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Corte recibe argumentos para definirJusticia Especial de Paz

Representantes del Gobierno le solicitaron al Tribunal Constitucional que avale la JEP. Néstor Humberto Martínez, fiscal general, presentó algunos reparos al proyecto. 

Colprensa
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Audiencia Pública en la Corte Constitucional acerca de la demanda al Acto Legislativo para la paz. Colprensa
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Representantes del Gobierno le solicitaron al Tribunal Constitucional que avale la JEP. Néstor Humberto Martínez, fiscal general, presentó algunos reparos al proyecto. 

La Corte Constitucional adelantó ayer el primer día de la audiencia pública en la que escucha a los diferentes  sectores del Estado colombiano, con el ánimo de reunir elementos de juicio para decidir si avala o no el contenido del Acto Legislativo 01 de 2017 que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR). 

Este sistema está conformado por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), y se derivó del Acuerdo de Paz con las Farc. 

En esta primera sesión participaron los ministros de Justicia y del Interior –Enrique Gil Botero y Guillermo Rivera, respectivamente–, quienes junto al alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, defendieron el Acto Legislativo y al mismo tiempo le  solicitaron al alto tribunal que la iniciativa sea avalada.

También participó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien expuso una serie de ‘peros’ al proyecto por vicios de constitucionalidad y porque además limitaría parte de las funciones de la Fiscalía. 

 Ministro de Justicia

Enrique Gil Botero, ministro de Justicia, señaló que los instrumentos que se crearon para implementar el proceso de paz “son necesarios para el país, y no sustituyen la Constitución Política”. 

“Pone en su centro la satisfacción de los derechos de las víctimas e implementa la fórmula de justicia transicional que fue acordada entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. Por esta razón, la revisión debe dirigirse a que se cumplan los estándares de protección, que fue lo que dirigió el debate del Acto Legislativo”, señaló el ministro. 

Así mismo, enfatizó que dichos derechos no solo se salvaguardarán con la verdad judicial, sino con la Comisión de la Verdad, que permitirá conocer qué fue lo que pasó en el conflicto. En ese sentido, también alabó las facultades de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.

“El Sistema Integral parte de reconocer que el Estado está en deuda, que persigue un fin imperioso de satisfacer los derechos de las víctimas, lo que garantiza la participación de quienes han sufrido el conflicto”, dijo el alto funcionario. 

Ministro del Interior

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, defendió ante la Corte Constitucional el Acto Legislativo y le pidió a la misma que avale la norma, al estimar que se trata de un “conjunto de herramientas para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años”, y que, por tanto, “necesitan entrar en marcha de manera efectiva lo más pronto posible”.

Rivera reseñó que asegurar un escenario que rompa los círculos de violencia del país es la mejor garantía de los derechos fundamentales y que en situaciones de conflicto, es necesario a acudir a herramientas jurídicas nuevas como la JEP.

Comisionado de Paz

Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, señaló por su parte que al Gobierno le corresponde cumplir con su parte del Acuerdo respecto de la implementación de todos los mecanismos necesarios y creados, incluidos aquellos que permitan poner fin al conflicto y una lógica de no repetición.

Según indicó, se necesita enfrentar el pasado, en unas bases de confianza, que permitan construir la paz, en un sistema que está dirigido no solo a las Farc sino a todos los que tuvieron responsabilidad en el conflicto, “entiéndase Fuerza Pública y paramilitares”, precisó.

El alto funcionario dijo que por incluir a todos los actores se logró que las Farc aceptaran llegar a un acuerdo en el tema de víctimas, y resaltó para ello la transición a través de la justicia y la existencia de mecanismos como el de la Comisión de la Verdad.

“No estamos ante un juego. No se trata de que lo que se gane en paz, se pierda en justicia, porque el objetivo de la justicia en una transición que va más allá: es responderles a las víctimas en todos sus derechos, dar seguridad jurídica y contribuir a sentar el Estado de Derecho en todo el territorio”, afirmó.

Las precisiones del fiscal

Durante su intervención, el fiscal Néstor Humberto Martínez afirmó que “el acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de un Sistema Integral es ajustado a la Constitución y permitirá hacer tránsito a una paz sin impunidad”.

Sin embargo, también presentó una serie de reparos que apuntaron principalmente a los vicios de constitucionalidad que, de acuerdo con su visión, la iniciativa presenta, y que es algo afectaría a la institucionalidad del Estado porque limitaría  las funciones de la Fiscalía en su labor contra la impunidad. 

Una primera advertencia que le expuso Martínez a la Corte Constitucional, fue que esta última debía obligar a que la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos –que es uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad– trabajase armónicamente con el ente bajo su cargo, de forma tal que a futuro no se entorpezcan los procesos que ya se han adelantado en esa materia.

Otro de los reparos que expuso el fiscal Martínez ante el alto tribunal fue el inciso del proyecto en el que se establece que una vez los guerrilleros son amnistiados por parte del Gobierno, estos no son objeto para que la fiscalía impulse en su contra pruebas o testimonios en otros proceso, lo cual, afirmó, limitaría gravemente la institucionalidad. 

Martínez también manifestó que, a diferencia de lo que han pretendido establecer las Farc, la JEP no será exclusiva de los exguerrilleros, y que la justicia ordinaria no perseguirá únicamente a quienes fueron sus enemigos durante el conflicto, pues tal situación crearía una guerra jurídica y se desestabilizaría el acuerdo paz. 

Otro elemento que objetó el fiscal fue el hecho de  que, como indicó, la JEP contempla que los procesos de Justicia y Paz sean compulsados tanto a la Fiscalía como a la misma JEP, cuando legalmente esa competencia es exclusiva de la entidad bajo su mando. 

Por último, el funcionario judicial le advirtió a la Corte que debe definir “el alcance de la JEP en relación con la investigación del narcotráfico, en particular con los delitos ocurridos después del Acuerdo, porque el proyecto prevé que sea potestad de la JEP y no la justicia ordinaria, como dice la ley”. 

Martínez argumentó que al señalar estos elementos queda demostrado que “son otros los que le quieren poner palos a la paz estable y duradera”. 

*Con información de Colprensa

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