Expresidente Álvaro Uribe en detención domiciliaria
La Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad la medida de aseguramiento contra el senador en el marco del caso de soborno a testigos.
La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia informó este martes en un comunicado de dos páginas que mediante una decisión del pasado lunes 3 de agosto, aprobada y suscrita por unanimidad, le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria al expresidente y senador Álvaro Uribe, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.
Precisa el alto tribunal que el líder del Centro Democrático cumplirá la privación de la libertad en su residencia “y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso”.
Asegura la Corte que la providencia fue adoptada “con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga”.
Las conductas reprochadas, agrega el documento, fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado, al archivar una denuncia formulada por él contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático.
“Después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”, se lee.
Recuerda el alto tribunal que el 24 de julio de 2018, la entonces Sala de Instrucción de la Sala Penal abrió un proceso formal contra los congresistas Uribe y Prada, en el curso del cual rindieron indagatoria ante la nueva Sala Especial de Instrucción en octubre de 2019.
“Luego de escuchar sus explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”, advirtió la máxima corte de la justicia ordinaria.
Y agregó que en algunos de los comportamientos investigados habría intervenido el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, “a quien por ello la Sala le imputa el delito de soborno en calidad de cómplice, conducta que legalmente, frente a la eventual pena a imponer, no reúne requisitos para imponerle medida de aseguramiento, aunque sigue vinculado al proceso”.
Reacción de Uribe. En horas de la mañana del martes, antes del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, el senador Uribe dio a conocer que había sido notificado por la Sala de Instrucción de la Corte sobre su medida de aseguramiento en el caso que se abrió en 2018 y por el cual, el pasado 8 de octubre de 2019, se convirtió en el primer expresidente en ser citado en el alto tribunal.
“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, expresó Uribe en su cuenta de Twitter.
El caso por el que el líder del Centro Democrático fue citado tiene una génesis paradójica y se remonta al año 2018, o incluso mucho antes, en el 2014, cuando el 17 de septiembre de ese año el senador del Polo Democrático Iván Cepeda lideró un debate en el Congreso sobre paramilitarismo en Antioquia.
Durante ese debate reveló grabaciones de exparamilitares que señalaron a Uribe Vélez. En tanto, Cepeda había visitado varias cárceles del país recogiendo testimonios de exmiembros del grupo ultraderechista al margen de la ley.
Tras este episodio, el senador del Centro Democrático demandó a Cepeda por manipulación de testigos, el mismo caso por el que ahora es él quien está respondiendo ante la Corte Suprema de Justicia y por el cual fue ordenada su detención.
Uribe había denunciado a Cepeda, señalando que habría influido para que los exparamilitares que visitó declararan en contra de él.
Pero un giro inesperado cambió el rumbo de este proceso penal. El demandante terminó siendo el demandado.
La Sala Penal de la Corte, el 17 de febrero de 2018, archivó la investigación preliminar a Cepeda y abrió una indagación a Uribe por el mismo caso: manipulación de testigos.
En su momento, la Corte sostuvo que al revisar la denuncia no concluyó que el senador del Polo hubiese abusado de sus funciones como congresista y que tampoco hubiese sobornado a los reclusos para que estos entregaran falsos testimonios. Así que el caso quedó archivado y, en cambio, compulsó copias contra el ex jefe de Estado.
En el mismo mes que la Corte abrió el expediente de Uribe, otro caso relacionado con este fue materia de investigación.
El abogado de Cepeda advirtió que el testigo Juan Guillermo Monsalve estaba recibiendo mensajes intimidantes para que cambiara la versión de su testimonio.
Aquí, entonces, arranca otro gran enredo que fue dilatando este proceso, entre versiones distintas y testigos y contratestigos.
Para la apertura del caso de Uribe fue clave el testimonio de Monsalve, quien es hijo del antiguo mayordomo de una de las fincas del expresidente.
Monsalve y Pablo Hernán Sierra aseguraron que los hermanos Santiago y Álvaro Uribe, junto a Alberto y Juan Guillermo Villegas y Santiago Gallón Henao crearon un grupo armado que luego sería el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hecho que Uribe ha negado.
Juan Guillermo Villegas aparece en la escena de este enredo judicial, luego de meses de monitoreo a líneas telefónicas de la familia Monsalve.
La Corte, en ese momento, pudo constatar a través de esas llamadas que Villegas mantenía comunicación con el padre, hermano y hermana de Monsalve, con el propósito de controlar lo que estos pudieran decir ante el alto tribunal, y así confirmar o negar el testimonio de Monsalve.
En el marco del mismo caso, el alto tribunal de justicia conoció que Diego Cadena, exabogado de Uribe, había ido a la cárcel a hablar con Monsalve con la finalidad de que este firmara una carta presentando disculpas al senador.
El pasado 22 de febrero de 2018, la Corte conoció que Cadena sostuvo una reunión con este testigo.
Monsalve grabó la conversación de manera clandestina y señaló que Cadena lo estaba presionando para que cambiara su versión y se retractara de lo dicho.
Dentro del mismo caso, figura otro testigo, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien se presentó ante la Corte Suprema de Justicia con recibos que darían cuenta del pago que le hizo Cadena para que diera una versión favorable sobre el expresidente.
De hecho, ya la Fiscalía General imputó cargos y pidió medida de aseguramiento en contra de los abogados Cadena y Juan José Salazar, representante legal suplente del bufete de abogados de Cadena Asociados Law Office, por su presunta participación en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
El pasado lunes, la defensa de los abogados en mención anunció 800 folios de pruebas. Por lo que la continuación de la audiencia será este jueves a las 9:00 a. m.
