Política

“Fallo de la Corte IDH no puede traducirse en escenarios de impunidad”

El procurador General no descarta la solicitud de una aclaración de la sentencia proferida en el caso de Petro contra el Estado.

El procurador General, Fernando Carrillo, se pronunció frente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del senador Gustavo Petro contra el Estado. Indicó que si bien esta puede llevar a realizar ajustes normativos, no puede traducirse “en escenarios de impunidad en la lucha contra la corrupción”.

Carrillo aclaró que ninguna de las actuaciones frente a funcionarios de elección popular adoptadas hasta la fecha por la Procuraduría queda en un limbo jurídico, puesto que aseguró que “se ha procedido siempre otorgando todas las garantías a los investigados y respetando la jurisprudencia nacional, acatando las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que han avalado las competencias disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación”.

En el fallo de la Corte IDH se lee: “El  Estado adecuará, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno a los plazos establecidos en la presente sentencia”.

A pesar de que puso de presente que Colombia debe acogerse al plazo que concede la Corte IDH en el numeral 8 de la sentencia, no descartó la solicitud de aclaraciones o consultas a la decisión del tribunal internacional  que “permitan fortalecer y no debilitar la potestad disciplinaria de la Procuraduría”.

Asimismo, el procurador General refirió que la Corte IDH “no ha sugerido meterle la mano a la Constitución de 1991, sino ajustar normas disciplinarias, que permitan a la Procuraduría actuar como un ente acusador especializado contra los corruptos, con decisiones que podrían ser controladas automáticamente por una autoridad jurisdiccional como el Consejo de Estado”.

En este sentido, refirió que se abre un debate para analizar qué faltas disciplinarias pueden ser nuevos tipos penales.

Carrillo agregó que la decisión de la Corte IDH no puede ser entendida como una derrota contra la institucionalidad de la justicia disciplinaria. “Es el inicio de un debate sobre los instrumentos más eficaces para continuar la batalla contra estructuras corruptas cada vez más organizadas, que hoy son el mayor motor de violación de los derechos humanos en Colombia”, anotó.

“Los corruptos que históricamente en Colombia han violado derechos humanos y que han defraudado los recursos públicos, con esta decisión no van a ganar”, reiteró el jefe del Ministerio Público.

El comunicado emitido por la Procuraduría General concluye: “La sentencia reconoce en el Consejo de Estado el ejercicio de un control adecuado y oportuno a la legalidad y advierte que no resulta procedente ordenar medidas legislativas respecto del procedimiento general previsto en el Código Disciplinario Único, ni modificar la acción de nulidad y restablecimiento. No existen elementos para concluir la existencia de un problema de carácter estructural que amerite la modificación de dicho procedimiento”.

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