La ley del Montes | Crimen y castigo
¿Cuál es el verdadero alcance de la cadena perpetua para los violadores y asesinos de nuestros niños?
De todas las iniciativas aprobadas por el Congreso de la República en la legislatura “virtual” que acaba de terminar, la que más llamó la atención y ocupará titulares de prensa durante los próximos meses –cuando sea reglamentada y sometida a revisión por parte de la Corte Constitucional– es el que tiene que ver con la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad.
El propio presidente Iván Duque celebró con beneplácito la aprobación del acto legislativo: “El Congreso ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias y que esperábamos todos nosotros. Colombia va a tener cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad”, declaró Duque luego de que el Senado aprobara con 77 votos a favor y 0 en contra la cadena perpetua para los casos de “homicidio en modalidad dolosa”, así como el “acceso carnal que implique violencia” cometidos contra los menores de edad.
El representante a la Cámara de Cambio Radical por el Atlántico César Lorduy, ponente de la iniciativa, también se mostró complacido con la nueva ley. “No es cierto que en Colombia haya una pena efectiva de 60 años para violadores y asesinos de los niños, como sostienen quienes se oponen a la iniciativa. En cambio ahora si es verdad que tendrán cadena perpetua, aunque queda abierta la posibilidad de que sea revisada a los 25 años. Pero dicha revisión –que deberá ser discutida durante la reglamentación de la ley– no significa excarcelación de la persona condenada, como sostienen los opositores de la cadena perpetua. Se trata de una revisión que bien podría ratificar la pena impuesta”.
La cadena perpetua para los asesinos y violadores de los menores de edad fue durante muchos años la bandera de la congresista Gilma Jiménez, quien murió sin cumplir su deseo de ver tras las rejas por el resto de sus días a quienes violen a menores de edad. Su legado continuó en manos de Yohana Jiménez, su hija, quien también fue de las primeras en expresar su regocijo con la nueva ley. “Es un sueño cumplido, un gran logro y un homenaje a la memoria de mi madre. Vamos a trabajar de forma incansable para lograr esa política pública integral de protección, para que en Colombia no vuelvan a violar ni asesinar a un solo niño”, declaró Jiménez, al celebrar la aprobación de la nueva ley, después de superar varios intentos de algunos congresistas por hundirla, entre ellos el senador Roy Barreras.
Para Barreras la nueva ley es inútil y no soluciona el gravísimo problema de fondo de la violación de los menores de edad en país. “Con este acto legislativo, este Congreso virtual, minusválido e inútil violó la Constitución y la Ley”, sostuvo Barreras, uno de los más férreos opositores de la iniciativa.
Otro congresista que no ahorró ningún tipo de descalificación a la cadena perpetua contra los asesinos y violadores de niños fue el representante a la Cámara por el Polo Democrático Germán Navas, quien se refirió a la misma como “innecesaria”, al tiempo que le auguró muy poco futuro, pues según sus palabras no resistirá la revisión de la Corte Constitucional.
“Lo que se requiere – sostuvo Navas – es una justicia rápida y efectiva, así como más educación. El objetivo de la pena debe ser siempre la resocialización del condenado, pero con la cadena perpetua se renuncia a ese principio”.
Otros opositores de la cadena perpetua para los violadores y asesinos de los menores de edad sostienen que el verdadero problema no es la pena impuesta, sino la impunidad. De hecho, según estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, el 95 por ciento de los casos de violación no son judicializados en el país. Una de las razones para ello es el hecho –también muy grave– de qué buena parte de las denuncias no se realizan por parte de familiares de los menores, puesto que en la mayoría de los casos los delitos son cometidos por parientes allegados a los menores, según estadísticas de la propia Fiscalía.
En un país donde muchas veces los criminales no solo no reciben ningún tipo de castigo, sino que en algunas oportunidades son premiados por su actuar delictivo –lo que les permite hacer ostentación de su impunidad– que los violadores y asesinos de los menores reciban la cadena perpetua como castigo genera de inmediato un gran respaldo popular. De hecho, todas las encuestas realizadas, después de la aprobación del acto legislativo, dieron como resultado un respaldo abrumador a la iniciativa.
