Centros Poblados insiste en tutela contra Mintic
La unión temporal seguirá adelante con la tutela por “violación del debido proceso” y afirma que sí ha cumplido el contrato con Mintic.
El representante de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque, afirmó este jueves en rueda de prensa que a esta fecha, según el cronograma del polémico contrato para llevar internet a 7 mil colegios públicos rurales, el contratista debía tener instalados 1.545 centros digitales en igual número de escuelas de 15 departamentos del país, y han instalado 1.002.
Esto para sostener que el cuestionado contrato con el Ministerio de las TIC, que está en proceso de caducidad y embargo, “se está cumpliendo”.
Recordó en este sentido que la meta era instalar los más de 7 mil puntos de internet al 28 de mayo de 2022.
“Retraso”
Atribuyó en parte el “leve” retraso que presenta la ejecución del contrato de conectividad a que “muchas de las fábricas y proveedores estuvieron cerrados por la pandemia, y hubo una serie de factores externos que nos pusieron en aprietos para cumplir las metas”.
Por ello, aseveró: “Decir que Centros Poblados no ha ejecutado el contrato es decir algo que no es cierto. La meta del contrato va en el 12,3 %”.
¿Y la plata?
Dijo además Duque que la Unión Temporal ha invertido $15 mil millones “de nuestros recursos. El plan de inversión del anticipo era para suministro, es decir que las instalaciones se han hecho con recursos diferentes a lo recibido, y la entidad no nos ha pagado”.
Aseguró así mismo que hay “$26 mil millones en equipos para hacer las instalaciones y el resto está en bodegas nuestras, así que es impreciso decir que la plata se la robaron. Hay un proveedor internacional que se llama Nuovo Security, al que se le giraron $58 mil millones. Es un subcontratista y no hace parte de la unión temporal”.
A la pregunta de si el otrora representante legal de la fiscalmente cuestionada Funtics –que se cambió el nombre a Novotic para este contrato–, Juan Carlos Cáceres Bayona, está también detrás de Nuovo Security, dijeron que esa pregunta debía responderla el representante de Novotic, que es una de las empresas de la Unión Temporal Centros Poblados.
La caducidad
Jorge Pino, abogado de Centros Poblados, afirmó que el Mintic les violó el debido proceso en las gestiones de caducidad del contrato.
“La caducidad del contrato es la sanción más grave que hay en nuestro ordenamiento. Y este, por ser un contrato de varios objetos, el Mintic lo catalogó como un contrato atípico que surgía en virtud de la autonomía. Y hay sentencias del Consejo de Estado donde dice que en los contratos atípicos no es posible pactar la caducidad”, aseveró.
Añadió el apoderado que el contratista tenía “un pequeño retraso en el cumplimiento de las metas y entonces en las audiencias el Banco Itaú informó que no había expedido la garantía, e inmediatamente el Mintic salió a tildar a los integrantes como ladrones y bandidos. La Unión Temporal había conseguido esa garantía a través de una firma que recomendó un tercero para que la expidiera, que es el que suele expedir las garantías a la unión temporal, la firma se llama Rave Corredores de Seguros, y el tercero es Jorge Alberto Molina, que manifiesta el interés de entregar la garantía, hace un contrato de $2.800 millones y el pago es de $1.000 millones. No se ha demostrado que esa garantía es falsa, y pudo obrar mal un empleado del banco. ¿Si la unión temporal hubiese sabido que era falsa hubiera pagado mil millones?”.
La tutela
Ante lo que denominan violaciones al debido proceso por parte del Mintic, explicó Pino: “Por ello la unión temporal presentó una tutela que se puede presentar ante cualquier juez. En Puerto Colombia tiene el domicilio el doctor Duque, y la tutela no se ha resuelto, porque el Gobierno reglamentó el reparto de las tutelas y señaló que si es en contra de una entidad nacional debe presentarse ante un juez del circuito y no ante un juez municipal”.
Aseguró además que la medida cautelar dictada por el juez “no se encuentra en firme porque el juez no la revocó y lo que hizo fue pasar la tutela a otro despacho”.
Y sobre el contrato dijo que se paralizó, pero que “el contratista aún no ha entregado los equipos, todo el equipo está dispuesto”.
La demanda
Ante esto, anunció que “la unión temporal está pensando en una demanda contenciosa por violación al debido proceso para que se decrete la nulidad del acto de caducidad”.
Y frente al cambio de razón social de las empresas de la UT días antes del contrato, afirmó el abogado que “ese cambio de razón social era innecesario. Esta ministra modificó el pliego porque antes se limitaba a empresas de telecomunicaciones y ampliaron la participación y dijeron que también podían ir empresas de construcción porque también implicaba hacer obras”.
