JEP: ecos de un acuerdo que divide opiniones

Aunque la ampliación del número de magistrados y la implementación del mecanismo contra los falsos testigos fue precedido por una esperanzadora reunión inédita privada entre los quizá más duros enemigos políticos del país, los cambios a la JEP siguen generando polémica dentro y fuera del país.

A pesar además de que desapareció el fantasma de la sala especial para militares, que generaba rechazo en la Corte Penal Internacional, CPI, y los defensores del acuerdo de paz, algunos sectores de la izquierda ven en la inclusión de los nuevos togados un desconocimiento a la labor de los juristas que ya integran el tribunal de paz, mientras que algunos sectores de la derecha reciben la ampliación de la planta de magistrados como una medida que solo provocará despilfarro de los recursos públicos.

Los nuevos magistrados. Lo que se aprobó esta semana en primer debate en la Comisión Primera del Senado -luego de una reunión de más de nueve horas entre archienemigos políticos como el expresidente Álvaro Uribe, el excandidato Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y la Farc- fue desechar lo de las salas especiales y, en cambio, reforzar con 14 magistrados más las actuales salas de la JEP.

Estos nuevos juristas serán elegidos por un comité especial, independiente y autónomo, integrado por delegados del Consejo Superior de la Judicatura y de la Procuraduría.

Además, los nuevos togados que se escojan deberán ser especializados en derechos humanos, derecho internacional humanitario y en manuales operacionales de las Fuerzas Armadas.

La JEP, actualmente, está compuesta por 51 magistrados (el 53% mujeres, más del 10% indígenas, más del 10% afrocolombianos y el 61% de fuera de Bogotá -siete costeños), quienes se dividen en 20 miembros del Tribunal para la Paz, 18 titulares de las Salas de Justicia, 7 suplentes del Tribunal para la Paz y 6 suplentes de las Salas de Justicia.

La célula legislativa de asuntos constitucionales, así mismo, avaló que para los procesos ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, la sola confesión o la comparecencia ante el Tribunal de Paz no será la única prueba utilizada para el juzgamiento, sino que ésta deberá ser contrastada con otras investigaciones, para evitar la presentación de falsos testigos.

El descontento de la Farc

No obstante a que en las reuniones con Uribe; la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y parlamentarios del Centro Democrático como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, asistieron los ex jefes de la desmovilizada guerrilla y hoy partido político Farc, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Lozada y Sandra Ramírez, los otrora rebeldes emitieron días después de la aprobación un comunicado en el que manifiestan su rechazo al acuerdo político de la Comisión Primera de Senado.

Advierten que si esos cambios de la JEP entran en vigencia pedirán la intervención de la CPI, que “sin duda encontrará motivos para dar un paso más allá de la situación actual de observación a Colombia”; critican que la misma “institucionalidad” que será juzgada en la JEP será la que escogerá sus propios magistrados y ponen de presente la preocupación de que con estas modificaciones se abra la puerta para otros proyectos que “desnaturalicen” el acuerdo de paz.

Aseveran que hay una “clara intención de desvirtuar los propósitos principales del sistema de justicia contenido en el acuerdo de La Habana” con “la introducción en el texto aprobado del término ‘confesión’, obviando que la JEP creada por el acuerdo de paz tiene como columna vertebral el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas y frente a todo el país”.

Señalan además que el nuevo proyecto aprobado establece “grupos de magistrados” en la JEP que “trabajarán de manera separada en el estudio de los casos de las guerrillas y de agentes del Estado”, lo que, según ellos, “supone la conformación  de salas y secciones de la JEP separadas para miembros de la fuerza pública y agentes el Estado”.

Y recuerdan que el acuerdo de paz de Cuba tiene carácter de acuerdo especial a la luz del Derecho Internacional Humanitario, que su texto fue incorporado en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en virtud de una declaración unilateral del Estado colombiano, y que hace parte de la Constitución por vía del bloque de constitucionalidad.

Lo que dijo la CPI

Posterior a una reunión con el presidente Iván Duque, el fiscal adjunto de la CPI, James Stewart, reiteró las inquietudes que ha venido haciendo públicas el tribunal internacional en relación con el procedimiento diferenciado de juzgamiento de los uniformados en la JEP.

