Este es el proyecto de Minjusticia para resocializar privados de la libertad

“Preferimos que el debate se dé sobre bases ciertas. El proyecto de ley que vamos a radicar en el Congreso no es un proyecto de excarcelación ni muchísimo menos un proyecto de impunidad”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna en sesión virtual con los gobernadores y alcaldes del país para socializar el proyecto de ley de modernización del sistema penitenciario, que busca el cumplimiento de las penas y la reincorporación social de los condenados.

El funcionario también ha reiterado que esta iniciativa, que se basa en los principios de la justicia restaurativa, busca “evitar la reincidencia”, para lo que ha invitado a “un diálogo con argumentos, artículo por artículo, mirando qué conviene, que se le puede cambiar, pero la democracia es la democracia y bienvenida cualquier forma de expresión democrática. Todos estamos de acuerdo en la finalidad de tener una sociedad con menos impunidad y este proyecto le apunta a eso”.

La norma dispone que a mayor avance del individuo en su resocialización, siempre que tenga una conducta ejemplar en prisión, podrá progresivamente irse reincorporando a la sociedad a través de la obtención de permisos que serán ordenados por jueces. La diferencia está en el dinamismo con que se espera que funcione: si la persona condenada cumple los requisitos irá obteniendo permisos cada vez más progresivos hasta el final de su tiempo en prisión. Pero, si incumple en cualquier momento se acaban las posibilidades de acceso a los permisos. 

No podría solicitar la suspensión de la ejecución de la pena y la detención domiciliaria como alternativa a la prisió ningún condenado por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes ni los condenados por delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), por graves violaciones de los derechos humanos, contra la administración pública, por delitos cometidos por la criminalidad organizada o delitos graves de seguridad ciudadana, puede solicitar la suspensión de la ejecución de la pena o la detención domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural.

Además, casos como la extorsión o el hurto con violencia sobre las personas o los atracos que tanto preocupan por el riesgo que corren los ciudadanos, no estarán cobijados con esta medida.

"La legislación actual es contundente en restringir la salida de personas condenadas por delitos sexuales, particularmente si las víctimas son niños, niñas y adolescentes. En ningún caso a los condenados por delitos sexuales contra menores de edad se les permita gozar de algún beneficio que les autorice volver a la calle. El proyecto mantiene todas las restricciones ya previstas por el legislador", se lee.

Este proyecto, indica el Gobierno, busca satisfacer los derechos de las víctimas, quienes hasta ahora han estado excluidas; reducir los costos del sistema penitenciario y para que funcione en condiciones dignas requiere de un presupuesto de 5,1 billones de pesos; y pretende aumentar la seguridad para los ciudadanos, porque busca reducir los índices de reincidencia, que una persona que haya sido condenada no vuelva a cometer delitos, entre otras cosas, porque ya conoció lo dura que es la vida en las cárceles.

Señala el documento que "no es un proyecto para conceder rebaja masiva de penas. Tampoco es un proyecto de impunidad ni de excarcelaciones. Es una iniciativa pensada en la seguridad de los ciudadanos, en quitar cargas al sistema judicial, en atender el déficit del acceso a la justicia, y mejorar la capacidad efectiva de los sistemas penal y penitenciario. Además, abre la puerta a la conciliación en materia penal en centros de conciliación, consolidando así vías rápidas para la terminación de conflictos".

El proyecto de reforma, así mismo, le apuesta a que el tiempo que una persona esté privada de la libertad sea un tiempo productivo para él y para la sociedad. Y pretende que los presos se conviertan en personas que aporten al desarrollo del país y no sigan engrosando las cifras de la criminalidad. 

"Engordar las estadísticas de capturas no resuelve los problemas del país. Las cárceles no pueden seguir siendo escuelas del crimen. Deben transformarse en espacios de vida, de educación, de dignidad, de oportunidad, de arrepentimiento y reparación. La humanización de las cárceles no riñe con la seguridad ciudadana. Todo lo contrario. En la medida en que logremos reducir la reincidencia habrá menos delitos y más seguridad", señala el documento.

Finalmente, el condenado que incumpla los acuerdos que le permitieron acceder a los permisos de una cárcel abierta no solo se expone a la revocatoria de estos beneficios y a su exclusión definitiva del programa, sino que también deberá enfrentar un nuevo proceso penal, por ejemplo, por fuga de presos.

Los beneficios de la prisión abierta son para personas que ya han cumplido una parte significativa de su pena, quienes están próximos a recuperar su libertad, a saldar su deuda con la sociedad. Si incumplen volverían a la cárcel, sin ningún beneficio. De hecho, actualmente en Colombia cerca de 3.000 personas privadas de la libertad tienen acceso al beneficio administrativo de 72 horas, sostiene el Ministerio.

"Quienes afirman que con la posibilidad de que más personas condenadas salgan a trabajar de día y regresen en la noche están convirtiendo las cárceles en hoteles, desconocen que esa norma está vigente en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penitenciario desde hace más de 20 años, y, lo que es peor, minimizan lo que significa estar preso", se lee en el abecé.

Y por último explica la cartera judicial que se propone eliminar el delito de incesto porque actualmente tiene una pena de 1 a 4 años, y con el proyecto se busca que cuando la víctima sea una menor de edad estos casos se manejen como un delito de acceso carnal violento agravado, que tiene una pena mínima de 40 años.