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El titulo es:Ley del ‘Montes’: Contralor General, otro amigo del Gobierno en un organismo de control

Ley del ‘Montes’: Contralor General, otro amigo del Gobierno en un organismo de control

El Partido Liberal, que respaldó a Santos a la Presidencia, se quedaría con la Contraloría para vigilar los desafueros, abusos y delitos del Ejecutivo. ¿Qué hacer con los entes de control?
Santos en la posesión del fiscal Montealegre, en 2012.
El Partido Liberal, que respaldó a Santos a la Presidencia, se quedaría con la Contraloría para vigilar los desafueros, abusos y delitos del Ejecutivo. ¿Qué hacer con los entes de control?

La escogencia por parte del Congreso del sucesor de Sandra Morelli en la Contraloría General de la República se ha convertido en un triste espectáculo de guerra sucia, que nada tiene que envidiarle a la campaña presidencial que acaba de terminar y de la que aún seguimos sin reponernos los colombianos. La descalificación de los opositores está a la orden del día y las puñaladas traperas abundan.

Los asesores de cada uno de los tres candidatos están husmeando con lupa todos los antecedentes de sus rivales para encontrarles los esqueletos guardados en sus armarios para sacarlos a la luz con el único fin de lograr su descalificación ante la opinión pública.

Y es que lo que está en juego no es poca cosa: ni más ni menos que una de las nóminas más jugosas del Estado, así como uno de los presupuestos más abultados. Se trata de una planta que supera los 4.000 funcionarios y una chequera billonaria.

De manera que el ganador se quedará con un preciado botín del que podrá hacer uso como a bien tenga. O como a bien tenga el partido político que lo respalda, que en el caso de Carlos Ardila Ballesteros, Gilberto Rondón González y Edgardo Maya Villazón –los aspirantes a suceder a Morelli- no es otro que el liberalismo, así se diga que uno de los candidatos tiene el respaldo del recién elegido vicepresidente, Germán Vargas Lleras, y los otros de los ex presidentes César Gaviria y Ernesto Samper Pizano.

En esta oportunidad, los otros partidos de la llamada Unidad Nacional, que respaldaron al presidente reelegido, Juan Manuel Santos, entre ellos el conservatismo y La U, se quedaron sin candidatos a la Contraloría, pero ya tendrán la oportunidad de apropiarse de algunos de los órganos de control y vigilancia, llamados a controlar y vigilar los desafueros, abusos y delitos de los funcionarios del Estado.

Es decir, los partidos de gobierno vigilarán al mismo Gobierno del que hacen parte los partidos del que provienen quienes están llamados a vigilar al Gobierno. ¿Está claro? Vamos a decirlo en plata blanca: el Partido Liberal, que respaldó a Santos a la Presidencia, tendrá un Contralor General para que vigile y controle los desafueros, abusos y delitos del gobierno de Santos.

Y cuando llegue el momento, los otros partidos de gobierno se quedarán con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General y hasta con la Fiscalía General, pues el Ejecutivo siempre encuentra la forma de que la Corte Suprema de Justicia elija a un candidato amigo del Gobierno, como ocurrió con Eduardo Montealegre, quien se había desempeñado como asesor de la Casa de Nariño.

Tener en los organismos de control a funcionarios amigos del Gobierno es bueno para el Gobierno, pero no necesariamente para el país. Y no se trata de dudar de la probidad y competencia de quienes ocupen esos cargos, sino de contribuir al fortalecimiento del Estado y del sistema democrático, fomentando la autonomía e independencia de los poderes públicos y –claro- de los órganos de control y vigilancia.

En el caso colombiano, la designación de funcionarios afectos al Ejecutivo atenta contra el sistema de pesos y contrapesos, definido en la Constitución de 1991 como el mecanismo encargado de impedir que un poder imponga su voluntad sobre los otros. Aunque la valiosa figura perdió relevancia con la reelección presidencial de Álvaro Uribe, es bueno que el espíritu de la misma se mantenga.

Hoy se da por hecho que la “armonía y colaboración” entre los poderes consiste en imposición de la voluntad de uno de ellos sobre los otros dos, lo que termina degenerando –nada más y nada menos- en un autoritarismo nefasto para el sistema democrático. ¿Qué hacer con los organismos de control y vigilancia? ¿Y al Ejecutivo quién lo ronda? ¿Un gobierno en manos de sus enemigos?

Momento en el que el presidente Juan Manuel Santos posesiona a Sandra Morelli como contralora general, el 30 d e agosto del 2010.

El poder del Contralor

Desde los tiempos del vallenato Aníbal Martínez Zuleta, comenzó a tejerse la leyenda del inmenso poder del Contralor General de la República, por cuenta no solo de la nómina que maneja, sino por los multimillonarios contratos que celebra.

De hecho, la actual contralora está siendo cuestionada por sus enemigos políticos por ambos hechos: la supuesta creación de una nómina paralela dentro de la entidad y la celebración de múltiples contratos sin el cumplimiento de los requisitos exigidos.

