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El titulo es:Decisión de Duque sobre JEP desata revuelo político

Decisión de Duque sobre JEP desata revuelo político

Gobierno visitará Espacios de Reincorporación. Choque entre Carrillo y Martínez. No hay cuentas claras en el Congreso aún. Gobierno explica punto a punto su decisión y JEP refuta.

Jhonny Hoyos
Jhonny Hoyos
Clara María González, secretaria jurídica de la Presidencia, radicó ayer las objeciones en el Congreso. Jhonny Hoyos
Por: Tomás Betín @tombetri

Gobierno visitará Espacios de Reincorporación. Choque entre Carrillo y Martínez. No hay cuentas claras en el Congreso aún. Gobierno explica punto a punto su decisión y JEP refuta.

 Un verdadero revuelo causaron las seis objeciones presidenciales de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, que fueron anunciadas el domingo pasado por Iván Duque y que fueron radicadas ayer en la Secretaría del Senado.

La encargada de presentar las objeciones fue la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Clara María González, quien radicó el documento de 46 páginas, dirigido a los presidentes de ambas cámaras, Ernesto Macías, del gobiernista Centro Democrático, en el Senado, y Alejandro Carlos Chacón, del independiente Partido Liberal, en la Cámara.

El documento, suscrito por el jefe de Estado y los ministros del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; Justicia, Gloria Borrero, y Defensa, Guillermo Botero, trae las razones de las objeciones, la explicación de la inconveniencia invocada y la justificación de la competencia presidencial.

Visitas a los Etcr

 En paralelo, el Gobierno iniciará el próximo miércoles una serie de visitas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Etcr, “para socializar con las personas en proceso de reincorporación los alcances de las objeciones”, anunció este lunes en rueda de prensa el alto comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos.

Ceballos adelantó que el jefe de Estado también estará visitando una zona de estas el próximo viernes, “lo cual es muy importante porque es un diálogo directo que quiere tener el presidente con los miembros del partido político Farc”, y agregó que uno de los temas sobre los cuales se hará claridad es que “cualquier efecto que se deduzca de las objeciones y de las reformas constitucionales tendrá consecuencias hacia futuro” y “no afecta la seguridad jurídica de los excombatientes”.

Los votos de los partidos

 El expresidente César Gaviria, director del independiente Partido Liberal, advirtió que recomendará a las bancadas de las toldas rojas votar en contra de las objeciones.

“Recomendaré a las bancadas que todos los congresistas liberales voten para rechazar las objeciones presentadas por el presidente de la República”, anunció Gaviria en una misiva dirigida al jefe de Estado.

Y adelanta, así mismo, que encabezará una cruzada legislativa para detener el cometido del Ejecutivo: “Lideraremos un acuerdo con otras fuerzas políticas en el Congreso para que, si la Corte Constitucional considera que se deben tramitar, se rechacen las objeciones y se obligue a la sanción de la ley”.

Por su parte, el presidente del gobiernista Partido Conservador, Omar Yepes, celebró que Duque acogiera tres de los puntos que como bancada, desde la semana pasada, le habían pedido las huestes azules tener en cuenta.

En la carta exponían su “firme compromiso y decisión de trabajar y avanzar en todo aquello que nos permita consolidar la paz”, pero advertían, en el mismo sentido: “No podemos ignorar las enseñanzas de la experiencia internacional frente a la obligación humana de cerrarle las puertas a la impunidad”.

Por último, decían estar preocupados porque “la Ley Estatutaria de la JEP podría no ofrecer a los beneficiarios del acuerdo, a la sociedad y en especial a las víctimas del conflicto, las garantías necesarias de acceso a la verdad y la justicia que asegure la no repetición”.

Entre tanto, fuentes del independiente Cambio Radical le dijeron a este diario que aunque aún no han decidido como bancada su postura –un encuentro al respecto podría darse esta semana o la próxima–, hay mayorías dentro de la colectividad que apoyarían las objeciones.

