“Hay que ceder para poder iniciar una vida tranquila en nuestro país”: Margarita Cabello Blanco

La barranquillera, segunda mujer en ocupar el más alto cargo de la justicia ordinaria, concedió una entrevista exclusiva a EL HERALDO y mostró su visión frente al estado actual de la Rama Judicial.

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La barranquillera, segunda mujer en ocupar el más alto cargo de la justicia ordinaria, concedió una entrevista exclusiva a EL HERALDO y mostró su visión frente al estado actual de la Rama Judicial.

Por primera vez una barranquillera se sienta en la presidencia del máximo tribunal de justicia ordinaria en el país. Margarita Cabello Blanco, magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia desde 2012, asumió esta dignidad hace poco menos de dos semanas, el 10 de marzo pasado, convirtiéndose además en la segunda mujer en la historia del alto tribunal en ocupar el cargo. 

La magistrada, de visita en su ciudad natal, concedió una entrevista exclusiva a EL HERALDO, la primera desde su designación, en la que entregó su visión frente al estado actual de la Rama Judicial y los desafíos de la implementación de los acuerdos de paz.

Una mujer, además barranquillera, llega a presidenta del máximo tribunal de justicia ordinaria. ¿Esto qué significa para usted?

Significa un reto que hay que cumplir un reto con la región, un reto con la Rama Judicial, una entidad a la que he dedicado gran parte de mi vida y un reto con el país. Todos esos retos orientados hacia unos puntos esenciales: mostrar que la Rama Judicial es ética, es trabajadora, quiere al país y lucha por nuestras instituciones y la realidad del país hoy día.

Usted llega con una etiqueta de uribista a una Corte con fama de antiuribista. ¿Nos encontramos ante un nuevo equilibrio de poderes en el tribunal?

Yo llego como lo que soy, funcionaria judicial, esa es nuestra función. Allá no hay posiciones o situaciones. Cuando uno se entrega a la Rama Judicial asume una posición de ejercicio de una función especial, como yo siempre la he llamado. El ser juez no es una profesión o un trabajo cualquiera, implica unas consecuencias y comportamientos diferentes a cualquier tipo de empleo que hace que nosotros cumplamos más que un trabajo, un ejercicio de vida y una forma de vida muy diferente a cualquier otro tipo de trabajo, esa es nuestra función.

El país está en una coyuntura muy especial por el proceso de paz y su implementación, que va a requerir importantes cambios legislativos. ¿Cómo asume ese reto desde su nuevo cargo?

Somos conscientes del año que estamos viviendo, tenemos la misma esperanza que tienen todos los ciudadanos, queremos un país en paz y la Rama Judicial no va a ser ajena a ese anhelo. Queremos una paz duradera, no una paz temporal, y por eso estamos dispuestos a asumir la posición y los retos que tengamos que asumir. Seguro nos va a tocar más adelante mirar cómo van a ser las reglamentaciones, y todo este proceso inicial de composición de buenos amigos entre estas dos fuerzas de lucha implica luego una reglamentación y una regulación normativa ante el Legislativo. Ahí debemos estar cuando se expida esa nueva organización normativa, esa es nuestra función como tercer órgano del poder público, aprender a aplicar las normas y aplicarlas de la mejor manera para que en el ejercicio de nuestra aplicación y en nuestras decisiones ayudemos a culminar en el posconflicto ese proceso de paz.

¿Cree que la división que vive el país frente al proceso se puede trasladar al interior de las altas cortes?

La Rama Judicial, a pesar de que no se ve, está unida, y en la Corte nosotros somos conscientes del reto que viene. Angustias hay. Lógicamente es algo nuevo para nosotros después de 50 años de conflicto, pero hay más esperanza y más ganas de hacer las cosas bien y yo creo que podemos hacerlo.

¿Qué opina de la Jurisdicción para la Paz? ¿Haber recurrido a este órgano deja al margen a la Corte Suprema?