La funcionaria ha negado con vehemencia ambos señalamientos. La figura del contralor entró en desgracia por cuenta –principalmente– del desempeño de tres de los antecesores de Morelli: Manuel Francisco “Kiko” Becerra, Rodolfo González y David Turbay, los tres envueltos en líos penales por cuenta del proceso 8.000.

Ello terminó por satanizar ante la opinión pública a uno de los principales organismos de control y vigilancia del Estado, cuya naturaleza es técnica y no política. No obstante, el cargo terminó desempeñado –con contadas excepciones, entre ellas Morelli- por políticos y no por técnicos y expertos.

De manera que un contralor de bolsillo del Ejecutivo, que llegue a pagar favores políticos a sus jefes, quienes se encargan de mover sus fichas en las altas cortes para que lo postulen, no garantiza ni la independencia ni la autonomía que se requiere para el desempeño óptimo de sus funciones. Un contralor con padrinos políticos a quienes debe rendirle cuentas es nocivo para la salud de la democracia.

Organismos de control, ¿en manos de quién?

Ante el riesgo que significa el hecho de tener “funcionarios de bolsillo del Gobierno” al frente de los organismos de control y vigilancia, la pregunta que surge es: ¿en manos de quién deben quedar dichas entidades?

Es preferible que dichos órganos queden en cabeza de partidos y movimientos opositores al Gobierno, dispuestos a vigilar y controlar sus desafueros, abusos y delitos, que dejarlos en manos de sus amigos, cuya misión no es otra que garantizarles impunidad a todos y cada uno de sus actos.

Estos funcionarios, a su vez, deben ser vigilados y controlados –disciplinaria y penalmente– por la Corte Suprema de Justicia, llamado a ser el alto tribunal que vigile y sancione a quienes –por razones eminentemente políticas– abusen del poder que les ha sido conferido.

De esta manera, la Suprema –que deberá recuperar el brillo de otras épocas– tendrá en sus manos la suerte de quienes pretendan maniatar el funcionamiento del Estado, mediante investigaciones o decisiones, motivadas por simple retaliación política.

La sanción impuesta a dichos funcionarios abusivos debe ser –obviamente– ejemplarizante.

“La sanción disciplinaria impuesta por la Corte debe no solo ser ejemplarizante, sino no dejar ninguna duda sobre la ausencia de motivaciones políticas de la misma”, me respondió un magistrado con quien hablé sobre el rol que tendría el alto tribunal. 

¿Y al Ejecutivo quién lo ronda?

Ante el desprestigio de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que terminó convertida en la “Comisión de Absoluciones de la Cámara”, como la llaman con sorna los propios congresistas, los organismos de control y vigilancia del Estado están llamados a fiscalizar las actuaciones de quienes desde el Ejecutivo incurren en actuaciones irregulares o abiertamente ilegales.

La propuesta del Polo Democrático Alternativo –poco tiempo después de la primera elección de Juan Manuel Santos- en el sentido de que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara tuvieran asiento mayoritario representantes de los partidos y movimientos que no apoyaron su candidatura, nunca fue considerada por el Gobierno. Todo lo contrario: el Ejecutivo se encargó de que los integrantes de dicha comisión fueran sus amigos, entre ellos el sucreño Yahir Acuña, afecto al Gobierno y uno de los grandes electores de Santos en junio pasado.

De manera que su función fiscalizadora del Ejecutivo terminó desnaturalizada y hoy por hoy no deja de ser un apéndice del mismo, hasta el punto de que pocos creen en el cabal cumplimiento de sus funciones.

Tanto es así que ya están en marcha iniciativas que proponen su disolución. ¿Qué sentido tiene –dicen sus detractores– una Comisión de Acusaciones que ni vigila ni investiga ni acusa? Si a ello se suman unos organismos de control y vigilancia que tampoco cumplen a cabalidad con sus funciones, llegamos al triste escenario de un Ejecutivo desbordado y sin ningún tipo de fiscalización. 

¿Un Gobierno en manos de sus enemigos?

Exigir autonomía e independencia por parte de los organismos de control y vigilancia del Estado, no significa dejar al Gobierno en manos de sus enemigos, como sostienen quienes defienden la tesis de que es mejor que el Ejecutivo esté rodeado por sus amigos.

Lo que significa en realidad es que sus actuaciones deben ser vigiladas con celo por quienes están llamados a representar los intereses de toda la sociedad y no los intereses de quienes los postularon o designaron. Llevar a los cargos directivos de los organismos de control y vigilancia a quienes tienen el propósito de “cuidar las espaldas” de los funcionarios del Gobierno de turno, no solo atenta contra los principios de transparencia que deben regir a un Estado Social de Derecho, sino que se presta para perpetuar las prácticas de corrupción que vuelven inviable a dicho Estado.

De la independencia y autonomía con que se comporten los jefes de esos organismos depende –qué duda cabe– la propia supervivencia del Estado. La escogencia del nuevo Contralor General por parte del Congreso en pleno –luego de una campaña con guerra sucia incluida– evidencia la necesidad de que los organismos de control y vigilancia dejen de ser simples fortines burocráticos de partidos y movimientos amigos del Gobierno y se conviertan en entidades que defiendan los intereses de toda la sociedad y no de quienes operan como jefes políticos de las personas que están al frente de dichas instituciones.

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