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El titulo es:Cuatro prioridades del Gobierno, en manos de la Corte Constitucional

Cuatro prioridades del Gobierno, en manos de la Corte Constitucional

En la agenda del alto tribunal están proyectos tan importantes como el Acto Legislativo por la paz y el plebiscito, que podrían definir el rumbo de la implementación de la paz.
El presidente Juan Manuel Santos pidió ante magistrados de la Corte avalar plebiscito por la paz.

Temas tratados

En la agenda del alto tribunal están proyectos tan importantes como el Acto Legislativo por la paz y el plebiscito, que podrían definir el rumbo de la implementación de la paz.

La semana que pasó todos los focos estuvieron sobre la Corte Constitucional. Su polémico fallo en que impidió la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, tal vez la más cuestionada de las altas cortes que  creó la Constitución de 1991, le propinó una herida de muerte a la reforma de equilibrio de poderes, una de las banderas del segundo gobierno de Juan Manuel Santos, con la que pretendía reformar la administración de la justicia en el país.

La Corte le dijo no al Gobierno y también al Congreso, quien aprobó el Acto Legislativo que contenía la reforma. Para el alto tribunal, la pretensión de reemplazar a la Sala Administrativa de la Judicatura por un Consejo de Gobierno Judicial para que fuera el órgano rector de la Rama Judicial, era a todas luces una “sustitución de la Constitución”, argumento polémico que revivió el viejo debate sobre la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar temas tan trascendentales como la estructura de la justicia.

Ahora, la Corte deberá fallar por lo menos cuatro proyectos que son vitales para el Gobierno y para el futuro del proceso de paz. En manos del tribunal constitucional está el futuro del plebiscito, del Acto Legislativo por la Paz, del Tribunal de Aforados y del blindaje jurídico al Acuerdo Final para la terminación del conflicto.

Plebiscito, la prioridad. El plebiscito por la paz es sin duda la principal prioridad. A él está condicionada la entrada en vigencia de los acuerdos de paz, ya que además de materializar la promesa del presidente Santos de refrendar popularmente lo pactado con las Farc, el Acto Legislativo para la Paz, proyecto que contiene, entre muchas medidas vitales para la implementación de la paz al blindaje jurídico del Acuerdo Final, no tendrá ningún efecto sin una victoria del ‘sí’ en las urnas.

A pesar que el Gobierno y muchos partidos políticos ya están en campaña activa por el ‘sí’, el plebiscito debe superar varios obstáculos para llegar a ser convocado. El primero de ellos es que aún no es reconocido por las Farc como el mecanismo de refrendación del proceso. Para la guerrilla el plebiscito es una imposición unilateral del Gobierno y como no ha surgido de la mesa de diálogos como consecuencia de un acuerdo en el punto seis –refrendación e implementación–, lo ven con gran recelo.

Otro gran obstáculo es la oposición férrea de figuras como el procurador Alejandro Ordóñez o el exfiscal general Eduardo Montealegre, dos contradictores que han encontrado en el rechazo al plebiscito un punto de encuentro.

Para el Procurador este mecanismo es un “eunuco inane e ineficaz”, para el exfiscal es un “fraude a la Constitución”. Ordóñez pide a la Corte que rechace el proyecto y que en su fallo determine que el mecanismo adecuado es un referendo, Montealegre argumenta que el plebiscito es un referendo disfrazado porque le han dado calidad de vinculante, cosa que no se encuentra dentro de la definición constitucional de lo que es un plebiscito. En últimas, será la Corte quien tendrá la última palabra.

Montealegre: ¿Aliado o verdugo?. El otrora Fiscal General ha sabido cómo convertirse en una verdadera piedra en el zapato para el presidente Santos, aunque gracias a muchas de sus actuaciones mientras ostentó el cargo se haya ganado el mote de ‘santista’.

“Yo soy aliado no del Gobierno, yo soy aliado del país. La paz no le pertenece al presidente Juan Manuel Santos, él no es el dueño de la paz, ni Sergio Jaramillo, ni Humberto de la Calle, futuro candidato presidencial del Partido Liberal. La paz es de todos los colombianos”, afirmó el viernes Montealegre, quien además reiteró a la Corte Constitucional su solicitud de declarar inexequible el plebiscito por la paz.

No es sorpresa entonces que de su autoría sean dos demandas que preocupan al Gobierno. Una de ellas podría sepultar definitivamente la reforma al equilibrio de poderes, ya que está encaminada a acabar con otro de sus pilares como lo es la creación de la Comisión de Aforados como órgano de juzgamiento para los magistrados de las altas cortes y el fiscal.

La otra demanda busca elevar a calidad de acuerdo especial el Acuerdo Final para la terminación del conflicto. Para Montealegre, el resultado del proceso de paz que se adelanta en La Habana debe ser interpretado como un tratado de paz a la luz del Derecho Internacional Humanitario y por lo tanto ingresar automáticamente al bloque de constitucionalidad colombiano. Esto es básicamente lo que se pactó entre el Gobierno y las Farc en el acuerdo de blindaje jurídico, no obstante tiene una diferencia fundamental. De darle la razón a Montealegre, la Corte haría innecesario el plebiscito, o al menos su carácter vinculante. Es por esto que para el Gobierno esta propuesta en “inconveniente” y ha pedido a la Corte que se abstenga de estudiarla.

