El caso Santrich y el episodio de la carta perdida enfrenta a CD y Farc
Mientras en el Centro Democrático dicen que la JEP no debe pedir pruebas a EEUU, la Farc afirman que el exjefe debe ser puesto en libertad ante la ausencia de evidencias.
Más leña al fuego le echó al ya de por sí candente caso Santrich el episodio conocido esta semana, de la demora en el envío, por parte del Gobierno, de la solicitud que hace la JEP de pruebas contra el exjefe de las desmovilizadas Farc, en medio del proceso de extradición que se surte contra el exguerrillero.
El sucreño Jesús Santrich, detenido el pasado 9 de abril y señalado de narcotráfico tras la firma del acuerdo de paz –1 de diciembre de 2016–, espera que la JEP constate si hubo trafico de drogas en una fecha posterior al acuerdo.
Frente a la misiva de la JEP, que tramitaron la Cancillería y el Ministerio de Justicia para que llegara a las autoridades estadounidenses, y que apareció en Panamá a manos de la empresa de correos 4-72, el representante de la Farc a la Cámara por Atlántico, Benedicto González –quien ocupa actualmente la curul de Santrich–, le dijo a este diario que se trataba de un “show”.
“El show de la carta de Panamá es un cuento mal contado. La propia directora de relaciones exteriores del Ministerio de Justicia, Natalia Muñoz, se dirige el 23 de enero a la sección de revisión de la JEP para informarle que, mediante oficio formalmente tramitado, comunicó al gobierno de los Estados Unidos del trámite de solicitud de pruebas en el caso de Jesús Santrich. En conclusión, estamos ante un hecho inexplicable pero premeditado, y no es un caso fortuito, sino un hecho desde el gobierno de Duque, ejecutado por Minjusticia”, dijo.
Entre tanto, el senador cartagenero del Centro Democrático, Fernando Araújo, dijo en este medio que a la JEP no le corresponde pedir pruebas contra Santrich para avalar su extradición.
“La JEP no puede seguir eludiendo ni obstaculizando la extradición de Jesús Santrich. En más de 2.300 casos de narcotraficantes extraditados desde Colombia, jamás se le ha pedido al país solicitante de la extradición pruebas para tramitar una solicitud”, puso de presente.
Y su copartidaria, la sucreña María del Rosario Guerra, lamentó en entrevista con esta casa periodística la demora en el envío del oficio pero aseveró que su coterráneo de la Farc debe ser extraditado.
“Esta información adicional pedida por la JEP es vergonzoso que no se hubiera tramitado de manera oportuna, pero se dice que la JEP tiene en sus manos la información, así que lo importante es que de la Farc, quienes hayan seguido delinquiendo en actividades de narcotráfico, sean extraditados”, sostuvo.
¿Libertad o extradición?
El debate de fondo en todo el asunto es la disyuntiva de si Santrich debe ser extraditado o si debe ser liberado para que ocupe su curul en la cámara baja.
Para el representante de la Farc, el exguerrillero sucreño deber ser puesto en libertad, debido a que no hay pruebas en su contra.
“Ante la ausencia de pruebas, el único camino que le queda a la JEP es el de declarar la libertad de Jesús Santrich. Aunque es posible que la JEP ceda ante la presión, pero aún así los EEUU no van a presentar pruebas porque no las tienen: el embajador de ese país ha afirmado en varias oportunidades que su país no presentará pruebas y el fiscal de Colombia ha dicho que tampoco tiene pruebas”, indicó.
De otro lado, Araújo considera que el desmovilizado debe ser enviado al país norteamericano.
“Pedirle pruebas a los EEUU sería trasladar el juicio a Colombia, y eso iría en contra de la relación fraterna entre el país solicitante y Colombia. En el caso de Santrich lo que corresponde es verificar la fecha, cuándo se cometió el delito. A Santrich lo cogieron en flagrancia haciendo un negocio de narcotráfico posterior a la firma del acuerdo de La Habana, por lo tanto es la justicia ordinaria la que debe tramitar su solicitud de extradición”, planteó.
Y Guerra afirma que las evidencias contra Santrich ya obran en el expediente.
“Se ha demorado ese proceso de extradición, y la JEP debería hacerlo. Es lamentable toda esta manera como se dieron las solicitudes de información para el gobierno americano, cuando el mismo fiscal, al hacer la captura de Santrich hace un año, dijo tener en sus manos las pruebas entre otras cosas aportadas por el gobierno americano”, concluyó.
Alirio Uribe, abogado de Santrich, le dijo a este periódico que lo que está en juego en medio de este caso es la garantía de participación política de las desmovilizadas Farc acordada en La Habana con el Gobierno.
“Lo que defiendo en el proceso es en el fondo la participación política del partido de la Farc y las garantías de no extradición del proceso de paz”, dijo.
Añadió que “lo concreto es que Santrich lleva casi 10 meses detenido y durante esa detención nunca ha habido nada regular: el procedimiento ha sido irregular, (...) y todo es totalmente falso: los videos los presentaron sin sonido y cuando se ven con sonido se habla de proyectos productivos y los supuestos narcos mexicanos son agentes de la DEA encubiertos. Y es una captura administrativa y no ha tenido control judicial”. El caso de la carta es catalogado por Uribe como “una trampa”, ya que, señala, “era un hecho de público conocimiento: la Embajada ha hecho referencia a este caso, Duque ha viajado varias veces a EEUU, aquí vienen todo el tiempo de los departamentos de Estado y de Justicia, y era imposible que nadie supiera que esa petición existía”.
Finalmente, advierte que hay una “cruzada por desacreditar el proceso de paz: pero si el fiscal dice que han seguido delinquiendo por qué no hay capturados y si no han entregado todos los bienes por qué no los han incautado”.
En octubre pasado, la Fiscalía envió a la JEP una serie de evidencias contra Santrich. Una de ellas son audios entre Marlon Marín, investigado en el proceso, y Fabio Younes, también en el expediente, tomados en agosto de 2017, en la que hablan de una venta de televisores que, para la Fiscalía, se refiere a la droga. El organismo acusador asegura que Marín aceptó entregar 5 kilos de cocaína a manera de muestra y que luego se negociarían 2 mil kilos. Posteriormente pactan, según el ente de investigación penal, que le entregaran el dinero a Armando Gómez España, también mencionado en el proceso, mientras Marín y Younes se encargaban del traslado de la coca.
En otra conversación, de septiembre de 2017, Marín y Younes hablan del pago de los ‘televisores’, y se dio también una reunión en Bogotá con los agentes de la DEA que se hicieron pasar por compradores de droga. De acuerdo con la Fiscalía, uno de los agentes le dio a Marín 8 mil doláres.
En una tercera llamada en octubre de 2017, entre Marín y un asistente de Santrich, según la Fiscalía, se da cuenta de que “todos los negocios son con él (Marín)”. Y en noviembre, Marín y un asistente de Santrich hablan de que los compradores piden una cita con el sucreño, que finalmente se da, y es grabada en video en la casa de Santrich.
