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JEP da inicio a estudio priorizado de los casos de ‘falsos positivos’

Cesar aparece como el tercer departamento del país con mayor número de ejecuciones extrajudiciales. Serán llamados a versión voluntaria 1.750 uniformados.

La Justicia Especial para la Paz informó este lunes que dará inicio al estudio, priorizado, de los casos de los mal llamados 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado.

A través de un comunicado, el sistema de justicia transicional reportó que "se inicia la etapa de reconocimiento de la verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos  y conductas con base en el informe No. 5 de la Fiscalía General de la Nación denominado 'Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado'".

Explicó la JEP al respecto que para priorizar este  caso, la Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta que la Corte Penal Internacional, CPI, llamó la atención de este fenómeno en el marco  del examen preliminar que adelanta  sobre la situación colombiana, desde  junio de  2004.

La Secretaría Ejecutiva recibió del Ministerio de Defensa 10  listados que  en  total incluyeron a 1.944  miembros  de  la  fuerza pública que manifestaron  expresamente  su  voluntad  de comparecer ante  la  JEP.  Estas  personas se encuentran involucradas  en  2.586 casos relacionados, prima  facie, con  hechos ocurridos en el  marco del conflicto armado. 

"De estos, 1.750  comparecientes  son  integrantes del  Ejército  Nacional y a la  fecha 965 miembros de la fuerza  pública se han beneficiado con la libertad transitoria, anticipada y condicionada y otros 134 con la  privación de la libertad en unidad militar  o policial", indicó la Sala.

Más  del 90% de los miembros  de  la fuerza pública sometidos  voluntariamente lo hicieron por hechos  relacionados con muertes presentadas ilegítimamente  como  bajas  en  combate,  conocidas como 'falsos  positivos', se lee en el comunicado.

"El Informe No. 5 de la Fiscalía a la JEP  identifica un total de 2.248 víctimas  entre 1988 y 2014. (...) El fenómeno allí  descrito aumenta de manera sustancial  a partir del año 2002 y muestra  su  etapa  más crítica entre 2006 y 2008", advierte la JEP.

Según la información recibida, el 45%  de las víctimas eran campesinos y el 30%  se dedicaba a actividades productivas  informales en las  ciudades. 

"Los perfiles de las víctimas incluyen defensores de los derechos humanos,  sindicalistas, defensores de  los  derechos de las mujeres, de las  víctimas y las minorías; lesbianas, gais,  bisexuales y transgénero; personas con  discapacidad física o mental y  adolescentes, entre otros. Entre  las  víctimas también se cuentan  miembros  de  comunidades  indígenas,  especialmente kankuamos, wiwas  y  wayúus", reporta el sistema judicial.

 En Antioquia  se  presentó  la  mayor cantidad  de  hechos,  seguido de  Casanare,  Cesar,  Meta  y  Norte  de  Santander.

Los informes acopiados indican que  hay cerca de 2.100  procesos  judiciales por  estos casos.

"En  el  marco  de  esta etapa, se dará inicio  al  llamado  a versiones  voluntarias correspondiente. (...) En  las  próximas  semanas la Sala decidirá a  quiénes y en qué orden llamará a  versiones voluntarias  entre  los 1.750  militares  comparecientes  a  la  JEP", concluye el boletín.

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