La ley del Montes | 10 verdades y mentiras del caso The New York Times

¿Quiénes ganan y quiénes pierden en el choque de poderes entre el gobierno colombiano y el influyente diario de Estados Unidos?

Política

¿Quiénes ganan y quiénes pierden en el choque de poderes entre el gobierno colombiano y el influyente diario de Estados Unidos?

Nada que amaina el Tsunami que desató la publicación del diario The New York Times sobre la posibilidad de que en Colombia reapareciera durante el gobierno de Iván Duque la práctica criminal conocida como los “falsos positivos”. Y está bien que el debate se mantenga, pues lo peor que puede pasarle al país en estos momentos es reabrir la página de terror escrita por miembros del Ejército Nacional en las últimas décadas y que tantas vidas inocentes costó. Eso no puede volver a ocurrir.

Como sucede casi siempre que se producen este tipo de hechos de gran impacto mediático, la verdad no puede mostrarse ni analizarse en blanco y negro, que es lo que ha venido ocurriendo. Es urgente y necesario mirar los matices que tiene la historia. Veamos las 10 verdades y mentiras del “caso The New York Times”:

Falsos positivos no son una política de Estado

Creer o -peor- afirmar que los llamados falsos positivos obedecen a una política estatal es una falacia monumental y perversa. Nunca lo ha sido. No lo fue antes y ahora mucho menos. Los casos en los que se han visto involucrados oficiales del Ejército están siendo investigados por los tribunales de Justicia y varios de ellos hoy están tras las rejas. No es, pues, una conducta criminal sistemática que cuente con la complicidad -o la tolerancia- de los distintos organismos de control e investigación del Estado, como la Fiscalía, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo, entre otros.

Tampoco es cierto, como sostiene The New York Times, en su editorial del pasado viernes, que el presidente Iván Duque está “saboteando el proceso de paz”, firmado por Juan Manuel Santos y las Farc. Eso no es verdad. Tanto es así que conformó una comisión del más alto nivel para que revise los llamados “manuales operacionales” del Ejército. Ningún Presidente en la historia reciente del país había llegado tan lejos a la hora de depurar algunas conductas irregulares o abiertamente ilegales de nuestras instituciones armadas. Ni siquiera Santos.

La paz la sabotean antiguos jefes de las Farc

The New York Times debe entender que el comportamiento saboteador del proceso de paz está en la otra orilla. Es decir, en la orilla de los antiguos jefes de las Farc, como Iván Márquez, quien desde la clandestinidad envió una cínica carta al presidente Duque en la que sostiene que “fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo”. Llama la atención que el diario estadounidense ignore por completo la carta de Márquez -cuyo comportamiento evasivo justifica- para dedicarse a regañar a Duque.

La carta de Márquez fue respondida por Rodrigo Londoño, presidente del partido político Farc, quien le recriminó haber abandonado su curul como congresista “cuando más necesitamos su presencia”. En lugar de justificar la fuga de Márquez -envuelto en el escándalo de la coca junto con Jesús Santrich y su sobrino, Marlon Márquez, hoy colaborador de la Justicia de Estados Unidos- The New York Times debió reconocer el compromiso de Londoño y los demás desmovilizados con la paz.

Duque no está desintegrando la paz

The New York Times afirma en su editorial -posterior al artículo donde denunció el supuesto resurgimiento de los “falsos positivos”- que “con la nación liderada por oponentes de los acuerdos, la paz se estaría desintegrando, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia”. Sostener que la paz en manos de Duque se está “desintegrando” es no solo irresponsable, sino irrespetuoso con el jefe del Estado colombiano.

El diario estadounidense no puede ignorar -y lo ignora- un hecho objetivo que no admite discusión: en Colombia hay sembradas más de 200.000 hectáreas de coca, que sirven para procesar toneladas de cocaína que son consumidas en su inmensa mayoría en las calles de las ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York, sede del prestigioso periódico. Es el narcotráfico el que podría desintegrar no solo la paz, sino la propia democracia, la misma que The New York Times pondera en su Editorial. En lo que si tiene razón el diario es en afirmar que si se desintegra la paz sería un desastre. En eso estamos de acuerdo todos.

Congresistas gringos entrometidos

La carta de 79 congresistas de Estados Unidos al secretario de Estado, Mike Pompeo- pidiéndole que “presione” a Duque para que se cumplan los acuerdos de paz, es -al igual que el editorial de The New York Times- irrespetuosa y grosera. ¿Qué pensarían en ese país de una carta enviada por decenas de congresistas colombianos al canciller Carlos Holmes Trujillo, pidiéndole que le exija a Donald Trump que suspenda -por ejemplo- el envío de tropas al Oriente Próximo, por cuenta de sus constantes roces con Irán? ¿Cómo la interpretarían? Esa intromisión en los asuntos internos de un gobierno es inaceptable tanto en la Casa Blanca como en la Casa de Nariño. Punto.

