al día siguiente ese condenado puede salir caminando por la calle como Pedro por su casa, eso es gravísimo para la estabilidad del país porque se termina premiando al delito y al delincuente.
¿Se ha tenido en cuenta a las víctimas en la formulación de los artículos?
Las víctimas han sido totalmente olvidadas, parece ser que no le interesan ni le importan al Gobierno, y en ese sentido queda claro que, por ejemplo, se habla primero de lo que el delincuente puede guardar del producido del delito de narcotráfico y no de cómo puede resarcir a las víctimas.
En el caso del beneficio patrimonial, se puede estar estableciendo una forma de enriquecerse por causas delictivas, o sea, el delito paga en Colombia, y con esto también se está vulnerando a las víctimas porque se les están dando muchas gabelas a los delincuentes. Hay unos puntos muy delicados en este proyecto y deben analizarse muy bien.