“La creación de una sección, y de un procedimiento separado para las fuerzas militares, que los separe del marco existente de la JEP, creará un mayor retraso en la realización de la justicia para casos que requieren atención urgente. Esto será visto de forma negativa por parte de la fiscal de la CPI por razones que ya deben ser ampliamente conocidas”, dijo.

La fiscal de la CPI, agrega Stewart, también ha visto con preocupación las disposiciones del segundo párrafo del artículo 11 de las reglas de procedimiento de la JEP, que excluye los siguientes objetivos de las investigaciones relativas a conductas presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas armadas: develar el plan criminal, establecer la estructura del procedimiento de la organización criminal, sus redes de apoyo, y las características del ataque y los patrones macro criminales.

El representante de la ONU en Colombia, Alberto Brunori, a su vez, hace un par de semanas en un concepto ante la Corte Constitucional, que estudia una demanda contra la Ley de Procedimiento de la JEP, advirtió que un procedimiento distinto para los uniformados “condiciona la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a las decisiones individuales de los involucrados, creando un tratamiento diferenciado para las víctimas que carece de racionalidad y coherencia”.

Y añadió el ente multilateral al respecto: “El tratamiento diferenciado que se ha establecido para los miembros de la fuerza pública restringe indebidamente el acceso a la protección judicial efectiva y crea un trato discriminatorio y desigual no justificado, que no es razonable a la luz de las obligaciones internacionales del Estado. La realización de los derechos de las víctimas no puede estar sometida a la voluntad y conveniencia de los comparecientes”.

La respuesta del Gobierno

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que apoya el acuerdo sobre la JEP a que se llegó en el primer debate en el Senado porque “hace justicia a los uniformados dándoles una oportunidad dentro del esquema de la JEP, lo que es un reconocimiento a la justicia transicional”.

Frente a lo dicho por Stewart, señaló: “Se ha especulado con la visita del fiscal adjunto de la CPI, para generar un pánico a quienes están tomando decisiones libremente. Este no es un tema nuevo: desde junio de 2014 está en etapa de admisibilidad el proceso ante la CPI, y los que hoy amenazan con la CPI cerraron filas sobre que aquí no va a haber impunidad, se garantiza la justicia y la verdad y se respeta a las victimas”.

Y concluyó la titular de la cartera política en relación con el asunto de la Corte Penal Internacional: “Quiero pedirles que no le tengamos miedo a una visita de la CPI, que entre otras fue concertada con el Gobierno, y lo único que pretendemos con esto es equilibrar las cargas para los policías y militares”.

También pareció satisfecho con lo aprobado el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien consideró: “Creo que la reforma a la JEP aprobada logra terminar con las críticas sobre la supuesta parcialidad de la JEP sin afectar los derechos de las víctimas, a lo menos respecto al valor de las confesiones. Seguiremos los debates con atención y esperamos que los partidos respeten el acuerdo alcanzado”.

De otro lado, el abogado y activista barranquillero de izquierda, José Antequera, puso de presente sus reparos frente a lo avalado: “No amanecemos con una JEP más legítima porque tendrá más equilibrio con nuevos magistrados sino con una JEP más cuestionada sobre la que se acepta como cierto que sus magistrados actuales no son imparciales. No nos vendan eso como un triunfo porque no lo es”.

Por su parte, la periodista española Salud Hernández tampoco ve con buenos ojos el refuerzo de togados en el tribunal de paz: “Es despilfarrar dinero aumentar el número de magistrados. Es el mismo tribunal. La misma JEP. La izquierda vuelve a ganar. No hay más que escuchar a sus voceros celebrar”.

En cambio, la representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, quien hizo parte de la mesa de paz, opinó que lo alcanzado en la célula legislativa constituye un logro para la justicia transicional: “Logramos derrotar la idea de crear una sala paralela para los militares. Habríamos preferido hundir el proyecto pero no teníamos las mayorías. Este texto preserva la estructura de la JEP y busca garantizar los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los militares”.