Los “falsos positivos” son creación de EEUU

La criminal práctica del “body count”, llamada por algunos estudiosos como el “síndrome de conteo de bajas”, nació en la Escuela de las Américas, creada por Estados Unidos durante la “Guerra fría” para tratar de contener la expansión comunista en América Latina. Fue en los cursos de entrenamiento de la Escuela de las Américas en Panamá donde los oficiales de los ejércitos de America Latina aprendieron a torturar y desaparecer civiles “sospechosos de trabajar para el enemigo”. A más muertos, más premios y mejores ascensos. Esa premisa absurda y criminal fue puesta en práctica en los 60, 70 y 80 por algunos gobiernos, entre ellos los golpistas de Chile, Argentina y Paraguay.

Embajadores de EEUU ya lo habían advertido

La desclasificación de varios archivos en Estados Unidos, hace cerca de 20 años, permitió conocer las denuncias de algunos embajadores de ese país en Bogotá, en lo que tiene que ver con la supuesta relación de oficiales del Ejército Nacional con organizaciones criminales. En 1990, por ejemplo, el jefe de la sede diplomática Thomas McNamara informó sobre la información que habría recibido sobre presuntos vínculos de oficiales con grupos de “autodefensas”. Versiones parecidas suministraron en su momento Myles Frechette y Kurtis Kamman. Uno y otro informaron sobre versiones de altos oficiales que se quejaban de no ser ascendidos por no mostrar resultados contundentes en sus operaciones “contraguerrilleras”, que tendrían que ver con prácticas de “body count”, que tiempo después servirían para justificar los llamados “falsos positivos”.

¿Relaciones tormentosas?

En momentos en que Estados Unidos no sabe todavía qué hacer con Venezuela, mal haría Donald Trump en abrir un “frente inamistoso” con Colombia. Tampoco le conviene a Colombia buscarle pleito al Tío Sam. La razón es muy simple: en su lucha contra Venezuela, Trump no puede encontrar mejor aliado que Duque, quien ha dado pruebas más que suficientes sobre su compromiso con la causa contra Maduro. Ahí radica el error en la lectura que el gobierno colombiano hizo del artículo de The New York Times. En lugar de tomar medidas de inmediato, como acaba de ocurrir con la creación de la comisión para evaluar los manuales operacionales del Ejército, prefirió negar lo que después admitió y ahora pretende corregir. La confrontación pública con el periódico terminó escalando un asunto que pudo manejarse de otra manera. Hoy tiene al periódico y a un buen número de congresistas con los dientes afilados.

Comisión sí, pero ojalá de expertos

La creación de una comisión de alto nivel para evaluar los manuales de procedimiento del Ejército Nacional tiene tanto de ancho como de largo. Nadie puede dudar de las calidades profesionales de sus tres miembros: Hernando Yepes, Mauricio González y Alfonso Gómez Méndez tienen prestigio e independencia para llevar a cabo la misión asignada. Pero ninguno es experto en operaciones militares y en los procedimientos que las acompañan, sobre todo en un conflicto complejo e irregular como el colombiano. La guerra colombiana no es convencional y tiene una serie de elementos que hacen más difícil su análisis. Esa fue una de las razones por las cuales los militares durante mucho tiempo opusieron resistencia a la designación de un civil como Minis tro de Defensa. En el conflicto colombiano se da una estrecha relación del enemigo -o de los enemigos- con el narcotráfico. ¿Qué ideología hay detrás de las bandas criminales? Ninguna.

¿Detrás de las disidencias de las Farc? Ninguna.

Se requiere con urgencia un mayor control civil

El mejor ministro de Defensa no es aquel que justifica los abusos de las Fuerzas Militares. Es aquel que sin dejar de ser solidario con quienes entregan su vida por garantizar la nuestra, también vigila su comportamiento. Una cosa es la solidaridad y otra la complicidad. El ministro Guillermo Botero debe ejercer un mayor control sobre quienes incurran en conductas ilegales. Así como en las Farc hay quienes añoran la guerra, en el Ejército hay quienes quisieran “seguir contando muertos”. Y eso un Ministro de Defensa no lo puede permitir.

Presidente, condenar los abusos no es suficiente

El presidente Duque debe pasar de las palabras a los hechos. La declaración condenando los abusos y desmanes de algunos miembros del Ejército no es suficiente. Las palabras deben estar acompañadas de actos contundentes que envíen el mensaje tanto a la tropa como a la opinión pública de que su gobierno tendrá cero tolerancia con quienes deshonren el uniforme que portan. Un solo caso de abusos y desmanes contra civiles inocentes debe ser sancionado de forma drástica e implacable. Esa es la mejor forma de demostrar que los llamados “falsos positivos” son cosa del pasado.

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