Todos estamos en pro de mirar cómo va a ser la reglamentación. Yo reitero que estamos simplemente de frente a unos acuerdos, esperamos que, como observamos, pueden ser unos buenos acuerdos. Una vez lleguen estos acuerdos hay que organizar esa jurisdicción, ahí creo que vamos a participar. Nosotros como órgano judicial no participamos en nada que tenga que ver con las negociaciones políticas, pero ahí en la organización estaremos ayudando al presidente y manifestando nuestras diferentes opiniones frente a cada uno de los aspectos de toda esta organización y conformación del proceso de paz, que de por sí tiene complejidades, ni más faltaba.

¿Aún no tienen datos de cómo se implementaría esta jurisdicción?

Se oyen cosas: la conformación, los temas de amnistía, de indulto, la conformación de una Fiscalía especial, pero todo eso son proposiciones que están en el aire y no es prudente opinar mientras que todo no esté bien organizado y no podamos nosotros manifestar nuestras diferentes opiniones y participar con mucho gusto en la elaboración de este tribunal de paz con toda su gran conformación.

La presidenta de la Corte, en un momento de la entrevista con el director de EL HERALDO, Marco Schwartz.

Los beneficios penitenciarios que se puedan conceder en las negociaciones son un tema bastante peliagudo. ¿Qué opina al respecto?

Entender los procesos transicionales no es fácil para nosotros como ciudadanos. El panorama es una justicia y un Estado de derecho consolidado y conformado. Mientras la vida es así, no tenemos problemas, pero cuando estamos en un estado de cosas fuera de lo normal y fuera de un momento en que el país tiene que asumir posiciones para poder volver a ese estado de tranquilidad, tienden a aparecer esos conceptos de justicia transicional y aparecen porque el aparato estatal no es suficiente para solucionar ese tipo de conflictos, porque se nos salen de las manos. Entonces tenemos que entrar a buscar otras soluciones de alguna otra naturaleza, y ahí  aparece el concepto de justicia transicional, que lo hicimos en su momento con Justicia y Paz con los paramilitares y aún con miembros de otras organizaciones al margen de la ley. Esto ya está ad portas de terminar con todas sus decisiones. Lógicamente, para poder llegar a la paz hay que conceder o hay que ceder, y eso implica que el país entienda que no se le puedan aplicar las mismas normas sancionatorias, con los mismos tiempos y la misma gravedad, porque estamos ante otra parte que también quiere ceder y entrar a la paz. Esos son concesiones, con ciertos límites que podamos entender los ciudadanos. En Justicia y Paz el máximo de sanciones era de 8 años de prisión, con muchas posibilidades de arreglar y así más o menos están tratando en La Habana de llegar los acuerdos con las Farc. Allí tendremos que llegar a conciliaciones, y si queremos que sea completo, pues debemos permitir que entre todo el mundo, esa es una de las propuestas. No sabemos cómo va a terminar todo, pero pienso que es necesario que todos entendamos que hay que ceder para poder entendernos, sentarnos a negociar e iniciar una vida tranquila en nuestro país. Eso implica indultos, amnistías, reducciones, eliminación de sanciones, congelamiento de sentencias, una serie de propuestas que se van haciendo con la finalidad de que la ciudadanía entienda que hay que ceder.

¿Cuál es su visión frente a la alta impunidad que hay en el país?

Es un tema de muchos factores en un momento determinado. Es un tema del exceso de trabajo y el exceso de conflictividad que estamos viviendo en estos momentos y estamos tratando de ver cómo solucionamos con todos estos procesos. Ese es el resultado, no es solo una sola visión de que hay alta impunidad porque algo pasa con la Rama Judicial y con la Fiscalía. Es un tema de muchos factores que hacen que se llegue a ese punto.

¿Es solo el exceso de trabajo hay negligencia?

