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Por los hechos acontecidos en los últimos días diversos sectores reclaman una profunda reforma policial.
Política

La ley del Montes | ¿Qué hacer con la Policía?

Hoy más que nunca Colombia necesita una Policía legítima, fortalecida y cercana a la ciudadanía.

La salvaje golpiza que dos patrulleros de la Policía Nacional, adscritos al CAI del barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá, le propinaron al taxista y estudiante de derecho Javier Ordóñez hasta matarlo generó una de las crisis más graves en la historia de esa institución. Todos los colombianos, desde el presidente de la República, Iván Duque, hasta el agente más humilde del pueblo más apartado de la geografía nacional se ha pronunciado sobre las posibles soluciones a la delicada situación que atraviesa la centenaria institución.

La muerte de Javier Ordóñez –pero sobre todo la forma como fue atacado con sevicia por los uniformados– desató una serie de protestas que terminaron en asonadas y actos vandálicos contra más de 40 CAI en Bogotá. Pero también produjo una contrarreacción desmedida por parte de la Policía, que acabó con 13 personas muertas a bala en distintos lugares de Bogotá.

Es evidente que la respuesta de quienes están llamados a proteger a la población desbordó todos los límites y evidenció las profundas fisuras que hay entre la institución y un amplio sector de los ciudadanos. Los aterradores videos que circulan en las redes sociales –en los que aparecen uniformados disparando de forma indiscriminada contra civiles desarmados, o los de civiles disparando protegidos por uniformados– demuestran que dentro de la Policía algo anda mal.

Denunciar esos graves hechos no significa un rechazo o una animadversión contra la institución. Todo lo contrario: evidenciar los abusos cometidos por algunos miembros de la Policía quiere decir que a la inmensa mayoría de los colombianos nos duele lo que pasa dentro de la institución y queremos que mejore su comportamiento. No significa –¡ni más faltaba!– promover impunidad o una perversa solidaridad. Colombia necesita hoy más que nunca de una Policía fortalecida, sólida y cercana a los ciudadanos.

Es evidente que los aberrantes hechos sucedidos entre el 9 y el 10 de septiembre en Bogotá hicieron retroceder la legitimidad institucional a los niveles de épocas aciagas de la llamada “Policía política”, encarnada en los tristemente célebres “chulavitas”. De ese tamaño es la gravedad de lo sucedido y por eso mismo nadie puede guardar silencio.

El país no puede darse el lujo de permitir que entre la población y la Policía crezca un abismo que haga imposible las tareas naturales propias de la institución y ello incida en la seguridad ciudadana. Este escenario sólo favorecería a quienes tienen como propósito minar la operatividad y la credibilidad de la institución, que son quienes hoy muestran su regocijo con lo que acontece. A esos sectores políticos interesados en ahondar ese abismo entre la Policía y la población hay que denunciarlos y enfrentarlos.

¿Qué hay que hacer para que la Policía Nacional salga fortalecida de la actual crisis?

¿Hasta cuándo la lucha de poderes?

No deja de ser paradójico que la Policía terminó siendo víctima de su éxito y del fracaso de otras instituciones del Estado. Un grave problema de la Policía es la concentración de tareas y de poderes que tiene. Ello se traduce en una “guerra a muerte” entre los altos oficiales –incluyendo generales– así como en duros ataques por parte de otras instituciones dentro del Estado. La Institución está fragmentada por una lucha de poderes internos, atizada por generales retirados que se niegan a perder su influencia. ¿Un ejemplo? La desaparición del DAS terminó con todas las funciones de seguridad política interna, migración, antecedentes judiciales e Interpol, en manos de la Policía. Existe una poderosa Dirección de Inteligencia que nadie sabe cómo funciona ni para quién trabaja. Adicionalmente se le ha entregado el manejo de las cárceles. Además, el manejo de la política antinarcóticos está fundado de forma mayoritaria en la Policía, hecho que ha sido aprovechado por generales para fortalecer la Institución económica y políticamente. Por cuenta de ello y de sus buenas relaciones con Estados Unidos y con Inglaterra, hoy por hoy la Policía tiene más recursos aéreos que la mismísima Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Y hay más: todas las funciones de investigación criminal e incluso el manejo de plataformas y de exportación de servicios que presta hacen de la Policía un poderoso organismo que algunos ven con temor, como una especie de peligroso 
“Estado” dentro del Estado.

¿Para qué sirve el poderío institucional?