Sin embargo, hay un minoría, entre la que se encuentra el senador Rodrigo Lara, que estaría más reacia. De hecho, el parlamentario ha estado tuiteando: “Me da la impresión que las 6 objeciones a la ley estatutaria (que no consisten realmente en temas fondo) sirven más bien para ambientar el tema grueso: facilitarle al gobierno un momento y un pretexto para presentar el acto legislativo”.

“El problema con la radicación de un acto legislativo por parte del gobierno es la intención que puedan tener algunos sectores de ir más allá y afectar la verdad, elemento esencial de las sanciones alternativas y columna vertebral de la JEP. (…) Nuevamente alerto sobre el riesgo de que estas reformas se conviertan en un regalo envenenado para las Fuerzas Militares y terminen exponiendo a decenas de oficiales ante la Corte Penal Internacional con el único fin de salvar a un puñado de políticos”, escribió.

Desde el Partido de la U, gobiernista y con una disidencia minoritaria, aún no hay pronunciamiento oficial, aunque el senador y exnegociador Roy Barreras es uno de los firmantes de la carta a la ONU y el barranquillero Armando Benedetti ha estado ‘trinando’ contra lo decidido por el Ejecutivo.

“¡Choque de trenes! Ruptura institucional! El presidente @ivanduque no está objetando la ley, lo está haciendo es a dos sentencias de la Corte Constitucional. Y hablar de Asamblea Constituyente es amenazar al Congreso”, publicó el senador.

De otro lado, se prevé que los partidos de oposición, incluyendo la Alianza Verde, el Polo, los Decentes, Colombia Humana y la propia Farc, como lo han anunciado y como lo suscribieron en la misiva a la CPI también, voten en contra de las objeciones.

Las objeciones, para ser aceptadas o rechazadas, requieren la mayoría absoluta, que en el caso del Senado, con 106 integrantes, es de 54 votos.

El Gobierno tiene seguros al menos 39 votos en la cámara alta: 19 del Centro Democrático, 13 los conservadores y seis los sectores cristianos.

La oposición cuenta con 23 senadores y los de los liberales son 14. Esto les representa 37 votos seguros.

Si La U, que también tiene 14 parlamentarios en la cámara alta y apoyó al expresidente Juan Manuel Santos en los acuerdos de paz, decide unirse a estos sectores alternativos, llegarían a 51 votos. Pero es probable que no todos los de La U se vayan con las disidencias de la colectividad.

De esta manera, Cambio Radical, con 16 senadores, tiene la clave de la decisión. Pues si se suman todos a los oficialistas llegan a 55, pasando la mayoría absoluta. Pero también puede haber parlamentarios de esta bancada que no se vayan del lado del uribismo.

Las razones de unos y otros

 El Gobierno indica que el artículo 7 se objeta porque “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas”. Pero la JEP ha puesto de presente que la Corte Constitucional ha dicho que “el acto legislativo 01 de 2017, en los artículos 1 y 18, consigna que los responsables de los hechos deben entregar bienes y valores producto de actividades ilícitas. Además, estipula la obligación de decir la verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, Sivjrnr, para acceder a cualquier beneficio”. 

Sobre la objeción del inciso 8 del artículo 63, el Ejecutivo afirma que se da porque “no determina el alcance de la competencia atribuida al alto comisionado de paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembro de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz”. Sin embargo, la JEP advierte que la Corte ha señalado que “la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP podrá incorporar nombres de personas que por fuerza mayor hayan quedado fuera de las listas de acreditados por el alto comisionado para la paz”.

Frente al cuestionamiento del inciso 3 de literal J del artículo 79, la Presidencia critica que la norma “no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar”. No obstante, la JEP plantea que la Constitucional resolvió que “la Fiscalía podrá continuar con su investigación (búsqueda y recaudo de material probatorio), mientras cumpla con la remisión a la JEP. Aunque la Fiscalía debe continuar con los procesos, no podrá: atribuir responsabilidades, decidir sobre la libertad ni citar a diligencias judiciales”.

Acerca del parágrafo 2 del artículo 19, dice la Casa de Nariño, "la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables, genera impunidad". De otro lado, la JEP explica que el alto tribunal ha manifestado que dicho parágrafo “prohíbe la renuncia a la persecución penal de los delitos no amnistiables, es decir los crímenes más graves y representantativos, los cuales serán atribuidos a los máximos responsables”.