Quiero hablar de una manera genérica: la Rama Judicial produce y trabaja muchísimo, la conflictividad aumenta en una proporción mucho más grande de lo que esta puede y ese puede ser uno de los muchos factores que generan ese problema social de exceso de impunidad.

Algunos analistas señalan que hay una fragilidad en la justicia regional.

No hay duda que hay que hacer un estudio de fondo de una reestructuración a la Rama Judicial y una reestructuración desde un punto de vista de mirar hacia la Rama, de mirarla como una entidad que desde hace 50 años no la miran. Es decir, el número de funcionarios, la manera como trabajan, la infraestructura, que a pesar que ha avanzado mucho, todavía falta mirar mucho hacia futuro. Se necesita un estudio completo de las verdaderas necesidades y razones de la problemática que hacen que el juez no muestre hacia la comunidad lo que realmente hace y cuando encontremos la causa podremos buscar una resolución. Eso estamos en mora, una verdadera reforma a la Rama Judicial.

En breve se elegirá nuevo fiscal y, después al procurador ¿Qué perfil le gustaría que tuvieran estos dos cargos?

Es atrevido hablar en nombre de la corporación y pedir un perfil. El presidente debe entregarnos la terna, confiamos que va a mandarnos a tres muy buenos candidatos, muy bien enviados, cuya finalidad como la de todos los ciudadanos es que aplique la justicia, actúe con honestidad, con equilibrio y sepa ponderar todo el proceso que viene de paz, porque es importante que todos estemos montados en esta barca buscando lo mejor para el país.

El actual Fiscal y Procurador han desatado polémicas por aparentes excesos en declaraciones o decisiones en ejercicio de sus  cargos. ¿Usted qué opina?

Son posiciones, yo solo puedo manifestar como funcionaria pública que cada uno tiene una posición respetable. Ambos son funcionarios muy idóneos con una capacidad y un conocimiento de lo que están haciendo impresionante y son dos visiones hacia una misma preocupación, lograr la paz en este país. Ambos están por ese camino a pesar de sus pensamientos diferentes.

Los analistas coinciden en que ambos están jugando un papel claramente político que hace daño al prestigio de las dos instituciones que encabezan. ¿No comparte usted esta preocupación?

Yo lo veo de una manera distinta, creo que es necesario oír todas las diferentes versiones, somos un país donde necesitamos mirar todas las opiniones para que el día que tomemos decisiones tengamos planteado en nuestro panorama todo lo que se muestra, eso es importante y si es manejado por dos respetables funcionarios con sus respetables opiniones y estudios, porque ambos son muy idóneos, es interesante para el país mirar eso y poder escoger qué paz queremos en un momento determinado.

El año pasado se aprobó la reforma al equilibrio de poderes que reorganiza toda la rama. ¿Cómo valora esos cambios y cómo se prepara la Rama Judicial para afrontarlos?

Ese es el Acto Legislativo número 2 de 2015 que está en la Corte Constitucional para su estudio. La corte nos citó el 30 de marzo a una audiencia y vamos a manifestar nuestras opiniones como Rama Judicial al respecto. Tenemos algunas preocupaciones en ese sentido que vamos a plantear, consideramos que no alcanza a ser una verdadera reforma judicial que llegue a los medios, tenemos unas preocupaciones de carácter constitucional frente a ese acto legislativo y las vamos a presentar.

¿Cuál es el mayor obstáculo que usted ve?

La reforma de equilibrio de poderes no alcanzó, no pudo cubrir toda la organización total de la Rama Judicial con toda su problemática. Se centró en un elemento, que toca analizarlo con mucha profundidad, que es el cambio de estructura de la Sala administrativa y del Consejo Superior de la Judicatura para crear un nuevo órgano de Gobierno Judicial. Ahí hay que tener mucho cuidado y estudiar cada punto en ese nuevo órgano a ver si cumple con su cometido. El estudio que vamos a hacer lógicamente es desde la visión constitucional para saber si es exequible o no ese Acto Legislativo.

