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Oneida Pinto acudió con un atuendo wayuu a la audiencia. Johnny Hoyos
Política

Fiscalía y Procuraduría piden cárcel para Oneida Pinto

Acusan que la exgobernadora planea huir a Venezuela.

Tanto la Fiscalía como la Procuraduría solicitaron este viernes ante el juez 35 de garantías dictar medida de aseguramiento carcelario contra la ex gobernadora de La Guajira Oneida Rayeth Pinto Pérez, por ser “un peligro para la sociedad” debido a la gravedad de los delitos señalados; por “el peligro de obstrucción a la justicia”, dado “el poder político que aún ostenta en la región y la capacidad de influir en los testigos” y por “el riesgo de no comparecencia, pues un testigo advirtió que ella estaba pensando en irse a Venezuela”.

Al inicio de la diligencia, la exmandataria decidió no allanarse a los delitos comunicados y por lo tanto renunció a las prebendas jurídicas y prefirió enfrentar el juicio por los hechos que se le endilgan.

Los delitos imputados fueron los de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

El nuevo defensor de Pinto, el exfiscal Antonio Luis González, pidió que el fiscal 28 Anticorrupción, Carlos Castañeda, leyera con detalle los cerca de 7 mil documentos que asegura fueron falsificados. Pinto coadyuvó la solicitud de su apoderado.

El fiscal, por su parte, advirtió que hay testimonios de personas que aseguran que parte de los 6.591 millones de pesos que se habrían robado de los contratos, fue llevada a la propia casa de Pinto Pérez.

Indicó además el investigador que una de los 10 subcontratistas que a su vez subcontrataron a 1.459 personas para que votaran por ella, Xiomara Sánchez, “ha contado con detalle cómo sucedieron los hechos y ha sido amenazada, igual que el fiscal del caso en La Guajira, Gentil de León Mármol. Y el ex alcalde de Albania Yan Kéller Hernández, también está pidiendo protección porque decidió colaborar y contar todo lo sucedido”.

Y es que, “los 10 subcontratistas han hablado del control total que tenía Oneida Pinto sobre lo que tenían que hacer para llevar a cabo la empresa criminal. Incluso, salían del banco BBVA con la plata en efectivo, en bolsas de basura, y se la entregaban a personas de confianza de Oneida Pinto para que se la llevaran a la casa”.

Advirtió que “Pinto se inventó el programa de reducción de la mortalidad infantil, para sacar recursos para su campaña”.

Y agregó: “Y es que las víctimas de Pinto son niños indígenas, de La Guajira, es decir los más vulnerables entre los vulnerables”.

A su turno, la procuradora delegada, Mónica Sánchez, encontró “satisfechos los requisitos para imponer la medida en centro carcelario” y agregó que, además, “hay inferencia razonable de su responsabilidad como determinadora y hay un grave peligro para la comunidad y para el proceso si no es recluida con medida intramural”. Y, por último, “hay riesgo de no comparecencia, pues un testigo afirmó que ella estaría pensando en irse a Venezuela”.

Puso de presente que “estos convenios además venían con recursos de las regalías, recursos públicos para temas sociales de las regiones”, y criticó que “este dinero se menudeó a más de mil personas para un interés electoral”.

Por último, la procuradora señaló que “en medio de los múltiples aplazamientos de la imputación contra Pinto, que finalmente había sido citada para el 21 de marzo, hubo una llamada el 6 de marzo del exalcalde Hernández a la Fiscalía y dice que Oneida lo llamó y que ella estaba pensando en irse a Venezuela, debido a esto la detienen el 7 de marzo, y por eso también hay riesgo de no comparecencia”.

El pasado jueves, el delegado del ente acusador aseveró que la exgobernadora “era la dueña, ama y señora de la contratación irregular en el municipio de Albania”, ya que al menos durante la última década “gobernó y aún gobierna en cuerpo ajeno”.

El delegado del ente de control penal explicó que las anomalías ocurrieron en los convenios 008 y 041 de 2011, que tenían como objeto la reducción de la mortalidad infantil por una suma de 18.990 millones de pesos.

En estos convenios, precisó, se subcontrató a 1.459 personas para que votaran por Pinto en su segunda aspiración a la Alcaldía de Albania, y además, le pagaron a cada uno cerca de 500.000 pesos pero registraban pagos por 1 millón 800.000 pesos, configurándose así parte del peculado.

Tras la solicitud de la defensa de un tiempo razonable para analizar los más de mil folios de pruebas entregados por la Fiscalía, el juez ordenó la continuación de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento para el próximo lunes a las 8 a.m.

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