JEP da inicio a estudio priorizado de los casos de ‘falsos positivos’
Cesar aparece como el tercer departamento del país con mayor número de ejecuciones extrajudiciales. Serán llamados a versión voluntaria 1.750 uniformados.
La Justicia Especial para la Paz informó este lunes que dará inicio al estudio, priorizado, de los casos de los mal llamados 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado.
A través de un comunicado, el sistema de justicia transicional reportó que "se inicia la etapa de reconocimiento de la verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas con base en el informe No. 5 de la Fiscalía General de la Nación denominado 'Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado'".
Explicó la JEP al respecto que para priorizar este caso, la Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta que la Corte Penal Internacional, CPI, llamó la atención de este fenómeno en el marco del examen preliminar que adelanta sobre la situación colombiana, desde junio de 2004.
La Secretaría Ejecutiva recibió del Ministerio de Defensa 10 listados que en total incluyeron a 1.944 miembros de la fuerza pública que manifestaron expresamente su voluntad de comparecer ante la JEP. Estas personas se encuentran involucradas en 2.586 casos relacionados, prima facie, con hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.
"De estos, 1.750 comparecientes son integrantes del Ejército Nacional y a la fecha 965 miembros de la fuerza pública se han beneficiado con la libertad transitoria, anticipada y condicionada y otros 134 con la privación de la libertad en unidad militar o policial", indicó la Sala.
Más del 90% de los miembros de la fuerza pública sometidos voluntariamente lo hicieron por hechos relacionados con muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate, conocidas como 'falsos positivos', se lee en el comunicado.
"El Informe No. 5 de la Fiscalía a la JEP identifica un total de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014. (...) El fenómeno allí descrito aumenta de manera sustancial a partir del año 2002 y muestra su etapa más crítica entre 2006 y 2008", advierte la JEP.
Según la información recibida, el 45% de las víctimas eran campesinos y el 30% se dedicaba a actividades productivas informales en las ciudades.
"Los perfiles de las víctimas incluyen defensores de los derechos humanos, sindicalistas, defensores de los derechos de las mujeres, de las víctimas y las minorías; lesbianas, gais, bisexuales y transgénero; personas con discapacidad física o mental y adolescentes, entre otros. Entre las víctimas también se cuentan miembros de comunidades indígenas, especialmente kankuamos, wiwas y wayúus", reporta el sistema judicial.
En Antioquia se presentó la mayor cantidad de hechos, seguido de Casanare, Cesar, Meta y Norte de Santander.
Los informes acopiados indican que hay cerca de 2.100 procesos judiciales por estos casos.
"En el marco de esta etapa, se dará inicio al llamado a versiones voluntarias correspondiente. (...) En las próximas semanas la Sala decidirá a quiénes y en qué orden llamará a versiones voluntarias entre los 1.750 militares comparecientes a la JEP", concluye el boletín.