Con la constitución del 91 se pretendió acabar la supuesta endogamia que había en la Rama Judicial y se le dio un papel al Congreso en la elección de los magistrados y altos funcionarios. ¿Fue el remedio peor que la enfermedad? ¿Tenemos hoy una politización de la justicia?

Ese no es el problema de la Rama Judicial. Hablar de politización porque las cortes nombran a unos u otros candidatos es una situación que puede molestar a algunos y que se ejerce en cumplimiento a una función constitucional que se le entregó a las cortes, pero el poder judicial no tiene nada que ver con la politización. El decidir los casos, el resolver los temas judiciales, el analizar las normas, el interpretarlas de la mejor forma posible la ley, no tiene nada que ver con la política, créame que no hay politización en ese sentido.

¿No hay injerencia de la clase política?

El cumplir la función constitucional de nombrar magistrados se puede llamar una política, pero política de la mejor manera posible, no una política de partidos. Evidentemente debemos cumplir una función política, pero solo desde ese punto de vista de cumplir la función de nombrar a los funcionarios de otras entidades que nos corresponde y de generar hacia la rama la interpretación y la hermenéutica adecuada en nuestras decisiones judiciales, porque a su vez esa política, que es la que tenemos en sí, la verdadera, va a hacer que las decisiones judiciales generen un comportamiento social obligatorio en virtud de cómo impartimos justicia. Esa es la política nuestra, porque esa es la orden que nos dio la constitución. Cuando nosotros hacemos precedentes judiciales en las altas cortes, estamos dando una orientación hacia los funcionarios judiciales del resto del país de que orienten y dirijan por allí el comportamiento social a través de las decisiones judiciales. Eso es lo que nosotros llamamos política judicial.

¿Es la corrupción un problema de la justicia?

El juez hace su trabajo y lo hace bien. Ahora, somos 27 mil funcionarios y empleados judiciales, el tema que me tocas de corrupción es un tema del ser humano y un tema de país y hay que mirarlo de esa manera.

La Constitución del 91  dio a las altas cortes participación en la asignación del Fiscal, Procurador, Contralor, Registrador. ¿Esto fue acertado?

En un país con república democrática como la nuestra el equilibrio adecuado de poderes es importante, la ponderación entre los tres grandes poderes públicos para evitar que uno sobrepase a otro es un buen equilibrio. Está bien como está ahora, es importante porque la intención de la carta política del 91 fue esa, una intención lógica y adecuada para evitar un desvío en el equilibrio de un país democrático con tres ramas del poder. A mí me parece que mirado desde ese punto de vista es adecuada una ponderación en el manejo de los poderes.

¿Qué papel juega la ideología en los magistrados en la interpretación de la ley?

Nosotros tenemos unos grandes principios de autonomía e independencia judicial que hacen que apliquemos la justicia tratando de guiarnos por lo que hemos aprendido en nuestras vidas. En las facultades de derecho, en nuestras especializaciones y en la escuela judicial, cuando se entra porque hay que entrar por concurso, se nos prepara para manejar la objetividad y el equilibrio en nuestras decisiones judiciales, pero separar a un ser de su propio pensar es difícil. Lo que pasa es que uno aprende con el tiempo y en el ejercicio de su profesión a tratar de ser objetivo con las decisiones que toma y apartarse un poco de esas ideologías o de esa intromisión excesiva de la ideología con base en el estudio de la objetividad que nos enseñan tanto en la universidad como en la preparación que nos dan dentro de la Rama Judicial.

¿Cómo se definiría usted ideológicamente?

Una juez. Yo empecé de juez a los dos meses de graduarme de la universidad y no he dejado de serlo, y eso me hace ser una persona con ese estilo de vida que te hablo.

¿Qué plan concreto tiene para mejorar la imagen de la Corte?

