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Erradicar la violencia política contra la mujer: logró convertirse en ley

El proyecto se aprobó por unanimidad en un cuarto y último debate en el Congreso. Durante la discusión de esta iniciativa se logró establecer que el 64 % de las mujeres que hoy ocupan cargos de elección han sufrido este tipo de violencia.

La frase de violencia política contra la mujer ha empezado a sonar con fuerza en Colombia por estos días. Sin embargo, es poco lo que se conoce sobre esta, pese a que se vive en escenarios más cotidianos de los que creemos.

Y es que lo primero es definir qué es la violencia política contra las mujeres, la cual se consagra como toda acción, conducta u omisión realizada en el ámbito público o privado que, basada en elementos de género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres o a sus familias. 

Todo esto sin distinción de su afinidad política o ideológica, y que tenga por objeto o resultado menoscabar, impedir, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio de sus derechos políticos, en el marco de los procesos electorales, de participación ciudadana, representación democrática y el ejercicio de la función pública.

Ley de la República

En un cuarto y último debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, fue aprobado el proyecto de Ley Estatutaria 320/2022C - 006/2022S, de la autoría de las senadoras Nadia Blel, María José Pizarro y Piedad Córdoba, con ponencia en Cámara de las representantes Cathy Juvinao, por Alianza Verde, y Delcy Isaza, por el Conservador. 

El proyecto pretende hacer efectivo el derecho a la participación de las mujeres en política, en línea con los mandatos de la Convención interamericana para la prevención, atención, rechazo y sanción de la violencia contra las mujeres en política en todos los niveles.

Cabe resaltar que esta iniciativa no tuvo oposición alguna en el Congreso de la República, siendo hasta el momento uno de los proyectos más respaldados en este período legislativo.

¿Qué se propone?

Dentro de lo que se plantea en esta iniciativa se destaca el diseñar mecanismos para recopilar casos y denuncias, formular estrategias de prevención y mitigación de riesgos, que las autoridades electorales, órganos de control y los partidos y movimientos políticos actúen para prevenir, investigar y sancionar a través de rutas y protocolos efectivos. 

Asimismo se añade que las corporaciones públicas garanticen canales de atención para todas las mujeres en ejercicio o goce de sus derechos políticos, promover la formación de liderazgos políticos de mujeres y el fortalecimiento de las redes de mujeres políticas, y fortalecer los mecanismos de observación y acompañamiento en los procesos electorales con perspectiva de género.

Medidas y acciones

En lo que concierne a la implementación de esta nueva ley, que está a la espera de la sanción del presidente Gustavo Petro, desde el Ministerio Público se prestará el acompañamiento y la asesoría legal en los casos de violación de la presente. 

Por su parte, la Procuraduría adelantará con especial diligencia las investigaciones cuando se incurran en faltas disciplinarias, y además se prohíbe toda propaganda electoral en formato físico o virtual que constituya violencia por razón de género, o cualquier otra acción ilegal similar contra las mujeres o grupo de mujeres que participan en política, por motivos de sexo y/o género. 

Así están las cifras

Según las cifras de la Misión de Observación Electoral, MOE, entre el 13 de marzo de 2021 y el 13 de febrero de 2022, en pleno año electoral, se presentaron 516 hechos violentos contra liderazgos, y 137 en específico contra las mujeres lideresas en el país. De estas sufrieron ataques letales, es decir, fueron asesinadas, 45. 

Asimismo establece que de todo el Congreso solo el 29,3 % son mujeres. En el caso de las gobernaciones, de 32, solo en el país hay 2 mujeres al frente de estas instituciones, caso puntual del departamento del Atlántico, con Elsa Noguera, y en el Valle del Cauca, con Clara Luz Roldán, representando el 6,25 %. 

Y otro dato no menos importante se basa en que el 64 % de las mujeres que hoy ocupan cargos de elección han sufrido violencia política.

Años de lucha

De acuerdo con lo manifestado por la representante a la Cámara Cathy Juvinao, en conversación con EL HERALDO, han sido años de lucha dado que aunque normativamente se ha avanzado culturalmente no tanto.

“Tenemos unos paradigmas culturales, machistas y patriarcales que perpetúan en las relaciones de subordinación y desbalance de poder histórico entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la vida, incluyendo en la política”, sostuvo la congresista del Partido Alianza Verde. 

Asimismo explicó que, dentro del marco de la violencia política que ha golpeado por años a las mujeres, se puede detallar el hecho de que es más complicado hacer carrera porque se ven limitadas o no tienen acceso a los procesos democráticos. A esto se le suma que tienen carreras más cortas, porque se cansan mucho más rápido y renuncian a la vida política. 

