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Erradicadores trabajan en un cultivo de coca en el Putumayo, bajo protección de la Policía Antinarcóticos.
EFE
Política

Diálogos de paz: el reto de sacar a las Farc del negocio de las drogas

Expertos consideran que el Gobierno Nacional y la guerrilla no deben desgastarse en temas que pueden ser resueltos con facilidad, sino abordar los estructurales referidos al narcotráfico.

La solución al problema de las drogas ilícitas es el próximo tema que abordarán en la mesa de negociaciones de La Habana, Cuba, el Gobierno Nacional y las Farc, en cumplimiento de la agenda pacta para buscar la terminación del conflicto armado.

Si bien expertos consideran que los dos primeros acuerdos logrados –política de desarrollo agrario integral y participación política de la guerrilla– forman parte del mayor porcentaje de la negociación, el que viene no es menos importante.

En un primer escenario, se deben buscar soluciones sociales de fondo a cerca 60.600 familias que, según el último informe de la ONU, viven de los cultivos de coca en Colombia, con énfasis en la región del Pacífico y la del Putumayo - Caquetá, donde hay sembradas 26.789 y 13.278 hectáreas, respectivamente. (Ver infografía de índice de amenaza municipal por presencia de cultivos de coca, 2012).

Por otro lado, el Gobierno debe lograr que las Farc, que insiste en que no son narcotraficantes, se comprometan a dejar este negocio, pues se trata, nada más y nada menos, que de su principal gran fuente de financiación. Hace un año el Ministerio de Defensa dijo que los ingresos de esta guerrilla por la exportación de cocaína y marihuana oscila entre los 2.400 y los 3.500 millones de dólares al año.

Sustituir cultivos. En busca de explorar lo que la sociedad civil y campesinos piensan de las drogas ilícitas, Gobierno y Farc encomendaron dos foros a la ONU y al Centro de Pensamiento de Paz de la Universidad Nacional. 1.341 personas participaron en las convocatorias de Bogotá y San José del Guaviare, de las cuales quedaron unas memorias que serán entregadas en breve a los negociadores en La Habana.

Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento de Paz, afirmó que la gran conclusión fue que los campesinos y raspachines –cerca de 30.000 que viven de quitarles las hojas a las matas de coca– urgen programas de sustitución de cultivos, porque toda esta actividad “ya no es un buen negocio”, aunque advierten que en lo que se haga “no se deben cometer errores pasados”.

En las zonas cocaleras, la mayoría olvidadas por el Estado, la gente se ha ilusionado con la sustitución de cultivos pero ha terminado frustrada. Todo ha sido un fracaso.

“Eso –insistió Vargas– no puede suceder en un proceso de paz” y sostuvo que los programas que vengan deben ser, por lo menos, a 10 años con permanente monitoreo oficial. “Por eso hemos dicho que se necesita una institucionalidad sólida que se encargue de hacer cumplir todo lo que se acuerde en Cuba”, enfatizó.

En el escenario que viene, las Farc han dicho que es urgente atender a los campesinos que viven del cultivo de la coca. Su máximo jefe, Rodrigo Londoño Echeverri o alias Timochenko, anticipó que el tratamiento en la mesa de diálogos al problema de las drogas ilícitas se desarrollará con “la inquebrantable y decidida voluntad (de las Farc)” de contribuir a “poner fin a la injusticia sufrida por las comunidades campesinas”.

¿Qué puede pasar?. Si solo esto es lo que quieren las Farc, no será problema para el Gobierno. Daniel Mejía, profesor de Economía de Uniandes, dijo que si la guerrilla centra sus peticiones en el tema de acabar las aspersiones e impulsar el desarrollo alternativo de cultivos, “será para el Gobierno una concesión fácil de dar”. ¿Por qué? “Las aspersiones –manifestó el experto– no sirven para casi nada y generan costos colaterales demasiado altos”.

En diálogo con EL HERALDO, Mejía mostró su reserva sobre otros temas complejos a tratar. Consideró, por ejemplo, que la guerrilla no pedirá que se acabe la guerra contra el narcotráfico y los carteles criminales porque consideran que “estarían, de alguna manera, reconociendo su vinculación directa con este negocio”.

El consultor internacional en temas de drogas y seguridad, Ricardo Vargas, cree que en la mesa puede darse un “manejo liviano” al nuevo punto a discutir, con políticas preventivas para el consumo interno; iniciativas de despenalización de sustancias y programas de sustitución de cultivos en áreas de influencia de las guerrillas, incorporándolas al tema de las Zonas de Reservas Campesinas, entre otros, por lo que le preocupa que los negociadores no aborden lo que él llama “la magnitud más compleja del tema del narcotráfico”.

A su juicio, entre los “temas gruesos” a abordar están el de las estructuras de seguridad para la producción de cocaína; los puntos de salida y los corredores de exportación; el contrabando de insumos y armas; la extradición y anticiparse a escenarios donde las mismas Farc y otros grupos puedan “darle un nuevo aire a las dinámicas del control territorial”.

“Este segundo paquete –afirmó Ricardo Vargas– es el que yo vería más asociado al tema de la paz en relación con las drogas ilícitas” y enfatizó que “si la negociación se va por la primera vía, a mi me parece que el país se vería frustrado”, pues son temas que “no necesitan” pasar por La Habana “para que sean objetos de políticas”.

Para los expertos, el gran logro del Gobierno debe ser sacar del negocio de las drogas a un grupo armado que ha sido clave en la producción y exportación de cocaína, lo que sería todo un éxito frente a la comunidad internacional y EEUU.

En el caso de las Farc opinan que estas deben tomar la decisión de apartarse del narcotráfico como una forma de “lavarse la cara” ante el mundo, que hoy los considera “no una guerrilla política sino un poderoso cartel del narcotráfico”.

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