El Heraldo
Néstor H. Martínez (i) y Enrique Gil Botero (d).
Política

Fiscal advierte que Jubileo por visita papal beneficiaría a implicados de Odebrecht

Minjusticia dice que el país no tiene una política criminal seria.

Fuertes reparos le hizo el Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a los dos proyectos de ley de Jubileo radicados recientemente ante el Congreso, con ocasión de la visita del papa Francisco. 

A juicio del jefe del ente acusador, la aprobación de las iniciativas implicaría que queden en libertad inmediata, entre otros, los procesados por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

En una carta dirigida al recién posesionado ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, Martínez dijo que las iniciativas “causan profunda perplejidad”. Y advirtió: “Se inspiran en meras razones de benevolencia coyuntural, sin considerar su impacto en la política criminal del Estado”. 

Respecto al proyecto del Partido de la U – que dispone una rebaja de una sexta parte de las penas con la que quedarían en libertad alrededor de 40.000 presos-, el ente investigador manifestó que, de ser sancionado, llevaría “al insolito extremo de decretar la libertad de delincuentes de todos los niveles”, particularmente, “de autores de los delitos que mas impactan la seguridad de los colombianos, como los sindicados por delitos de corrupción”.

Sobre la iniciativa del gobierno –que otorga una rebaja de la quinta parte-, Martínez afirmó que, además de tener un impacto en el tratamiento criminal de delitos como el homicidio, el hurto y las lesiones personales, “increíblemente favorecería a los miembros de organizaciones criminales imputados por concierto para delinquir e, inclusive, a narcotraficantes”. 

En su lluvia de críticas, el funcionario se dolió, también, de que la propuesta del Ejecutivo haya sido radicada ante el Congreso “sin consultar la opinión previa del Consejo de Politica Criminal, como lo dispone la normatividad vigente”. 

Con el ánimo de ilustrar sus preocupaciones, el fiscal explicó que, por ejemplo, la reclusión efectiva de un funcionario público que incurre en cohecho propio es de entre 80 y 144 meses -pena mínima y máxima, respectivamente-, pero, con el impacto de las reformas en curso y los beneficios vigentes, quedaría entre 11 y 20 meses efectivos. “Un remedo de pena, que haría de las sentencias algo más parecido a un diploma”, sentenció. 

Así las cosas, y en medio del posconflicto, consideró Martínez, la aprobación del Congreso “ mandaría señales equivocadas frente a los casos de delincuencia ordinaria, aún en medio de la profunda crisis carcelaria existente”. Para superar esa crisis, planteó, “hemos convenido –con el ministerio de Hacienda- promover una iniciativa, en el marco del proyecto de reforma a la ley de extinción de dominio, que provea de recursos suficientes al Gobierno para resolver el problema de la infraestructura carcelaria”.

Finalmente, pidió al ministro de Justicia convocar una sesión del Consejo de Política Criminal, para analizar los proyectos, “ojalá con la presencia de los alcaldes y gobernadores del país”, y exponer su impacto en la preservación del orden social. “De seguir por este camino de beneficios y rebajas punitivas, vamos a terminar en deuda con los delincuentes”, puntualizó. 

Minjusticia responde 

En respuesta, Enrique Gil Botero, aseguró que lo que advierte martínez no ocurrirá, porque los proyectos beneficiarían a quienes han cumplido la mayor parte de su pena. “No es que se vaya a dar una excarcelación de que se abran las cárceles y que van a salir en estampida centenares de presos, eso no es así”, dijo el jefe de la cartera, en diálogo con Caracol Radio.

Así mismo, afirmó que, desde el año 2000 hasta hoy, se han aprobado 56 leyes incrementando penas “de acuerdo al hecho mediático del día, eso no es en un país serio que tenga una política coherente y previsible”.

Finalmente, informó que convocará sesion en el Consejo de Politica Criminal esta semana.

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