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El titulo es:“Sectores poderosos presionarán al Gobierno cuando se conozca el alcance de lo firmado”: Enrique Santiago

“Sectores poderosos presionarán al Gobierno cuando se conozca el alcance de lo firmado”: Enrique Santiago

El abandono de la doctrina de seguridad nacional y el desmantelamiento “completo y absoluto” del paramilitarismo son hoy, para la guerrilla, los asuntos más importantes. Rechaza además que la ley de amnistía la elabore el Congreso.

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El abogado español Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, en su despacho de Madrid. Archivo particular

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El abandono de la doctrina de seguridad nacional y el desmantelamiento “completo y absoluto” del paramilitarismo son hoy, para la guerrilla, los asuntos más importantes. Rechaza además que la ley de amnistía la elabore el Congreso.

Enrique Santiago vive a caballo entre La Habana, donde es jurista de las Farc, y Madrid, donde tiene su despacho de abogado y una vida muy activa en la izquierda política ante las elecciones del 20 de diciembre en España.

El abogado hace un balance positivo del acuerdo sobre la Justicia Transicional, aunque admite que quedan partes por desarrollar.

¿El hecho de que se reúna la subcomisión de juristas en La Habana es prueba de que todavía queda mucho por definir en el acuerdo y que hay diferencias de interpretación?

Obviamente es una tarea muy compleja.Todo es susceptible de múltiples desarrollos. En el acuerdo general de La Habana de agosto de 2012 ya se dijo que nada está acordado hasta todo esté acordado. Pero el asunto no es que haya problemas de interpretación. No hay que perder de vista que en un Estado de derecho las leyes no las interpretan los legisladores sino los tribunales a la hora de aplicarlos. Lo que hay son reticencias del Gobierno. Entiende que es conveniente desarrollar, que no variar, algunos aspectos. Al margen de la imagen que se ha querido dar a la opinión pública, en lo que tienen mucho que ver las elecciones de este mes, el acuerdo es tan firme como los otros que ya se han alcanzado. Imagino que todo el mundo es consciente de que no se organiza semejante presentación internacional en La Habana para luego decir que el acuerdo está en construcción.

¿La resistencia por parte del Gobierno de hacer público el acuerdo se deben a estos matices?

El Gobierno sabrá, pero también es cierto que los anteriores acuerdos alcanzados en la mesa jamás se han publicado sobre la marcha, salvo el de la Comisión de la Verdad. Todos han llevado un tiempo hasta su publicación. Creo que, en todo caso, antes de que se publique el acuerdo sobre la Justicia es necesario construir un mensaje de explicación a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional sin interferencias por motivos de política doméstica. Bajo mi punto de vista, no es el mejor momento para publicar este ni ningún otro acuerdo a semanas de unas elecciones tan importantes.

El ministro de Justicia ha dicho que de los 75 puntos del acuerdo faltan por cerrar cinco.

Claro que quedan cosas por definir. En el documento se cita todo lo relativo a la amnistía para delitos políticos y conexos, por una parte, y todo lo relativo al tratamiento diferencial de los agentes del Estado. En un texto normativo, desde mi punto de vista acordado por ambas partes, ya se dejan las posiciones claras. Algunos legisladores colombianos han dicho que será el Congreso el que elaborará la ley de amnistía, pero esto no va a ser posible. Obviamente, el Congreso y el Senado serán los que aprueben la ley de amnistía, pero no se va a desarrollar unilateralmente. Sería repetir el error cuando se aprobó el marco jurídico para la paz de forma unilateral en 2012, que ha servido para muy poco.

¿Está claramente definido cuáles son responsabilidades o delitos políticos?

