“Estos contratistas nos han engañado a todos”
La ministra de las TIC, Karen Abudinen, respondió ayer en el debate de moción de censura en su contra en la Cámara.
La Bancada Alternativa le pidió este viernes la renuncia a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, en medio del debate de moción de censura citado en la plenaria de la Cámara por el cuestionado contrato con Centros Poblados para llevar internet a más de 7 mil colegios públicos rurales de 15 departamentos.
El representante León Freddy Muñoz, de la Alianza Verde, citante, advirtió que la empresa Funtics –representada legalmente por Juan Carlos Cáceres Bayona y cuestionada en un proceso fiscal de la Contraloría por $25 mil millones– cambió el 14 de octubre de 2020 la razón social a Novotic para integrar Centros Poblados “y Centros Poblados solicita el anticipo de los $70 mil millones y dice en la solicitud que van a invertir $58 mil millones en la firma Nuovo Security, en la que el 70 % es de Cáceres Bayona, y ustedes ya sabían que esa plata iba a para allá, ¿y por qué no investigaron esa empresa?”.
A su vez, su copartidaria Katherine Miranda aseguró: “Camilo Valencia era apoderado de una de las firmas que quería licitar y era asesor de su despacho, ministra. Pero ante las pruebas que se presentaron usted no lo echó, lo que hizo fue terminar el contrato por mutuo acuerdo (...), y lo premiaron en este gobierno: firmó contrato con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC”.
Por su parte, la Bancada Caribe pidió respetar el derecho a la presunción de inocencia de la funcionaria. Armando Zabaraín, conservador, sostuvo: “La caducidad trae que hoy están temblando muchos corruptos, porque la cárcel se les viene encima. (... Que la ministra continúe, porque esa investigación no puede parar ahí. En ese ministerio hay seguramente un nido de corrupción y usted lo está descubriendo”.
César Lorduy, de Cambio Radical, dijo que si Abudinen “hubiera querido taparlo todo no hace la audiencia de incumplimiento ni las denuncias ante la Fiscalía” y advirtió que las empresas involucradas en estos actos de corrupción “no son solo de Barranquilla, porque también contratan con Bogotá y otras ciudades, exactamente las mismas empresas”.
Y en respuesta, tras más de ocho horas de debate, la ministra señaló que “hay una red de corrupción dedicada a la elaboración de garantías falsas. Esos contratistas firmaron en 2019 contratos con el Mintic, cuando yo no era ministra, y lo primero que hicimos al darnos cuenta fue inhabilitarlos para contratar con el Estado, porque estos contratistas tienen contratos por $3 billones con distintas entidades de distintos lugares del país”.
Así mismo, aseveró: “Yo no me robé esa plata. Los corruptos serían los mayores premiados con mi renuncia. A nadie tiene por qué gustarle el Gobierno, pero no confundan a la opinión pública. Mi honestidad no puede estar en duda, y quien lo haga es un canalla. Estos contratistas han engañado a todos, no solo a nosotros, porque engañaron y tienen contratos en Magdalena, Córdoba, Bolívar, La Guajira, Norte de Santander, Santander, Bogotá y Medellín”.
Le contestó la funcionaria a Miranda que “el consultor Camilo Valencia ha estado en Mintic desde 2012, y apenas me enteré que se presentó como apoderado de una empresa que licitaba suspendimos ese contrato. Yo no lo mandé a la CRC, porque él tiene contratos allá desde 2010”.
Y concluyó: “No conozco a ninguna de las personas que han mencionado en este debate, que han afectado por años a varios entes estatales, y gracias a la decisión que tomamos hoy no pueden contratar. He respondido sin ningún agravio, y estoy enfocada en la solución”.
La jueza 8 civil del circuito de Barranquilla, Jennifer Glen, negó la tutela interpuesta por Centros Poblados en contra del Mintic por el cuestionado contrato.
"Se declaró improcedente el amparo solicitado por la UT Centros Poblados. Trabajamos en equipo con la @AgenciaDefensaJ para ganar esta tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y efectivo acceso a la administración de justicia", informó la ministra Abudinen en Twitter.
Hace 10 días, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia rechazó el conocimiento de la tutela luego de que un día antes amparara con medidas cautelares al contratista.