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Política

El camino de espinas y rosas de propuesta de Petro de eliminar Procuraduría

La propuesta abrió un profundo debate en el país. EL HERALDO habló con expertos para analizar su viabilidad y los posibles riesgos. 

Falta un mes para que Gustavo Petro se posesione como el nuevo presidente de la República que gobernará por los próximos cuatro años. Pero desde ya, el país se ha visto inmerso en profundos y polémicos debates.

En las últimas horas, el mandatario entrante dejó sobre la mesa la propuesta de eliminar la Procuraduría y que sus funciones pasen a otros órganos, con lo que tomaría fuerza el proyecto de crear una gran fiscalía anticorrupción.

Aunque  Petro no profundizó  en cómo sería el proceso para eliminar la institución, lo cierto es que desde ya hay muchas opiniones a favor y en contra.

Por un lado, EL HERALDO conversó con  Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien aclaró que la propuesta del presidente electo no es nueva y además en este momento resultaría “necesaria” ya que “Colombia es uno de los países que todavía mantiene la Procuraduría. En el contexto universal, son muy pocos los países que la tienen porque es una institución que se fue remplazando”, señaló.

Así mismo, a su juicio, el problema de la Procuraduría no son sus funciones “porque  la función disciplinaria alguien la tiene que hacer, el problema es la politización. El procurador se elige por Congreso en un remedo de concursos que todo el mundo sabe quién es”.

Bajo ese panorama, otros expertos coinciden en que sí es necesaria hacer una reforma a la institución, pero eliminarla no es una solución profunda. Incluso, el exconsejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, arremetió fuertemente contra Petro y su propuesta y analizó que entonces deberían eliminarse todas las instituciones que tengan problemas de corrupción.

“Con la lógica de vender el sofá para terminar la infidelidad, se deberían eliminar todas las entidades que tienen problemas de corrupción: alcaldías, gobernaciones, ministerios, superintendencias, el Congreso, asambleas, concejos, etc. Con esa falacia no se resuelve nada”, aseguró Guarín

Además hizo la analogía del sofá con el Ministerio Público e insistió en que vender el sofá no es la solución, es decir, que eliminar la entidad no es la mejor opción, ya que eso contribuiría en la “corrupción”.

“La mejor forma de promover la corrupción es debilitar el control, dar vía libre a la discrecionalidad en la toma de decisiones, reducir la fiscalización, desmontar los mecanismos vigilancia. Los problemas que tiene la Procuraduría merecen cambios en la entidad, no vender el sofá”, destacó.

En ese sentido, este medio consultó al académico Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, quien también consideró que aunque está de acuerdo con la propuesta, la eliminación de la Procuraduría no es necesaria, pues se puede modificar. 

“Es una buena propuesta, pero para cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es necesario eliminarla, se puede modificar y dejarla con unas funciones concretas en materia disciplinaria, lo que no incluye la suspensión y destitución de servidores públicos elegidos popularmente", sostuvo. 

Ante esto añadió que "dado que la Procuraduría General de la Nación, dentro de la estructura del Estado es uno de los órganos de control y vigilancia que integra el Ministerio Público (art. 118 de la Constitución), el único procedimiento posible para reformarla o eliminarla es mediante una reforma constitucional". 

Archivo.

Desde el actual Gobierno nacional ya se conocen las primeras posturas. Una de ellas es la de la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez quien señaló que plantear ese tema es de “cuidado” y son “palabras mayores”, argumentando que se necesita del control que hace la entidad.

No obstante, el exmagistrado Arrubla aseguró a este medio que la Procuraduría “no es un órgano independiente” porque “está contaminado por la política”.

Sobre las funciones del Ministerio Público, en su eventual eliminación, Arrubla explicó que estas pasarían a jueces, en el caso de la función jurisdiccional  y a organismos autónomos, en el caso de la función disciplinaria.

En contraste, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar advirtió que "la propuesta de trasladar las funciones de la Procuraduría a la Fiscalía es totalmente inconveniente porque la Procuraduría cumple funciones de protección de derechos fundamentales de la sociedad".

Al respecto, el jurista precisó que el Ministerio Público tiene, en especial, "la competencia de aplicar el régimen disciplinario a todos o a la gran mayoría de servidores públicos cuando hay un desvío de comportamiento en el servicio público, abusos de autoridad o conductas que alteran el funcionamiento del Estado".

Sin embargo, para el exconsejero Guarín la eliminación de la Procuraduría sentaría un mal precedente en términos de control de funcionarios, incluido el propio presidente de la República.

“Mal pronóstico para la democracia. Petro compró mayorías absolutas en el Congreso, ¿con qué? Con lo de siempre: tajadas burocráticas o de presupuesto. ¿O algún ingenuo cree en la conversión espiritual de mafias políticas? Ahora quiere eliminar la Procuraduría que debe controlarlo”, puntualizó.

Bajo la misma línea de Arrubla, Juan Camilo Sanclemente, abogado y director de la Fundación Defensa de Inocentes, le dijo a EL HERALDO que “dentro del tema disciplinario, sería pertinente que sea un juez de la República quien tomase las  respectivas decisiones, conforme a los lineamientos que establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que al eliminar dicha entidad, sus funcionarios pasarían a la rama judicial y/o Fiscalía para así fortalecer el sistema  judicial”.

¿Rumbo a una constituyente?

Algunos sectores advierten que al eliminar la Procuraduría se afectaría una parte de la Constitución de 1991 y por ende necesitaría de un acto legislativo o un referendo, según explicó el ex presidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla.

“Para resolver el destino de la función jurisdiccional de la Procuraduría se debe hacer una reforma al Código Disciplinario, pero para la función disciplinaria se debe reformar la Constitución, ya sea por medio de un acto legislativa, por referendo o por asamblea constituyente”, opinó.

Sin embargo, expertos consideran que una Asamblea Nacional Constituyente es un camino largo y tedioso, además que abriría la puerta a la discusión de muchos temas delicados en el país, como por ejemplo la reelección de la figura del presidente de la República.

No obstante, para el abogado Sanclemente no sería necesaria una constituyente y además esto no supondría ningún riesgo para la democracia, “ya que lo que sucedería sería fortalecer a la rama judicial y Fiscalía para que exista una justicia eficaz que garantice los Derechos Humanos”.

Finalmente, el académico Burbano enfatizó en que por ahora el presidente electo “no se ha referido a una constituyente, sino a la reforma constitucional por acto legislativo. Lo que puede pasar si se elimina la Procuraduría es que sus funciones pasen a otras entidades u organismos, como la rama judicial: fiscales y jueces”, concluyó.

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