El Heraldo
El próximo domingo 29 de mayo se dispondrán las elecciones presidenciales de primera vuelta. Cortesía
Política

El lío con ‘softwares’ de elecciones, ¿superado?

EL HERALDO habló con denunciantes, fuentes cercanas al proceso informático y la MOE, de cara a las presidenciales. 

Esta semana se movieron los procesos que hay por las presuntas anomalías en la diferencia de votos entre el preconteo y el escrutinio de las legislativas: hablaron testigos de la acción popular en el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca y hubo informaciones sobre las pesquisas en la Fiscalía y la Procuraduría.

La acción popular

Germán Calderón España, quien interpuso la acción popular en el tribunal, le dijo a EL HERALDO que esta es “por la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa y a la transparencia por cuenta del registrador (Alexánder Vega)”.

Esto tras las denuncias que ha hecho además el expresidente Andrés Pastrana por las supuestas irregularidades electorales.

Sin embargo, afirma el abogado constitucionalista, “no estamos pretendiendo el aplazamiento de las elecciones” sino la suspensión del registrador porque “no está representando la confianza que amerita un proceso electoral”.

No obstante, el tribunal, al no haber hallado las pruebas suficientes, negó la solicitud de suspensión de Vega.

Las denuncias

El presidente del Congreso, el senador Juan Diego Gómez, del Partido conservador, pidió también a los entes de control que “analicen el estudio final de Colombia Transparente, el cual evidencia con prueba técnica la intervención y manipulación indebida del software de la Registraduría en el escrutinio del pasado 13 de marzo, alterando los resultados con una matriz del 82 % a favor del Pacto Histórico y del 18 % a favor de los demás partidos intervinientes en las elecciones”.

Los ‘softwares’

Fuentes cercanas a las actividades de procesamiento de datos de las legislativas indicaron a EL HERALDO que mientras que la unión temporal Disproel se encargó por un contrato de $1,2 billones de los softwares de la página web, Infovotantes, la inscripción de cédulas, la selección y capacitación de jurados y la digitalización del formulario E-14, la empresa española Indra tuvo a su cargo, por $54 mil millones, los softwares de la sala de prensa nacional en que se divulgan los resultados desde Corferias y el de reclamación en escrutinios de los partidos y candidatos por inconsistencias en el preconteo.

Hernán Anaya, representante de procesos electorales de Indra, indicó ante el tribunal que “no se puede acceder a esos ‘softwares’ sin la autorización correspondiente”, asegurando que no es posible que la empresa pueda manipular el sistema, y añadió: “Jamás en 25 años de trabajo nadie me ha hablado de poder modificar ningún tipo de resultado”.

Disproel, entre tanto, indicó a EL HERALDO que la UT “está conformada por 11 empresas, entre las que se encuentran Telefónica, Thomas Greg & Sons, Prosegur, Grupo ASD y Opesa. Todas con experiencia probada en diferentes campos de acción, incluyendo los relativos a los temas electorales”.

Frente a los cuestionamientos, aseguró que envió a la Registraduría “un informe riguroso y detallado de los hallazgos”. En ese sentido, advierte, “es la Registraduría la que, por conducto regular, podría suministrar el detalle”.

Lo que hace Indra

Las fuentes enteradas del proceso informático explicaron la manera en que operan los dos softwares de Indra: cuando se cierran las urnas a las 4 de la tarde empieza el preconteo de los jurados en los formularios E-14, y una persona reporta esos datos electorales vía telefónica a 12 centros de procesamiento electoral, en Bogotá hay tres y en el resto del país están los otros. Una vez se reportan esos datos al centro de procesamiento, este centro los digitaliza y carga los archivos. De ahí, Indra arrastra los totales de esos formularios E-14 estén bien o mal diligenciados (como en las legislativas, en las que hubo errores en el diseño de los formularios y ello afectó los votos de los partidos), y consolida la información y la publica en los boletines de la Registraduría.

Así mismo, indican las fuentes que el segundo software que provee Indra no hace escrutinios ni cuenta votos sino que lo que permite es resolver las impugnaciones que hay frente a las reclamaciones de partidos o candidatos en relación con la diferencia de votos entre el preconteo y los escrutinios.

Estos escrutinios, agregan, se dividen en dos etapas, la primera a cargo de Disproel es la del escrutinio de mesa, por sitio y departamento, y una vez termina el escrutinio departamental, que se está tomando un mes, pasa al escrutinio nacional y ahí es donde se resuelvan las impugnaciones y reclamaciones a través del software que Indra le vendió al CNE, que es propiedad del Estado y en el que para que se valide cualquier cambio en reclamaciones siete de los nueve magistrados deben poner su huella dactilar.

El registrador Alexánder Vega, en el ojo del huracán, afirma que ya se hicieron las correcciones.
¿Y Disproel?

