El Heraldo
Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, en Cuba. Archivo
Política

Blindaje jurídico del Acuerdo de paz estaría en riesgo

Una ponencia en la Corte Constitucional plantea modificar apartes del Acto Legislativo 02 de 2017.

La Sala Plena de la Corte Constitucional se apresta a estudiar una ponencia que presentó  uno de sus magistrados, en la cual se pide tumbar parte del Acto Legislativo 02 de 2017, que blinda el Acuerdo de paz alcanzado con las Farc para que sus disposiciones se cumplan en los próximos tres gobiernos.

En concreto, se pide tumbar el segundo inciso del artículo primero que dice que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”.

Igualmente, se pide eliminar que “las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

La ponencia es del magistrado Luis Guillermo Guerrero quien dice que esas disposiciones sustituyen el proceso de legalidad y afectan el principio de separación de poderes.

Este proyecto de fallo que deberá ser estudiado y votado en Sala Plena deja intacto el artículo 2 de ese Acto Legislativo que señala que el Acuerdo de Paz debe cumplirse durante las próximas tres presidencias.

En este proceso no participará la magistrada Cristina Pardo, quien está impedida. Cabe recordar que por el estudio de este Acto Legislativo está suspendido el estudio del decreto ley 893 de 2017, que crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.

Gobierno responde

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, señaló que el blindaje del Acuerdo de Paz que establece el Acto Legislativo 02 de 2017 es necesario para la implementación. De acuerdo con Rivera, la implementación del acuerdo debe ser fiel a su contenido y por eso en dicha reforma se estableció esa obligatoriedad de cumplimiento. “Esa norma tiene perfecta viabilidad constitucional, pues el presidente tiene competencias para firmar acuerdos de paz”, señaló.

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