Queremos mostrarnos, queremos mostrar lo que ha hecho la rama y lo que es la rama. Ya no podemos estar en aquellas épocas en las que todo era entre cuatro paredes y no podíamos decir nada porque solo hablábamos por medio de nuestras decisiones judiciales. Seguimos haciéndolo así porque es nuestra función, pero no nos conocen, entonces es necesario que la ciudadanía vea la labor que hace un juez y eso se hace trabajando con nuestros tribunales y jueces, mostrando lo que hace un juez. Ya es importante mostrar el trabajo de los jueces, y creo que viendo la sociedad lo que se hace y cómo se hace es indudable que cambiaremos un poco lo que piensa el ciudadano de un juez.

La reciente sentencia de la Corte Suprema sobre la dosis personal de droga ha generado confusión. ¿Nos podría explicar el alcance del fallo?

No soy penalista, solo les puedo decir que cada vez que cualquier funcionario judicial resuelve una situación, la resuelve con el panorama de la situación específica o del caso específico que está manejando, y en este específico asunto era necesario asumirlo así, sin que por ello se haya salido de la normatividad existente. Nosotros no emitimos pronunciamientos abstractos o genéricos, eso le toca al Congreso, entonces eso puede crear algún tipo de confusión, pero en este caso ameritaba ampliarse un poquito.

En el tema del matrimonio gay, ¿no se está dejando en manos de los tribunales una decisión que debería clarificar el Congreso mediante una ley?

La Corte Constitucional le dio los tiempos al Congreso en un tema de mucha importancia a nivel actual. Todas estas evoluciones de conformación de pareja era necesario cubrirlas. Las normas nuestras, si hablamos hasta la carta política del 91, eran normas expuestas, organizadas y emitidas para una etapa sociológica de hacía 40 o 50 años. El mundo ha evolucionado, todo esto es parte de la vida cotidiana nuestra, y la razón de ser de un legislativo es regular lo más rápido posible para que los comportamientos sociales nuevos tengan unos límites y una manera de actuar que no afecten a los otros. Cuando por alguna razón que es natural, el Congreso no puede por muchas motivaciones que tienen lógica, ahí está la corte constitucional protegiendo esos derechos fundamentales.

Está siendo muy generosa con el Congreso. ¿No será que los partidos temen perder votos y prefieren dejarle ese paquete a ustedes?

Prefiero no opinar.

Muchas veces la Policía se queja de que combate la delincuencia, pero la justicia no colabora pues suelta a los detenidos. ¿Qué tiene que decir sobre esto?

Entendemos la preocupación, pero hay una serie de reglas que en un Estado de Derecho hay que cumplir. Permanentemente hay contacto entre Rama Judicial y Policía, Defensoría, ICBF, Fiscalía, para hacer un trabajo coherente. Otros podrían decir que la política criminal, respecto al tema carcelario, no es necesario que haya tantos detenidos, porque esta no es la mejor medida. En una justicia restaurativa, poner preso a la gente no es el mejor concepto de justicia. Entonces todo depende de la política criminal que maneje nuestro país y los consejos de política criminal se reúnen cada determinado tiempo y ahí se va mirando. Lógicamente, las fuerzas militares y la Policía quisieran que todos los que ellos capturaran terminaran detenidos en una cárcel, pero la política criminal del Estado y todos los defensores de los derechos humanos van a decir que esa no es la mejor forma de hacer justicia. No es fácil buscar un equilibrio, sobre todo en un país que tiene problemas económicos, de condición humana, de pensamientos y de ética.

¿Cómo se las ha arreglado para que la apoyen todas las casas políticas del Atlántico?  Diga cuál es la receta.