 A finales de abril el secretario de la Alianza Verde, Jaime Navarro, había advertido en medios de comunicación que “el problema es que Disproel (en el software que se utilizó para el escrutinio) duplicó la votación para algunos partidos en lugares como Cartagena del Chairá. (...) Es decir que le envían a los partidos una cosa y otro es lo que se carga en Indra en el proceso de escrutinio”.

En todo esto las autoridades revisan la adjudicación del contrato en la Registraduría por $1,2 billones, el 10 de septiembre de 2021, para las elecciones de Consejos de Juventud, y legislativas y presidenciales, y en la que resultó favorecida la Unión Temporal Disproel 2021, que fue la única oferente.

 

Expectativa

La Procuraduría, además, ha estado indagando con el CNE cómo va la contratación de la auditoría internacional a los softwares de las elecciones.

Y por ahora, mientras se atienden las denuncias, la Registraduría ha dicho que se han superado esos problemas de las legislativas. Sin embargo esto solo se sabrá a ciencia cierta cuando se abran y se cierren las presidenciales.

Las advertencias que elevó la MOE sobre operación de servicios a manos de privados

Desde el pasado 4 de febrero la Misión de Observación Electoral, MOE, había advertido que aunque el ‘software’ del escrutinio nacional era ya de propiedad del Estado, “el escrutinio que se desarrollará a nivel territorial (zonal, local, municipal y distrital) se mantiene como propiedad de empresas privadas”, recordando que esto incumplía el mandato del Consejo de Estado en el caso MIRA de 2018, que ordenó que el ‘software’ propiedad del Estado debía garantizar era la trazabilidad de los resultados desde la mesa hasta el escrutinio general.

Tras las legislativas del 13 de marzo, los cuestionamientos de la MOE por supuesto se multiplicaron y el 5 de abril preguntaron al registrador, entre otros asuntos, “¿por qué se contrató la elaboración de dos ‘softwares’ para el escrutinio?, ¿durante las últimas semanas de inscripción de cédulas no se previó un mecanismo de contingencia robusto?, ¿por qué para las elecciones a Presidencia se deshabilitó la posibilidad de hacer la inscripción de cédulas de manera virtual, a pesar de estar incluida en el contrato con Disproel?, ¿cuáles han sido las revisiones y acciones técnicas que se han tomado para garantizar el pleno funcionamiento de la plataforma Infovotantes (tanto Web como en su aplicación móvil) para las elecciones presidenciales (ambas vueltas)? y ¿por qué no se hizo uso del ‘software’ de delegados en la elección a Congreso de la República que costó $3.366.247.712 y se había contratado con Disproel?”.

Por ello, EL HERALDO conversó con el coordinador de administración pública y transparencia de la MOE. Marlon Pabón, quien señaló que “la mayoría de los servicios de la Registraduría para las elecciones son contratados con privados, como los ‘softwares’ de inscripción de cédulas, de sorteo de jurados, de la transmisión del preconteo y de escrutinios, y ya no se puede resolver este tema porque es una contratación que ya se está ejecutando, pero en la medida en que sean del Estado hay mayores garantías de acceder a cierta información y a procesos de auditoría”. 

En este sentido, Pabón recordó que el día de las elecciones legislativas hubo fallas en la web, en Infovotantes, en el preconteo “y lo que la Registraduría ha dicho es que ya se solucionaron esas fallas para las elecciones presidenciales”.

De otro lado, a la fecha de cierre de este informe, a 10 días de los comicios, seguía en veremos la auditoría internacional para las presidenciales, debido a que la firma alemana Dermalog, con quien estaba previsto hacer esta revisión, no firmó el contrato y el CNE seguía revisando a contrarreloj los otros oferentes, con el fin de que se garantice esa auditoría solicitada por distintos sectores. Esto porque los candidatos han reclamado dentro de las garantías contar con una auditoría que supervise la jornada, para lo que el Ministerio de Hacienda autorizó $3.277 millones.

Facebook
Twitter
Messenger
Whatsapp
Convierta a El Heraldo en su fuente de noticias
DETECTAMOS QUE TIENES UN BLOQUEADOR DE ANUNCIOS ACTIVADO
La publicidad nos ayuda a generar un contenido de alta calidad
No quiero apoyar el contenido de calidad
X
COMO REPORTAR A WASAPEA
1. Agrega a tu celular el número de Wasapea a EL HERALDO: +57 310 438 3838
2. Envía tus reportes, denuncias y opiniones a través de textos, fotografías y videos. Recuerda grabar y fotografiar los hechos horizontalmente.
3. EL HERALDO se encargará de hacer seguimiento a la información para luego publicarla en nuestros sitio web.
4. Recuerda que puedes enviarnos un video selfie relatándonos la situación.