“A la mujer no solo le es más difícil llegar a la política, sino que también le cuesta sostenerse en ella, por todo el tipo de violencia que tiende a experimentar en esta rama y que terminan sacándola. Cuando se tiene hijos el panorama es más complejo aún, porque no se quiere arriesgar a la familia y a los hijos, este es un fenómeno muy complejo y esperamos que pueda empezar a cambiar y a mejorar con la implementación de esta ley”, puntualizó Juvinao. 

A su vez, la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel, sostuvo que la violencia política contra la mujer no tiene logos ni colores, dado que todas las que ejercen en estos espacios, se han enfrentado a este fenómeno a los largo de sus carreras.

“Por eso hoy estamos dando un gran paso para que todas las mujeres puedan ejercer la política libre de violencias, pero más importante para que nuestras niñas y jóvenes sueñen con ser políticas y no tengan miedo de llegar aquí, porque habrá un marco normativo que las protege y les permitirá exigir sus derechos”, afirmó la senadora Blel a esta casa editorial.

Principal reto

La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, explicó a EL HERALDO que el principal reto de esta nueva ley radica en que se le está abriendo paso a una nueva forma de hacer política, teniendo en cuenta que define la violencia política en el ordenamiento jurídico colombiano, y que no estaba estipulada. 

“Estamos poniendo las discusiones del país en otro nivel y la agenda de las mujeres en el centro de los debates, esto supone unos esfuerzos gigantes y enfrentar todo tipo de ataques, pero los resultados empiezan a generar reflexiones y a cambiar una mirada patriarcal que ha estado anclada en la sociedad colombiana”, detalló la congresista.

Entre las anécdotas que recuerda al iniciar su caminar político, está las veces que la silenciaron y no le dieron la palabra, así como los saboteos en las audiencias o debates virtuales. Es por esto que como autora del proyecto tiene claro el principal reto del mismo: que muchas más mujeres puedan llegar a ocupar y disputar escenarios de poder y representación con garantías e igualdad. 

“Ya dimos un importante paso en el Pacto Histórico al tomar la decisión de presentar listas cerradas, paritarias y cremallera, esto incrementó de tajo la representación de las mujeres tanto en Cámara de Representantes como en el Senado, esperamos que en las próximas elecciones sean más las mujeres elegidas y logren ocupar escaños”, destacó Pizarro. 

Las limitaciones

Desde su punto de vista, la representante a la Cámara por el Partido Conservador Delcy Isaza aseveró que hacer política en Colombia es más difícil cuando se es mujer. “Necesitamos  fortalecer nuestra participación política, un compromiso con los partidos, con las instituciones y la ciudadanía  para proteger, prevenir, rechazar y sancionar la violencia en la política hacia nosotras”. 

Y añadió: “Quienes estamos en la política enfrentamos todo tipo de barreras y obstáculos para ocupar cargos de representación, decisión y liderazgo”. 

Víctimas

En el marco de las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, la representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical Carolina Arbeláez fue víctima de violencia política durante una sesión en la plenaria de la corporación. 

Este reciente hecho fue rechazado totalmente por los asistentes a la misma, toda vez que su colega Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, arremetiera contra ella cuando se discutía la expropiación exprés, a la cual presentó su oposición: “(...) Es para Vargas Lleras, aquí con su vocera. Que se tranquilice. Tranquilícese”, al parecer con el fin de silenciar su participación en el debate.

El bochornoso episodio fue denunciado ante la Comisión de Ética de la Cámara, con el fin de iniciar el proceso de investigación

Dicha situación conllevó a que la congresista Arbeláez se pronunciara, indicando que “el Congreso debe dar garantías para que las mujeres seamos respetadas en nuestro ejercicio político. En ese momento exigimos a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que hiciera respetar la voz de las mujeres. No se puede aceptar expresiones de violencia política como la que ejerció contra mí el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón”. 

Análisis de experta

Karol González, analista en temas de violencia de género, en diálogo con esta casa editorial expuso que aunque las mujeres han logrado construir bases importantes en diversas profesiones y oficios, en la política aún falta mucho por hacer.

“En Colombia las mujeres iniciaron su participación política solo desde el año 1957, con el derecho a elegir y ser elegidas, siendo esto producto de sus acciones pacíficas. A partir de ese momento se ha recorrido un gran camino para poder ganar y abrir espacio en los lugares de toma de decisiones”, expresó la analista. 

Detalló además que esta problemática no es nueva y con la aprobación de esta ley lo que se busca es garantizar una participación limpia y segura en la política. 

“La aplicación de esta ley también cumple un rol fundamental en materia digital, y más en esta era, ya que es allí donde más se evidencia la violencia política. El foco de este tipo de normas debe poner a la mujer en el centro, sobre todo generar mecanismos efectivos para que 

ellas accedan al mecanismo de proyección que le permita seguir en el ejercicio político”, puntualizó la analista  Karol González.

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