Pero el inmenso poderío institucional de la Policía no se traduce en el bienestar de la mayoría de los hombres y mujeres que la integran. Los patrulleros y todos los grados de lo que ahora se llama “Nivel Ejecutivo” se quejan no solo de las duras condiciones en las que trabajan en las calles, sino de la falta de respaldo institucional y de la ausencia de recursos. El nivel de estrés por las presiones que maneja un patrullero que debe trabajar turnos de 12 y algunas veces de hasta 18 horas es inimaginable. Los servicios médicos deben mendigarlos como cualquier colombiano afiliado al Sisbén. Los préstamos para vivienda se demoran cada vez más y del poco salario que ganan deben costear hasta la peluqueada. No se trata de pretender justificar la corrupción, pero en esas condiciones no es de extrañar la proliferación de “ligas” y “mordidas” por parte de algunos uniformados. Intendentes y subintendentes se quejan de que de un momento a otro les aumentaron 5 años de carrera para obtener la asignación de retiro. Hoy la ciudadanía –entre ellos muchos jóvenes– ve a los agentes no como aliados en la lucha contra los delincuentes, sino como enemigos que les quitan lo poco que ganan. Los altos mandos de la Policía nos deben a los colombianos una respuesta razonada y razonable sobre las supuestas “tomas” a barrios de Bogotá y Cali en noviembre del año pasado. ¿Quién alentó esa campaña de terror en las redes sociales y en los medios? ¿Hubo miembros de la Policía involucrados en ello?

¿Cómo debe ser la reforma estructural de la Policía?

En la actual crisis de la Policía y en momentos en que el país vive una profunda radicalización política marcada por los extremismos, se oyen voces –algunas interesadas y malintencionadas– que claman por reformas profundas en la institución. En ello todos estamos de acuerdo. Sobre ese asunto, las preguntas fundamentales son dos: ¿cómo lograr las transformaciones y con qué propósito? La Policía no puede terminar como la cloaca que se volvió el DAS y que llevó a su desaparición. Una reforma estructural de la Policía debe considerar lo siguiente: 1. No puede dejar de ser nacional. Es irresponsable proponer y promover policías municipales y departamentales. El ejemplo mexicano o inclusive estadounidense de policías al servicio de gamonales de pueblos y municipios es inaceptable. 2. Una Policía adscrita al Ministerio del Interior podría llevarla a una grave politización. Ya estuvo allí y la experiencia fue pésima. Solo hay que recordar los tiempos de Mariano Ospina Pérez en 1948, cuando el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. La Institución aún carga el baldón negro de ser señalada como la “Policía Chulavita”. 3. Debe seguirse con una carrera policial claramente determinada, con oficiales y suboficiales y habría que evaluar a fondo la conveniencia del embeleco del “Nivel Ejecutivo”. 4. Reforma a fondo para diferenciar “seguridad ciudadana” de “seguridad y orden público”. ¿Qué policías queremos? ¿Cercanos y conciliadores o distantes e intimidantes?

No es lo mismo un peligroso atracador que un estudiante alebrestado

Un policía bien formado –que es lo que queremos todos– no puede tratar de la misma manera a un peligroso atracador que a un borracho pernicioso en la vía pública. No es lo mismo un estudiante alebrestado que un asaltante de banco. Punto. No es lo mismo tratar con el capo del narcotráfico que con el adolescente consumidor de marihuana en un parque. En eso consiste la formación policial. En eso consiste la capacitación de los uniformados. Debe haber fuerzas especiales con tareas específicas, pero con una mayor formación, como los Goes, Gaula, Esmad y otros. Todos deben ser sometidos a exigentes procesos de capacitación y evaluación. Su preparación debe darse para las “guerras urbanas”, muy distintas a las “guerras rurales”. En Colombia, por cuenta de la “guerra contra el narcotráfico”, la Policía terminó librando la guerra en el campo, función que era exclusiva del Ejército Nacional. Hay que incrementar el pie de fuerza. Para ello se requiere más y mejores incentivos. Los policías se quejan de que el actual sistema de carrera no premia a los buenos ni castiga a los malos. Por eso muchos prefieren esconderse en lugar de solucionar los problemas. Ser mediocre paga. O peor: ser corrupto es buen negocio. La reforma a la Policía no da espera y la paciencia se acaba. Quedó demostrado que la grave enfermedad no se cura con aspirinas. Se requiere una intervención a fondo. El presidente Duque, que se puso la chaqueta de la institución como jefe supremo de la misma, debe llevarla a cabo. No es momento de ser complacientes ni condescendientes, sino de ser exigentes para salvar una institución que goza del aprecio y el cariño de la inmensa mayoría de los colombianos.

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