Los casos de muertos en combate son plenamente amnistiables conforme la Constitución colombiana. Son delitos políticos en ejercicio de la rebelión, siempre y cuando se producen en combate. No lo es matar a un prisionero o atacar a la población, periodistas o personal médico. La Convención de Ginebra ordena que al término de un conflicto se dé la más amplia amnistía posible a los combatientes por los hechos cometidos conforme la ley internacional. El acuerdo contempla la definición de tres criterios para establecer qué delitos serán amnistiables y cuáles no. Son amnistiables todos los delitos políticos de rebelión, según los define la Constitución colombiana. Luego son amnistiables delitos comunes que tienen que ver con actuar contra el orden constitucional vigente con el fin de habilitar, soportar, ocultar o financiar la rebelión. No serán amnistiables los delitos definidos como crímenes por el derecho internacional, como la tortura, violencia sexual o desaparición forzada. Esto, bajo nuestro punto de vista, también es aplicable a los militares, pero aún hay que concretar el tratamiento diferencial para los agentes del Estado. En muchos casos se podría denominarlo también amnistía, pero el Gobierno, hasta ahora, no ha querido hablar de amnistía para no crear en el imaginario popular una equiparación entre militares y guerrilleros. En el acuerdo aparece que habrá un tratamiento diferencial que será simétrico y equitativo respecto a los miembros de las fuerzas del Estado. A nadie se le van a amnistiar delitos de lesa humanidad.

También ha habido quejas por la falta de definición de la sanción de restricción de libertad, que ha despertado muchas críticas por otra parte.

Bajo mi punto de vista está perfectamente definido. Es más, en el acuerdo está mucho mejor definido cómo se establecen las sanciones de justicia restaurativa, las que llevan aparejado la restricción de libertades, que las retributivas, las que conllevan reclusión carcelaria. Estas últimas se imponen a aquellos que aportan la verdad tardíamente o que intentan ocultarla. La restricción de libertad está perfectamente regulada en función del cumplimiento estricto de la sanción restaurativa. Puede ser de hasta ocho años de trabajo. Es una sanción mucho más dura que las acordadas unilateralmente por el Estado en el marco jurídico para la paz. Este debate que se ha organizado me parece francamente absurdo y creo que está motivado por el actual contexto electoral. La gente piensa, en parte porque eso está siendo comunicado de forma muy deficiente por parte del Gobierno, que la sanción restaurativa consiste en hacer turismo. Pero es una sanción muy dura porque requerirá mucho esfuerzo y mucha dedicación personal y tiempo.

Ya que menciona el contexto electoral, ¿no hubiera sido mejor posponer el anuncio del acuerdo hasta después de las elecciones?

A lo mejor hay otros elementos. Para muchos sectores poderosos de Colombia, que han vivido en la impunidad, la firma del acuerdo debe haber sido una sorpresa inmensa. Y no hay que perder de vista que en Colombia hay muchísima impunidad, pero no atribuible a las guerrillas, y no lo digo yo sino lo dice la Corte Penal Internacional. Creo que ha habido un problema muy serio, por parte del Gobierno, de comunicación, no de este acuerdo, sino en general de los fines del proceso de paz. Se ha explicado el proceso como el sometimiento de una parte frente a la otra, poco menos que un proceso penal contra una de las partes. Nunca ha sido así, nada más ver el acuerdo general. No podría ser así porque la guerrilla no ha sido militarmente derrotada. Cierto que ha retrocedido posiciones después de diez años de Plan Colombia y Plan Patriota, pero el hecho de retroceder posiciones no parece una derrota cuando te enfrentas al mayor ejército del mundo, el de EEUU, y al mayor de América del Sur. Como dijo el presidente Santos, que nadie se equivoque, si no hay acuerdo de paz habrá guerrilla para otros veinte años.

Se ha interpretado que lo que planteaba la guerrilla era impunidad.