Del artículo 150, referente a la extradición por conductas posteriores al acuerdo, asevera el Gobierno que “no precisa lo que ya fue dicho en la ley de procedimiento de la JEP frente a la imposibilidad de práctica de pruebas”. Pero la JEP advierte que la Corte ha dicho que “siempre que el Gobierno reciba una solicitud de extradición de un integrante de Farc o un acusado de ser parte de esta organización, deberá entregar el expediente perfeccionado a la Sección de Revisión, para que esta pueda determinar si el delito es posterior al 1 de diciembre de 2016”.

Y sobre el artículo 153 cuestiona el Ejecutivo que “se condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo”. Sin embargo, la JEP indica que la Corte ha resuelto que “la expresión ‘otras personas’ se refiere a personas naturales sometidas a la JEP, es decir terceros, particulares o agentes del Estado y miembros de la fuerza pública que estén ofreciendo verdad plena”.

Hasta el 16 de diciembre hay plazo para tramitar objeciones

Al recibir la radicación de las objeciones, el presidente del Senado explicó que lo que sigue ahora, cuando se inicien las sesiones ordinarias el próximo 16 de marzo, es que “le daremos el tratamiento de acuerdo a la Ley 5, que dice que se nombrará una comisión accidental por parte del presidente de la corporación para que estudie las objeciones y esta rendirá un informe a la plenaria y la plenaria decidirá sobre el informe, si aprueba o desaprueba”. Y agregó Macías, respecto a los términos que tiene el Legislativo para estudiar las objeciones, que “dependen de la agilidad con que se estudie en las comisiones y en la plenaria, ya que se nos cruza con el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene prioridad, porque es una ley que tiene término, de tal manera que vamos a hacer que sea lo más rápido posible y sin correr”.

Sin embargo, el Capitolio tiene plazo hasta el próximo 16 de diciembre para tramitar las objeciones. Y en caso de que no se logre dentro de esa fecha, el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP se archivará.

Y dado que no hay mayorías claras hacia un lado u otro de las objeciones, el otro panorama es que si hay discrepancias entre las dos cámaras, también habría archivo del proyecto.

“La institucionalidad no está en entredicho”: Fiscal

En un comunicado de tres páginas, emitido el lunes, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al referirse a los reparos que formuló en días pasados contra la Ley Estatutaria de la JEP, que el presidente Iván Duque acogió para objetar el proyecto, aseveró que “la institucionalidad de la República no puede estar en entredicho cuando los poderes actúan en el marco de sus competencias”.

Respaldó de esta manera el jefe del ente acusador los cuestionamientos del Gobierno y reiteró que “es un pésimo mensaje para el país que los desmovilizados puedan mantener el régimen de beneficios de la justicia transicional, si continúan con cultivos de coca después de la firma de los acuerdos y que los reinsertados puedan reincidir en el secuestro, el narcotráfico, el homicidio y la extorsión, manteniendo beneficios de la JEP, así sea con gradualidad".

De igual forma, y descartando así de tajo comulgar con las críticas que se han hecho a los cuestionamientos al articulado, en el sentido de que desconocerían la autonomía de los poderes públicos, puso de presente que con ocasión del trámite de objeciones presidenciales al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP "la Fiscalía ha hecho de conocimiento público sus preocupaciones y reservas sobre el texto final, con profundo respeto por las decisiones de la Corte Constitucional".  

Dice Procurador

“Inseguridad jurídica”

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, advirtió ayer que las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP “ponen en alto riesgo la institucionalidad de Colombia como Estado de Derecho, respetuoso de la separación de poderes y de la independencia del poder judicial”.

En el marco del conversatorio ‘Crisis de la Justicia’, el jefe del Ministerio Público consideró que se entra en un espacio de inseguridad jurídica sobre el cumplimiento de los compromisos del acuerdo final.

Los cuestionamientos al articulado, dijo, “abren un debate inoportuno e inútil, que desconoce el rol de la Corte Constitucional, cuando ella será quien termine de todas maneras resolviendo este problema”.

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