El precedente.  Según varios expertos, como el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, o la directora de la Corporación Excelencia por la Justicia, Gloria Borrero, el fallo que salvó la judicatura y dejó coja a la reforma de equilibrio de poderes es un precedente judicial importante que puede dar luces sobre cómo podría fallar la Corte en los temas referentes al proceso de paz.

Los argumentos utilizados para revivir el Consejo Superior de la Judicatura fueron básicamente dos. El primero fue la tesis de que al cambiar el diseño constitucional de la administración de la justicia reemplazando la Judicatura por el Consejo de Gobierno Judicial, aunque se mantuvieran con competencias similares, era una “sustitución parcial a los principios de separación de poderes, autonomía e independencia judicial que encuentran expresión en el modelo de autogobierno judicial previsto por el constituyente de 1991”. El segundo se refiere a que el Congreso “se había excedido en el ejercicio del poder de reforma constitucional”.

Esto en otras palabras limita la capacidad que tiene el Congreso de reformar la Constitución vía Acto Legislativo, ya que para la Corte existen temas que no podrían ser cambiados por este mecanismo. Esto genera cierta incertidumbre sobre los fallos venideros, ya que por lo menos tres se refieren a cambios constitucionales: Acto Legislativo por la Paz, equilibrio de poderes y plebiscito. Este último, el más importante, fue aprobado bajo la figura de Ley Estatutaria no de Acto Legislativo, por lo que no tendría la capacidad de modificar la Constitución. Si la Corte encuentra que la refrendación propuesta violenta en algo lo dispuesto en la carta magna, podría peligrar el futuro del plebiscito.

Comisión de Aforados (equilibrio de poderes)

En la Corte está el otro gran pilar de la reforma al equilibrio de poderes, la creación del Tribunal de Aforados, que entraría a reemplazar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara como órgano de investigación y juzgamiento de los magistrados de las altas cortes y el fiscal. Aunque en su último fallo la Corte le tiró un salvavidas al Tribunal dejando en manos del Consejo Superior de la Judicatura la designación de sus miembros, la demanda interpuesta por el exfiscal Montealegre pide que este organismo también sea declarado inexequible. El argumento es el mismo con el que se dejó en firme a la Judicatura, una sustitución a la carta magna de 1991. A pesar de que la ponencia del magistrado Alejandro Linares pide que se le de vía libre al Tribunal, de ser contraria la votación en la Sala Plena, la Corte podría terminar de sepultar la reforma a la justicia. 

Acuerdo Final como acuerdo especial

En una de sus últimas actuaciones como fiscal, Eduardo Montealegre presentó una demanda ante la Corte en la que le pedía interpretar el Acuerdo Final de paz como un tratado a la luz del Derecho Internacional Humanitario. Es decir, darle la calidad de acuerdo especial, con lo cual ingresaría inmediatamente al bloque de constitucionalidad colombiano y no podrían ser desconocido por ninguna autoridad o ninguna ley. La petición de Montealegre es casi igual que el artículo transitorio pactado entre las Farc y el Gobierno para ser anexado al acto legislativo. Ambos persiguen el mismo fin, pero difieren en un importante punto, con la demanda de Montealegre la refrendación no sería necesaria. Aunque el Gobierno pidió al tribunal que no estudiara esta demanda por considerarla “inconveniente”, la Corte dijo que escuchará a todas las partes implicadas. 

Plebiscito por la Paz (refrendación)

El mecanismo de refrendación escogido por el Gobierno para someter a votación popular los acuerdos de paz alcanzados en La Habana aún no ha recibido el visto bueno por parte de la Corte Constitucional. El plebiscito es quizá el proyecto más importante en estos momentos para el Gobierno, ya que el presidente Santos ha condicionado cualquier resultado del proceso a un triunfo del ‘sí’ en las urnas. Hasta ahora la Corte adelantó el pasado 26 de mayo una audiencia pública en la que el Gobierno, en cabeza de Santos, pidió darle vía libre al proyecto. Otros, como el procurador Ordóñez, o el exfiscal Montealegre han pedido que se rechace el plebiscito bajo el argumento de que en la tramitación de la ley que avaló el Congreso, se violaron los topes constitucionales y se le volvió vinculante, lo cual cambia el diseño constitucional de este mecanismo. 

Acto Legislativo y blindaje jurídico

El primero de junio el Congreso aprobó el Acto Legislativo para la Paz, en el que está incluido el artículo transitorio que blindaría jurídicamente el Acuerdo Final. Después de superar la conciliación entre los textos de Cámara y Senado, el Acto Legislativo pasará a la Corte para su revisión de constitucionalidad. Este proyecto ha sido la apuesta más osada del Gobierno en cuanto a las leyes de paz se refiere, ya que la inclusión del artículo transitorio que da rango constitucional a lo pactado en La Habana a penas fue incluido en el séptimo debate al proyecto, es decir, en Senado no se discutió dicha posibilidad. Aunque el Gobierno se aferra al argumento de que esta opción había sido debatida y votada en proposiciones presentadas durante el trámite del Acto en el Senado, será la Corte la encargada de determinar si se rompió o no el principio de consecutividad.

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