(Risas). Porque mi  partido político es la justicia y ser juez, digo yo que debe ser por eso. Tengo un principio de respeto por el ser humano.Para mí un juez tiene que ser una persona respetuosa del otro, defensora de sus derechos y sabiendo que su misión al escoger este estilo de vida es estar bien con todos y darle lo mejor a cada uno. Es un estilo de vida, pero si tú tomas independientemente y hablas con los jueces del país te darás cuenta, es un estilo de vida distinto, tenemos que estar más cerca de la persona, tener más sensibilidad.

¿Cómo ve la justicia en la Costa Atlántica?

Siempre hay carencias, siempre queremos un mejor ambiente, entre mejor sea el ambiente y mejor estén los funcionarios judiciales mejor estará la sociedad de una u otra manera. Entendemos la situación del país y nuestra lucha es esa. Toda la Rama Judicial estamos abogando por mostrar la rama y lo bueno que hacemos, y sacar todo lo que podamos para que cada día estén mejor y de esa manera mostrar cómo aplicamos la justicia, para que la sociedad entienda cómo actuamos y tenga mayor tranquilidad, y por lo tanto ayudemos de esa manera a la paz que estamos anhelando en el país.

Lo que usted dice invita a la tranquilidad, pero el hecho es que hace poco este periódico publicó que había solo dos investigadores para un total de 1.500 casos de abusos...

Hay falencias. Debe haberlas lógicamente, aun sobrepasando esas falencias se trabaja con los tiempos que se pueda. Hay mucho que hacer todavía.

Se ha convertido en algo usual que las decisiones judiciales son cuestionadas políticamente y se apega a un sentido superior de justicia internacional. ¿Cuál es su visión al respecto de esto?

La justicia está cumpliendo con su papel y yo estoy convencida de eso. Es posible que no la conozcan o que no se den cuenta, recuerden que en cada caso siempre hay un ganador y un perdedor. La justicia internacional tiene también su papel y cada ciudadano debe estar consciente de mirar qué hace y tiene todo el derecho de acudir a ella si considera que no está siendo bien atendido de acuerdo con las garantías judiciales, pero en términos generales aquí se resuelve todo.

Algunas personalidades que han ocupado altos cargos y se enfrentan a procedimientos judiciales se defienden diciendo que son perseguidos políticos.  ¿Hay perseguidos políticos en Colombia?

Yo no tengo ni razón ni facultad para responder ese tipo de preguntas. Es decir, en preguntas políticas no puedo responder por mi posición judicial. La Rama Judicial, la justicia ordinaria que es la que yo presido, ejerce su función y la ejerce como debe hacerlo, es lo que yo puedo decirte.

¿Cómo va el proceso de certificación de la justicia?

La sala civil de la Corte Suprema de Justicia logró mediante un proceso largo ajustar tiempos y procedimientos y obtuvo la calificación Iso 9001. Hace un mes nos la entregaron, por lo menos una sala de casación civil logró la certificación. Fue duro lograr que cada uno de estos procesos estuviera dentro de los tiempos reales y lograr la eficacia y la eficiencia.

¿De qué tiempos estamos hablando?

La Corte Suprema de Justicia tuvo momentos en que demoraba hasta 6 y 8 años en proferir una decisión judicial, hoy estamos en todo el trámite ante la corte un promedio de uno o dos años para tomar las decisiones con todo el proceso que ello implica.

Una justicia que tarda mucho tiempo en aplicarse, ¿es justicia?

No es justicia indudablemente, no es justicia y para eso se están haciendo estos procesos. La justicia debe ser, no tan corta pero tampoco larga, hay que manejarla en una proporción adecuada en la que haya tiempo de tener el conocimiento completo de la situación fáctica para hacer la adecuación necesaria con la norma y aplicar la argumentación suficiente para sacar la argumentación judicial y en eso están los procesos judiciales, pero implica también analizar el contexto, cuánta población hay, cuánta conflictividad hay, cuántos funcionarios judiciales hay, cómo se está haciendo la organización y distribución de los negocios, cuántos procesos tiene cada uno de los funcionarios judiciales.

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