Cinco claves del blindaje jurídico al Acuerdo Final de paz

El anuncio del jueves sobre el mecanismo para blindar jurídicamente el Acuerdo Final de paz generó una polémica que dividió a la opinión pública del país. (Ver infografía)

Desde senadores hasta analistas plantearon argumentos a favor y en contra de lo que para algunos es la garantía del cumplimiento por parte del Estado y las Farc del acuerdo de paz, pero para otros es un atentado contra las instituciones y la consitución. 

Entre los puntos polémicos del llamado “blindaje jurídico” se encuentran el rango constitucional que se le daría a lo pactado en La Habana, el anexo al Acto Legislativo de un artículo cuando solo restan dos debates y el corto tiempo con el que cuenta el Congreso para aprobarlo.

Garantía para el cumplimiento de lo pactado. El presidente Juan Manuel Santos valoró el anuncio hecho por las partes en La Habana calificándolo de un paso histórico por parte de las Farc, que por primera vez reconocían el orden constitucional y al Congreso de la República.

“Al haber aceptado estos procedimientos, también las Farc reconocen por primera vez nuestra Constitución, nuestras leyes y los poderes que emanan de nuestra Constitución”, manifestó Santos en una declaración que dio en Londres.

No obstante, para analistas como Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Conflicto de la Universidad Nacional, también significa un fuerte compromiso del Estado.

“Significa fundamentalmente que el Estado colombiano se compromete a cumplir esos acuerdos, y no es este Gobierno sino el que viene y los que vendrán, es de obligatoriedad. Pero también las Farc asumen el compromiso ante la comunidad internacional de que tienen que cumplir esos acuerdos, es una garantía”.

Sin embargo, para el exconstituyente Carlos Holmes Trujillo, lo que se pactó es un atentado contra las insituciones ya que sustituye el Congreso y lo convierte “en un despacho notarial” con la única capacidad de decir sí o no a lo pactado.  Para Holmes lo acordado en La Habana es un “golpe de Estado para la democracia”.

Acuerdo de Paz con rango constitucional. El objetivo de lo pactado es elevar el Acuerdo Final de paz a la categoría de “acuerdo especial”, esto lo colocaría al mismo rango de la constitución al quedar incluido dentro del bloque de constitucionalidad.

Al respecto, Vargas afirma que esto se enmarca dentro del Derecho Internacional Humanitario y que al presidente como jefe de Estado solo le bastaría depositar el acuerdo ante el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Gobierno Suizo como guardianes de los acuerdos de Ginebra y por otro lado ante la ONU para que lo pactado con las Farc entre automáticamente en el bloque de constitucionalidad. “En teoría todo lo interno se pudiera obviar”, sostiene.

De acuerdo con Jaime Amín, senador del Centro Democrático, el artículo 3 común de la convención de Ginebra, que sustenta el blindaje jurídico propuesto,  “es un tema extraño dentro de la esencia misma del DIH”.  Además es “bastante cínico” que las Farc invoquen un “normatividad que en 50 años de guerra no respetaron un solo día”. 

Modificar el Acto Legislativo. El proyecto mediante el cual se busca establecer un mecanismo más expedito para tramitar las leyes necesarias para implementar la paz está pendiente de su séptimo debate en la comisión primera de la Cámara, es decir, solo le restan dos.

Esto hace imposible para algunos congresistas que se incluya el artículo pactado con las Farc que elevaría el Acuerdo Final a rango constitucional.  Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que este artículo “tiene consecutividad” porque “la idea se discutió en todos los debates”.

Cristo cita dos propociones presentadas por el senador de La U Roosevelt Rodríguez en las que se plantean la inclusión de artículos transitorios en el Acto Legislativo para elevar el Acuerdo Final, o parte de este, a la calidad de acuerdo especial. 

Los tiempos son cortos. El Gobierno se comprometió a introducir las modificaciones al Acto Legislativo antes del 18 de mayo, dándole el tiempo justo al Congreso para sortear los dos debates que restan al proyecto.

El primero será en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y el segundo en la plenaria de esta corporación. Ambos debates deben completarse antes de que finalice la legislatura, es decir, antes del 20 de junio.

De no lograrse este cometido el proyecto podría ser archivado.

¿Es necesaria la refrendación?. En su discurso, Humberto De la Calle manifestó que la refrendación del acuerdo de paz seguirá siendo una condición y que esa decisión que tomen los colombianos “será la que desencadenará los desarrollos jurídicos antes mencionados”.

Así, el plebiscito que impulsa el Gobierno y que hace curso en la Corte Constitucional continúa siendo un compromiso de Santos. Así lo manifestó también el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la convención nacional del Partido Liberal, al invitar a la colectividad roja a iniciar campaña activa por este mecanismo.