Las Farc nunca han pedido impunidad. Porque entonces hubieran admitido muchas de las propuestas que les ha hecho el Gobierno a lo largo de este proceso. Por ejemplo, proponía impunidad solo para los máximos responsables, para que estos fueran sancionados o condenados, pero con cumplimiento fuera de Colombia. Sin embargo, las Farc han planteado desde el primer momento que no hay reconciliación posible si no se acaba de una vez por todas con la impunidad en Colombia, con toda la impunidad. Hasta que el Estado no entendió esto, estaba estancado el proceso de paz. No se puede decir que las víctimas deben estar en el centro del acuerdo y a la vez apostar por la impunidad. Hay sectores que se han aprovechado económica o políticamente del conflicto durante muchos años, que lo han instigado, que han organizado grupos al margen de la ley, que se han enriquecido y que han cometido violaciones de derechos humanos, pero como no son combatientes nunca han sido alcanzado por la Justicia. Es gente poderosa, grupos económicos y políticos clásicos de los partidos tradicionales. Colombia, salvo el breve paréntesis de Rojas Pinilla, nunca ha sido un régimen militar y por ello la cadena de mando en el conflicto no acaba en el Estado Mayor del Ejército. Me imagino que, cuando sea conocido el alcance de lo firmado, sectores muy poderosos estarán presionando al Gobierno colombiano porque esto no es lo que se esperaban. Creo que eso es parte de la dificultad de explicación o reconocimiento de lo firmado por parte del Gobierno.

¿La inclusión de los no combatientes está recogida en el documento sobre la justicia transicional?

Clarísimamente. En esto han coincidido la guerrilla y el Gobierno. Es una jurisdicción para combatientes y no combatientes. El sistema es competente sobre cualquier colombiano e incluso sobre no colombianos que han intervenido, como mercenarios extranjeros o agentes de gobiernos de otros países. Es la primera vez que se crea un sistema de esta complejidad y este alcance, y es por voluntad política, especialmente de las Farc. No es verdad que sea el primer proceso de paz desde que se estableció la CPI. Ha habido como mínimo 28 procesos de países firmantes del estatuto y que han afectado a más de 50 grupos insurgentes. Casi todos se han solventado con amplias leyes de amnistía y sin mirar más. Los dos últimos casos son Malí y Filipinas, donde se dice muy poco sobre justicia. Sin embargo, este es el primer acuerdo de paz en el que se construye una jurisdicción y en el que ambas partes han aceptado asumir todas las responsabilidades. También es el primer sistema que permitirá a las asociaciones de víctimas presentar acusaciones. Va a ser un modelo a seguir.

Dicen algunos que las Farc han pedido que se juzgue a Uribe.

Eso no es verdad. Las Farc han rechazado el derecho penal del enemigo, con destinatario específico. Esto es impropio de un sistema democrático y del estado de derecho. Las normas se crean para toda la sociedad. Jamás las Farc han condicionado el acuerdo a la situación personal de alguien o incluso de un colectivo, jamás. Otra cosa distinta es que se quiera presentar así. Hay sectores que tienen más pánico que otros y que, desesperadamente, pretenden presentar que este sistema se haya construido pensando en ellos. Es darse una importancia que no tienen, sobre todo de cara al futuro. Cuando en los libros de historia se expliquen cómo se solucionó el conflicto colombiano estas personas no serán mencionadas.

¿Qué evaluación espera por parte de la CPI?

Entiendo que tienen el texto. Las primeras reacciones han sido positivas. El ex fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, incluso lo ha calificado de “obra de arte jurídica”. También las asociaciones de derechos humanos más importantes colombianas y las víctimas que han acudido a La Habana han sacado comunicados felicitándonos por los acuerdos y mostrando su satisfacción. A fecha de hoy, hay tres personas que se han opuesto contundentemente. Dos de ellas porque, mucho me temo, pueden tener responsabilidades en el conflicto de una forma u otra, que son el procurador general y el expresidente Uribe. La otra, por desconocimiento y precipitación, es el portavoz de Human Rights Watch, José Miguel Vivancos, pero espero que cuando se conozca el texto del acuerdo se rectifique.

¿Qué falta para alcanzar el acuerdo final?

