El Heraldo
Entre las consecuencias de su relato, el exsenador liberal Álvaro Ashton Giraldo también perdió el beneficio de libertad transitoria. Archivo
Política

Las declaraciones a la JEP del exsenador Ashton que le costaron su expulsión

El tribunal de paz consideró que el excongresista  no esclareció hechos, su dicho fue ambiguo y no aportó una constatación de estos. 

En una decisión emitida el pasado 25 octubre, de 80 páginas, la JEP expulsó de su jurisdicción y le quitó el beneficio de libertad transitoria al ex senador liberal Álvaro Ashton, tras considerar que sus aportes “no esclarecieron ninguna situación, fueron ambiguos, confusos e imprecisos, basados en fuentes judiciales o en comentarios, más no en una constatación y develación de los hechos, que se presumía iba hacerse”.

Fundamentalmente, el excongresista rindió versiones voluntarias de aporte temprano a la verdad los días 13 de septiembre y 24 de octubre de 2018, 6 de diciembre de 2019 y 20 de enero de 2020.

Su sobrino y el hospital

Uno de los temas sobre los que rindió declaraciones fue sobre el nombramiento de su sobrino Fabián Ashton en el Hospital Materno Infantil de Soledad, durante la primera mitad de la década del 2000.

Admitió que fue “tolerante al permitir que mi sobrino Fabián trabajara en dicho centro hospitalario a sabiendas de que estaba controlado por las AUC”, porque “para hacer política en Atlántico, pero sobre todo en Magdalena, era necesario contar con el permiso de las AUC”.

Y afirmó al respecto “el doctor Luis Francisco Romero Racedo (exgerente del hospital) al designar como médico coordinador a Fabián lo hizo premeditadamente, (...) quedaba la sensación de una presunta alianza mía con ese grupo al margen de la ley, que jamás existió (...) y mostraba el doctor al interior de las AUC la cercanía que podría tener conmigo, y con ello insinuar una reciprocidad al apoyo que se le diese al proyecto de Ley de Justicia y Paz”.

Violencia en Barranquilla

Acerca del contexto de violencia en Barranquilla en los años 1999 y 2000, sobre todo contra sindicalistas, aseveró que hubo “un pacto de silencio de la clase política. (…) Todo mundo sabía lo que pasaba y nadie decía nada, en un pacto de silencio de todas las autoridades, incluyendo la clase política, esa es la otra verdad que tengo que decir, nosotros fuimos omisivos, casi que podemos decir que fuimos complacientes con una situación que vivía una ciudad y que vivía una de las costas y el país y no tuvimos la capacidad, la decisión, la valentía, para hacer en su oportunidad las denuncias que había que hacer”.

Extorsión

Relató además Ashton que en diciembre de 2008 le hicieron una exigencia económica de $100 millones al parecer por parte de exparamilitares que, a cambio, garantizaban que no dirían nada en su contra a la justicia: “La Fiscalía reconoció que yo venía siendo extorsionado por desmovilizados de las AUC”.

Las reuniones con alias el Médico
Carlos Mario García, alias Gonzalo o El Médico. Archivo

Alrededor de la reunión sostenida con el comandante político del Frente ‘José Pablo Díaz’ de las AUC, Carlos Mario García Ávila, alias Gonzalo o el ‘Médico’, a mediados de mayo de 2004, aseguró que este le dijo: “Queremos que usted nos haga un buen ambiente con su bancada liberal cuando el Gobierno presente el proyecto de Ley de Justicia y Paz, mediante el cual nosotros aspiramos a que se normalice nuestra reincorporación a la vida civil y tengamos la oportunidad de participar abiertamente en política”.

En contraprestación, las AUC facilitaron su campaña al Congreso en 2006: “Entendí que efectivamente Carlos Mario había hecho la tarea, había hablado con sus amigos en el Magdalena y eso facilitó el proceso electoral nuestro, independientemente que hayan canalizado algunos líderes para que votaran con uno”.

En relación con el trámite legislativo de Justicia y Paz advirtió Ashton: “Pensé que al haberme sentado con unos señores y haberme ellos dicho que les ayudara en ese proceso como en efecto ayudé y que me iban a ayudar con unos votos en el Magdalena, yo pensé que eso no implicaba que yo podía defenderme en la justicia ordinaria, nunca pensé que existía una relación directa con el conflicto y que yo hoy tengo que reconocer que efectivamente yo participé”.

