Aprobada en primer debate reforma al Código Disciplinario
El proyecto mantiene el juzgamiento de los funcionarios de elección popular en la Procuraduría.
Las Comisiones Primeras Conjuntas aprobaron este jueves, en primer debate, el proyecto de reforma al Código Disciplinario, impulsado por la procuradora Margarita Cabello.
La iniciativa mantiene la facultad para que la Procuraduría pueda, con dos funcionarios distintos, investigar y juzgar a los funcionarios de elección popular.
Al respecto, la procuradora general agradeció el aval y advirtió: "Hoy hay impunidad en el país frente a los funcionarios públicos y en especial frente a los funcionarios públicos de elección popular. Esta reforma permitirá retomar el curso y evitar que prescriban más de 10.000 procesos".
Añadió la funcionaria que la iniciativa "aumenta las garantías que deben tener los funcionarios de elección popular al momento de ser juzgados, respondiendo así a la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
"Hoy tenemos alrededor de 12 mil funcionarios públicos de elección popular que son objeto de investigación o sujetos disciplinables, que desde hace un año no han podido ser investigados, no han podido ser sancionados, y esto es impunidad", señaló Cabello.
Durante la discusión, el senador Gustavo Petro, de la Colombia Humana, aseguró que "la sentencia ordena al Estado, porque la Corte IDH es como cualquiera de las cortes colombianas, a que no se pierdan derechos politicos sino en virtud de sentencias de juez penal. Por eso la decisión del ex procurador Alejandro Ordóñez, de quitarme por 15 años los derechos politicos, fue suspendida no solo por la Corte IDH sino también, antes, por el Consejo de Estado en sala plena".
Por ello, anunció que la semana entrante, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, visite Colombia para verificar denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública durante las protestas, "le pondré de presente que el Estado colombiano desacató el fallo" y pidió, así mismo que se entreguen las actas de la sesión de este jueves a la Corte Suprema de Justicia "porque aquí se está cometiendo un delito".
Acto seguido, la oposición se retiró de la discusión.
Por su parte, el representante César Lorduy, de Cambio Radical, respondió que "las funciones jurisdiccionales no son única y exclusivamente de la Rama Judicial, incluso el Congreso desempeña funciones jurisdiccionales", agregando que "en el punto 129 del fallo, la Corte IDH advierte que la concentración de las facultades investigativas y sancionatorias en una misma entidad es una característica común en los procesos disciplinarios y no es incompatible con la Convención Americana".
Y añadió que "el Consejo de Estado dijo que el hecho de que la sanción no sea impuesta por un juez penal no es una incompatibilidad entre la Constitución y la Convención Americana. La Corte Constitucional dice que debe considerarse de manera armónica la Convención. Y esta es una decisión resuelta por los máximos tribunales y la propia Convención. Este Código es constitucional".
El proyecto deberá ser debatido ahora en las plenarias de Senado y Cámara.
