Dos narrativas chocan en los últimos días del gobierno Santos: ¿Es el fin de una era histórica o de una administración rechazada por más de la mitad de los colombianos?
Solo ocho días le restan a los ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos y el veredicto definitivo sobre su gestión sigue en discusión. A pesar de haber obtenido el mayor logro que cualquier mandatario habría anhelado en los últimos 60 años −firmar un acuerdo de paz con las Farc−, el presidente de Colombia finaliza su segundo período con un aprobación mediocre del 35%. ¿Será el de Santos un legado que el paso de los años juzgará con mayor benevolencia y mirará con mayor gratitud que la gran mayoría de colombianos que gobernó?
Dos hechos marcaron el mandato presidencial santista: la negociación y firma de la paz con la guerrilla y la férrea oposición de su antecesor y mentor Álvaro Uribe, hoy en líos judiciales. La pelea entre Santos y Uribe es indudablemente un factor sin el cual no se puede entender la Colombia de los últimos ocho años. Elegido como el continuador de la seguridad democrática uribista, el mandatario actual le apostó su mandato al proceso de paz con las Farc, hipotecó a esas negociaciones el sello de su gobierno y desató la conformación de un feroz bloque opositor que pondría su sucesor.
Los huevos en una canasta. Cualquier evaluación de los dos períodos presidenciales de Juan Manuel Santos debe partir por separar la percepción popular del mandatario de los logros tangibles de su gestión. Aún a pesar de haber ganado su reelección, en cinco de sus ocho años en la Casa de Nariño, los índices de desaprobación en encuestas como la Gallup superaron a la imagen positiva. El propio jefe del Estado lo reconoce al decir: “hacer lo correcto y no lo popular”.
Sin embargo, la administración Santos sí es responsable por haberse convertido ella misma en una rehén del proceso de negociación y posterior acuerdo de paz con las Farc. Prácticamente cada año el primer mandatario estrenaba una nueva narrativa de gestión en la cual, junto a la paz, se destacaban otros aspectos de su gobierno. A las locomotoras de la prosperidad se le sumaron el país JMS- Justo, Moderno y Seguro- y “Paz, Equidad y Educación”.
El denominador común de estos eslóganes era la necesidad del gobierno de enmarcar una narrativa de modernización donde los esfuerzos de paz eran una pieza central pero no contaban toda la historia. Al final lo que comenzó como un problema de comunicación presidencial se transformó en una gestión monotemática, amarrada a una sola política pública. Todos los huevos en una canasta.
A lo anterior se debe añadir la férrea oposición que desplegó Álvaro Uribe contra el gobierno. Primero como una voz crítica, pionera en el uso de las redes sociales, y luego con la creación del Centro Democrático, el expresidente articuló el rechazo mayoritario a la guerrilla. Además, constantemente forzó a la Casa de Nariño en la batalla de las comunicaciones, a hablar en los términos del lenguaje opositor: “justicia y no impunidad” es un ejemplo. La victoria del No en el plebiscito de 2016 fue el punto culmen de esa estrategia.
El tiquete a la historia
La firma del Acuerdo de Paz constituye sin duda es el logro más destacado del gobierno que termina y su tiquete a un lugar destacado en los libros de Historia. No obstante, la implementación de lo acordado ha contaminado esa herencia: desde el manejo de los dineros hasta por el crecimiento de las disidencias y el asesinato de líderes sociales pasando por el caso de narcotráfico contra Jesús Santrich. De hecho, la mayoría de los votantes escogió como sucesor de Santos a Iván Duque con un claro mandato de ajustes a ese proceso.
Aunque Santos es un presidente acostumbrado a enmarcar sus logros como “históricos” en áreas diferente a la paz, lo cierto es que, por ejemplo, en temas de pobreza monetaria y multidimensional, las estadísticas respaldan los avances. Asimismo en relación con los 1.370 kilómetros de doble calzada, las intervenciones a unos 50 aeropuertos, las tasas de homicidios y protecciones ambientales a zonas protegidas y páramos. El gran problema con esa gama de resultados es que, a pesar de los esfuerzos de la Casa de Nariño, nunca fueron hilados en un mensaje concreto de gobierno.
Paradójicamente, con la implementación del Acuerdo complicada en tantos frentes, será el entrante gobierno de Duque el encargado de moldear la cara final de este posconficto con las Farc y de enfrentar su herencia que ya está siendo violenta. En otras palabras, aún es prematuro para afirmar que ese veredicto de la Historia mirará solo la firma del Acuerdo o englobará las dificultades de la implementación. Por ejemplo para la revista británica The Economist, siempre favorable a Santos, ese fallo será generoso y amable.
Ya en los últimos días de su gobierno el presidente Santos ha visto su imagen favorable subir y el optimismo nacional mejorar sustancialmente. Aunque la belicosidad de la campaña electoral no ha parado y las críticas contra Duque abundan, la narrativa santista de los logros de la paz ha calado en simultánea con un compás de espera al gobierno entrante. Lo cierto hoy es que la incapacidad de la administración Santos de que su legado de ocho años saliera bien librado en las urnas tendrá algún impacto en ese veredicto futuro. Si la transformación del país en los dos períodos santistas fue tan profunda e histórica, ¿por qué la mayoría no decidió continuar? Del veredicto actual de cada colombiano sobre el legado Santos depende la respuesta a esa pregunta de arriba.