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Política

Eliminar la Procuraduría requerirá una reforma constitucional

El ente de control tiene un presupuesto de más de $1 billón y más de 4 mil funcionarios. Similares cifras tiene la Contraloría.

Los cambios a la Procuraduría que plantea el presidente electo Gustavo Petro requieren necesariamente de un proyecto de reforma constitucional que deberá pasar ocho debates en un año de legislatura del Congreso y, ante las eventuales demandas que se presenten, por el control de la Corte Constitucional.

Así lo afirma, por ejemplo, el director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, Francisco Sintura: "La Procuraduría no debe intervenir en el proceso penal si hay Fiscalía. Tampoco en la función disciplinaria si hay oficinas de control interno disciplinario en las entidades del gobierno. Entonces, nada justifica su existencia. Puede desaparecer mediante reforma constitucional".

Entre tanto, el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Humberto 'Papo' Amín, del Centro Democrático, advierte: "El anuncio de eliminar la Procuraduría implica una reforma constitucional. Esas reformas hay que mirarlas con lupa, es ahí donde meten los grandes 'orangutanes'.

Al respecto, los artículos 374 y 375 de la Constitución disponen que la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso y que "podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente. El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara. En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero".

Desde la Constitución de 1991, de los 681 proyectos de reforma constitucional presentados, el Capitolio ha aprobado 45, y de estas cuatro reformas aprobadas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional a causa de demandas de inconstitucionalidad.

Esto porque cuando se aprueba una reforma constitucional en el Congreso, la Corte Constitucional tiene la responsabilidad de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Carta Magna.

De acuerdo a la página web de la Procuraduría, esta está conformada "por cerca de 4 mil servidores" y su asignación presupuestal en 2022 fue de "$1.016.531 millones, de los cuales se destinaron a gastos de funcionamiento la suma de $877.361 millones, lo que representa el 86,3%, e inversión por valor de $139.170 millones con un 13,7%".

Lo anterior configura un aumento de los recursos de más del 90% en los últimos siete años: en 2016 la Procuraduría recibía un poco más de $500 mil millones.

Y la Contraloría, según su portal oficial, "cuenta con una planta de personal de 4.057 cargos de los cuales 3.934 son cargos de carrera administrativa y 123 son de libre nombramiento y remoción".

Para esta entidad el presupuesto se duplicó entre 2019 y 2022, pues hace tres años obtenía $558 mil millones y en 2022 más de $1,2 billones.

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