También se refirió a los más de 5 mil votos que obtuvo en Magdalena en 2006: “A pesar de los acuerdos de paz y de la vigencia de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), las AUC aún no se habían desmovilizado y continuaban ejerciendo control”, porque “yo no podría sacar 5 mil votos en el Magdalena, primera vez que me lanzaba en un proceso de allá”.

$400 millones a ‘La Toga’

Sobre el denominado ‘Cartel de la toga’, afirmó que necesitaba “demostrar la relación entre mi denuncia por extorsión y las declaraciones que estos señores hicieron en la Corte a comienzos de 2012, que originaron la apertura de la investigación sobre la ‘parapolítica’”, por lo que el exfiscal Gustavo Moreno inicialmente le exigió “$1.800 millones, que me pareció desproporcionado, y luego $1.200 millones, finalmente quedamos en $800 millones”. Entonces, en enero de 2014 le entregó $200 millones en Cartagena, en el edificio Morros 3, y $200 millones tres meses después en la misma ciudad.

Continuó: “Yo intuía, porque todo lo que me decía era mostrándome que él tenía un equipo y era amigo de fulano y yo veía que él tenía oficina con el magistrado (Francisco) Ricaurte y con la magistrada Luz Marina Díaz y me hablaba siempre del doctor (José Leonidas) Bustos, (...) nunca en ese contexto dejé de pensar cuando comenzaba a plantearme esas cosas que algo oscuro había”.

Sin embargo, la JEP le reprocha que no aportó más nombres al proceso: “Ya yo lo cojo (a Moreno) y le digo, pero dígame quién, como es, y me dijo ‘mire yo tengo que decirle a usted, yo sí tengo algunos amigos con quien yo trabajo pero tengo que cuidar, proteger a esos amigos’”. Posteriormente, en el proceso contra Ricaurte se supo, cita el tribunal de paz, que el exmagistrado dispuso cómo se repartirían los $400 millones con “Bustos, Luis Lyons, Gustavo Malo y el propio Moreno”.

El Hospital Materno Infantil de Soledad. Archivo
La truncada historia del proceso del exsenador liberal en la JEP

En escrito del 15 de marzo de 2018 Ashton presentó una solicitud de sometimiento ante la JEP respecto de los procesos por 'parapolítica' y por el 'cartel de la toga'.

Además, el 7 de febrero de 2019, el fiscal 29 de la Unidad de Administración Pública remitió copia de las diligencias adelantadas en el marco del proceso por el delito de amenazas. Posteriormente, con Resolución 3602 del 16 de julio de 2019, el tribunal aceptó el sometimiento del compareciente en lo que tiene que ver con los procesos por el delito de concierto para delinquir agravado ('parapolítica'), por el delito de cohecho por dar u ofrecer ('cartel de la toga') y por el delito de amenazas.

El proceso por las presuntas amenazas se refiere a una compulsa de copias de la Corte Suprema por un escrito entregado por el exparamilitar Juan Francisco Segura Gómez, privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciaria Metropolitano de Bogotá, en razón a que “dicho congresista lo ha amenazado y presentado denuncias en su contra por falso testimonio, con el único fin de 'enlodar mi credibilidad como testigo que he sido desde el año 2012 y nuevamente en el año 2016', razón por la que su papel como testigo 'se ha visto truncado', ya que no tiene las garantías necesarias para declarar en contra del congresista en cuestión”.

La Procuraduría, además, el 22 de agosto de 2021, advirtió: “(…) La presentación por parte de los comparecientes del compromiso claro, concreto y programado resulta esencial para alcanzar los altos fines del Acuerdo Final de Paz, además, su concurrencia a las citaciones judiciales permite evidenciar el compromiso que el compareciente tiene con el cumplimiento del propio régimen de condicionalidad propuesto”.

Continuó: “Así las cosas, de acuerdo con las consideraciones y observaciones planteadas en el presente concepto, de manera atenta y respetuosa, se solicita a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas requerir a Ashton para que subsane su compromiso claro, concreto y programado, en los términos expuestos, pues lejos se encuentra aún de satisfacer las exigencias de verdad que condicionan su permanencia en esta jurisdicción”.

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