La nueva ley también significa el cumplimiento por parte del presidente Duque de uno de los compromisos adquiridos durante la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. De igual manera pone de nuevo en los primeros lugares de la agenda nacional los derechos de los niños, que son prevalentes en la Constitución Nacional. Nada puede estar por encima de los derechos de nuestros niños y por ello la aprobación de la nueva ley ratifica el cumplimiento de ese mandato.
¿Cuáles son los verdaderos alcances de la ley que impone la perpetua para violadores y asesinos de los menores de edad?
Aunque los contradictores del acto legislativo que establece la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad sostienen que el problema es la impunidad y no la pena, no se puede soslayar que toda ley tiene un efecto disuasivo fundamental. A la ley hay que respetarla y temerle. Pero en Colombia — por desgracia — los delincuentes no le temen a la ley. Se la pasan por la faja. Punto. Y en ese sentido una cosa es una pena de 60 años, que podría terminar en 20 o menos, y otra bien distinta es una pena de cadena perpetua sin ningún tipo de gabela que permita redimirla.
La revisión de la cadena perpetua a los 25 años de haber sido impuesta no significa la libertad del condenado, como sostienen los detractores de la nueva ley. La revisión también significa ratificación de la condena. De cualquier manera la revisión de la pena a los 25 años deberá ser analizada y discutida durante la reglamentación del acto legislativo.
El año 2018 ha sido de los más trágicos en lo que tiene que ver con abusos y violaciones a menores de edad en Colombia: 21.516 casos fueron registrados entre enero y noviembre de ese año. ¡Es una verdadera monstruosidad! El año pasado las cifras también fueron alarmantes y las autoridades se muestran impotentes para ponerle fin a esta tragedia que no solamente frustra los sueños de nuestros niños, sino que muchas veces acaba con sus vidas.
En este sentido la cadena perpetua para estos criminales busca también enviar el mensaje de no tener ningún tipo de contemplación desde el punto de vista legal para con quienes acaban las ilusiones y las vidas de los menores. En ese sentido el mensaje debe ser contundente e implacable: cero tolerancia con los abusadores, violadores y asesinos de nuestros menores. Colombia no puede seguir siendo el reino de la impunidad de los criminales y violadores de menores de edad.
Aunque la impunidad es sin duda un grave problema a la hora de castigar a los abusadores, violadores y asesinos de menores de edad, ello no puede servir de pretexto para no castigar de manera ejemplar a estos delincuentes. Todo lo contrario: hay que combatir la impunidad, pero también se deben incrementar las penas para los violadores y asesinos de menores de edad, quienes — está demostrado de manera científica — jamás logran resocializarse.
La cadena perpetua es la máxima pena impuesta en el país a este tipo de delincuentes. Y está bien que así sea, porque quienes atentan contra la integridad y la vida de nuestros niños merecen el más drástico de los castigos y la más implacable de las condenas. No se trata de “legislar para la galería”, como alegan algunos detractores del acto legislativo, sino de defender de forma con todas las fuerzas los derechos de los niños del país.
Luego de la promulgación de la ley el Gobierno nacional dispone de un año para presentar ante el Congreso de la República un proyecto que reglamente la cadena perpetua para violadores y asesinos de los menores del país. La reglamentación deberá ocuparse de asuntos como la llamada “pena de 25 años”, contemplada en la revisión de la condena impuesta a uno violador, después de haber cumplido los primeros 25 años de condena. Ahí — dicen algunos detractores de la Ley — queda abierta la posibilidad de que el violador recupere la libertad por buena conducta, por estudios y otro tipo de actividades resocializadoras.
Es decir, que la llamada cadena perpetua terminaría siendo de apenas 25 años, mucho menor de las que hay en la actualidad para ese tipo de delitos. El otro asunto del que deben ocuparse Gobierno y Congreso es el que tiene que ver con el actual sistema carcelario donde impera el caos y la corrupción. Este modelo no es el indicado para llevar a cabo iniciativas ambiciosas y drásticas como la cadena perpetua para los violadores de menores.
