El Heraldo
Acto de instalación del último periodo del Congreso presidida por el Presidente Juan Manuel Santos y al que asitió el fiscal Néstor Humberto Martínez. Archivo
Política

Gobierno, Congreso y fiscal llegan a acuerdo sobre la JEP

Se dejó claridad sobre la situación jurídica de testaferros, reincidentes y desertores de las Farc. Todos perderán beneficios de la Justicia de Paz

Luego de la reunión que se realizó de este miércoles en la Casa de Nariño entre el presidente Juan Manuel Santos, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, los parlamentarios ponentes del proyecto de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se logró un acuerdo en varios de los temas de dicha iniciativa que habían sido fuertemente criticados por el jefe del ente investigador.  

Del encuentro se resolvió, por tanto,  cuál será el tratamiento que recibirán los disidentes, desertores, reincidentes y testaferros de las Farc, así como  aquellos que hayan seguido en el negocio del narcotráfico luego del 1 de diciembre de 2016. En plata blanca, todos perderán los beneficios que ofrece la Jurisdicción Especial para la  Paz y serán juzgados bajo los parámetros de  la justicia ordinaria. 

“El narcotráfico que se haya hecho con anterioridad a la vigencia del acuerdo es competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, los delitos que se inicien con posterioridad a la vigencia de los acuerdos son competencia de la justicia ordinaria”, dijo Martínez  luego del encuentro en Palacio cuando se encontraba en el Congreso participando del debate sobre la ley estatutaria de la JEP. 

“Sobre los desertores se establece que quien se haya desmovilizado y después del 01 de diciembre de 2016 se vuelva a alzar en armas contra el estado como rebelde o entre a formar parte de una organización criminal, pierde todos los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz y la competencia para el conocimiento de sus delitos es exclusiva de la jurisdicción ordinaria”, añadió.

Martínez había expresado esta semana su preocupación frente a la posibilidad que el modelo de justicia transicional abriera una “puerta giratoria” que diera beneficios a los excombatientes  que siguieran delinquiendo. 

“Por ello celebro que se haya aceptado toda las preocupaciones que propuso la Fiscalía”, expresó el funcionario judicial en el Capitolio. 

Con ese consenso logrado, el trámite del proyecto que reglamenta la JEP empieza a destrabarse al interior del Congreso. 

En la sesión de este miércoles se aprobaron otros tres artículos: el 7, 27 y 48.

De estos, resalta el 48 en el que se establece que aquellos agentes del Estado que se acojan a los beneficios de la JEP no estarán exentos de las obligaciones de reparación y contribución al esclarecimiento de la verdad que les fueran impuestas por el Tribunal de Paz.

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