Lo que se ha creado es un sistema integral. Cada uno de los mecanismos tiene que encajar de forma integral en el sistema. La Comisión de la Verdad ya fue acordada y ahora estamos con el componente de justicia. Se está trabajando muy avanzadamente en el componente de reparación y queda, aunque es lo que está más retrasado, el componente de no repetición. Este último es problemático por varios motivos. Está claro cómo la insurgencia va a garantizar la no repetición, desapareciendo como organización armada una vez que se firmen los acuerdos. Sobre esto no hay ninguna duda. Lo que no está claro es cómo el Estado va a garantizar la no repetición y ese es el tema polémico en estos momentos. Creo que debe haber un abandono de la doctrina de lucha contra el insurgente, lo que se llama la doctrina de seguridad nacional, de reformulación de los currículum en las academias militares y de cumplir el mandamiento constitucional respecto al papel de las fuerzas armadas para que se limiten a la defensa de la soberanía nacional y de las fronteras. El ejército lleva 30 años cumpliendo funciones de orden público sin que siquiera se haya declarado el estado de excepción. El otro elemento de no repetición es el desmantelamiento completo y absoluto del paramilitarismo. El Gobierno hasta ahora ha mantenido la política, desde mi punto de vista muy errónea, de no reconocer que existe el problema del paramilitarismo. Argumenta que ya fue desmantelado con la ley de Justicia y Paz de 2005, lo cual ni siquiera coincide con lo que dice el acuerdo general de agosto de 2012, en el que hay un punto expreso que habla de aclarar el fenómeno del paramilitarismo y del desmantelamiento de las organizaciones ilegales que atentan contra colectivos sociales y los derechos humanos. Afortunadamente, en esto se está trabajando. Se creó la Comisión de Garantías cuya misión es abordar el fenómeno del paramilitarismo. Evidentemente, nadie puede pretender que una organización insurgente se desmovilice y deje las armas sin que desaparezca el paramilitarismo. Este es el principal escollo para alcanzar el acuerdo final.

¿Las víctimas ganan lo suficiente con este acuerdo para aceptarlo?

Las víctimas estarán satisfechas o no en la medida en que los acuerdos se cumplan. De momento, diría que están satisfechas, expectantes y vigilantes. Un clásico en muchos acuerdos de paz es que se cumplen solo en cuanto a desmovilización y amnistías, pero no en todo lo que concierne la reparación, políticas económicas para la convivencia y mejorar las condiciones de vida. Basta con ver El Salvador y Guatemala.

¿Qué ganan las Farc? ¿La reforma rural es una victoria política?

En mi opinión, el acuerdo sobre la reforma rural es muy parecido, por no decir incluso más atrasado, que el programa de reforma agraria del partido Liberal en 1940. No se ha acordado nada del otro mundo. Lo que pasa es que en un país que se ha construido sobre el desplazamiento forzado de población campesina y de la usurpación de la tierra esto parece un mundo. Pero francamente no es ni la socialización del campo, ni la prohibición de la propiedad privada, ni nada por ese estilo. El propio acuerdo ya parte del principio de que será imposible restituir la inmensa mayoría de las tierras arrebatadas por la violencia. Es un mínimo en materia de reforma rural. Más que la recuperación de las tierras tiene que ver con la mejora de las condiciones de la población rural. La ausencia del Estado en las zonas rurales es impresionante y se trata de corregir esto.

¿Entonces lo que ganan las Farc es la amnistía?

Lo que ganan es la paz y poder continuar la lucha por sus ideas por vías pacíficas y democráticas. No es poco. Personalmente no van a ganar nada, dado que han aceptado asumir responsabilidades. Gana toda la sociedad colombiana

¿Es usted optimista de que se firme un acuerdo en marzo?

Estoy convencido de que va a haber acuerdo final, ojalá dentro de seis meses. Pero depende claramente del componente de no repetición y de desmantelamiento del paramilitarismo, que no es desmantelable en seis meses. Por eso hay que construir garantías.
 

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