Para Vargas, el futuro del plebiscito está completamente en manos de la Corte, ya que, como sostienen consitucionalistas como Rodrigo Uprimy, el acto tribunal podría incluso determinar que la refrendación no se debería hacer por esta vía, sino por medio de una “consulta refrendataria”.

No obstante señala que, después de blindados los acuerdos, las Farc estarían de acuerdo con el mecanismo que determine el Gobierno.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió que “la necesidad” de garantizar la participación democrática de los ciudadanos para la refrendación e implementación de los acuerdos de paz con las Farc.
En este sentido, la Defensoría afirmó que ese acuerdo supone que las FARC pasen del reconocimiento del Gobierno como interlocutor en las negociaciones a “aceptar la participación de las instituciones del Estado en este proceso y que por esa vía las partes busquen fórmulas legales de legitimación para el logro de una paz estable y duradera”.

“Usted fue elegido para cumplir la Constitución”

En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, el procurador Alejandro Ordóñez aseguró que el Gobierno y las Farc no están revestidos de poderes constituyentes por el ordenamiento jurídico o el pueblo colombiano para “blindar” lo pactado en los diálogos de paz en la Constitución. Según lo planteado por Ordóñez, si lo pactado en La Habana queda como un Acuerdo Especial, con la firma de este, cualquier mecanismo de refrendación popular sería irrelevante frente a los acuerdos y esto constituiría un “fraude a la voluntad popular”. Ya que Santos se comprometió a que “la última palabra la tendrán los colombianos”.

“Usted, señor presidente, y ‘Timochenko’, pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso ni ahora, ni en el futuro”, sentenció Ordóñez.

“Las Farc y su Gobierno notificaron al país que convinieron que el acuerdo final que suscriban tenga la calidad de “Acuerdo Especial”, conforme a las normas del Derecho Internacional Humanitario y que haga parte del bloque de constitucionalidad”. Con eso, asegura, se pretende que la totalidad de los acuerdos negociados y por negociar, sean integrados como norma a la Constitución, y que lo que plantean se sitúe al mismo nivel de las normas.

El acuerdo de paz es inminente y debe ser refrendado

'Iván Márquez' jefe negociador de las Farc  afirmó que ante la “inminente” firma del acuerdo final, este pasará a integrar el bloque de constitucionalidad del país, y que a pesar de tener la condición de “acuerdo especial”, será sometido a un mecanismo de refrendación.

"Si entre los combatientes, entre los que arriesgamos la vida en los campos de combate, hay importantes consensos en torno al cese al fuego y las hostilidades, es porque el acuerdo es inminente. Si la dejación de las armas, con compromisos recíprocos para las partes, se ha entendido como su no utilización en política, es porque estamos cerca de un histórico pacto de humanidad y amor por la patria. Márquez reiteró el compromiso de las Farc con la firma de la paz y con cumplir con lo pactado en La Habana. "Ya nos rige lo acordado", sostuvo, al tiempo que resaltó que "nuestra rúbrica es un sello vital de compromiso histórico y un legado incontrovertible para las futuras generaciones de cómo se deben asumir las obligaciones ante el altar de la patria".Aunque no precisó cómo se someterán los acuerdos a consulta con los colombianos, la guerrilla subrayó las palabras de Humberto De La Calle sobre que "habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado".

La guerrilla le abre así la puerta al plebiscito por la paz.

Mininterior insta a votar por el “sí” en el plebiscito

En el marco del Foro Programático Nacional, organizado por el Partido Liberal, Juan Fernando Cristo reiteró que los colombianos tendrán la última palabra con respecto a lo acordado entre el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana, luego de las nuevas determinaciones en torno al blindaje jurídico de las partes en la mesa de conversaciones.

“Que quede claro que todos esos mecanismos jurídicos, las facultades, la elevación a acuerdos especiales, ninguno de esos mecanismos entrará a funcionar si los colombianos no han salido a las urnas a votar sí a los acuerdos de paz de La Habana”, aseguró Cristo.

“Por esta razón las facultades extraordinarias que se le dan al Presidente, en el acto legislativo para la paz, están pensadas solamente para hacer lo que se tiene que hacer al siguiente día de firmados los acuerdos en las zonas donde hay presencia armada. Que haya inmediatamente presencia institucional y otros actores ilegales no ocupen esos territorios”, agregó el Ministro.

Previo al Congreso, Juan Fernando Cristo invitó a la colectividad “a que se ponga la camiseta” por la descentralización de los territorios y la paz.