El Heraldo
Los negociadores del Gobierno y las Farc, acompañados por los delegados de Noruega, Cuba, Chile y Venezuela, países compromisarios del proceso. EFE
Política

Proceso de paz da un salto con acuerdo de participación política

Negociadores de Gobierno y guerrilla convinieron crear un Estatuto para la Oposición, una reforma electoral y la creación de Circunscripciones Transitorias de Paz en la Cámara.

Luego de 5 meses de negociaciones sobre la participación política de la guerrilla en caso de que haya un acuerdo general para la terminación del conflicto armado, el Gobierno Nacional y las Farc anunciaron ayer, desde La Habana, Cuba, que lograron un consenso, calificado como “fundamental”, sobre este tema.

A través de Adolfo Benítez y  Dag Nylander, delegados de Cuba y Noruega, respectivamente, en la mesa de diálogo, las comisiones negociadoras dijeron que lo convenido “constituye una apertura democrática en el marco del fin conflicto”, porque “promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política” nacional.

Tras el anuncio, hecho desde el Palacio de Convenciones de La Habana, el jefe negociador gubernamental, Humberto de la Calle, quien en ocasiones anteriores había criticado la lentitud del proceso de diálogo, afirmó en una declaración por separado:

“Tengo que decir que la delegación de las Farc igualmente ha puesto empeño y disciplina. Debo reconocer que ha trabajado con gran seriedad”.

Asuntos convenidos. Bajo el entendido de que “nada estará acordado hasta que todo esté acordado”, es decir que lo que se vaya conviniendo solo tendrá vigencia cuando se firme un acuerdo general para poner fin al conflicto, el Gobierno y las Farc anunciaron que en busca de la “democratización de la participación política” se facilitará el ejercicio de la oposición, en el entendido de que al firmarse la paz surgirán  movimientos políticos que requerirán garantías.

Para ello, los voceros de movimientos y partidos políticos integrarán una comisión que definirá el Estatuto de la Oposición.

En segundo lugar, se “impulsará una legislación de garantías y promoción” de la participación ciudadana democrática. Entre esas garantías se incluyen las que sean necesarias para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada.

Se abrirán espacios para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, den a “conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales”.

Acordaron, en cuarto lugar, establecer medidas para garantizar y promover una “cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización”. Esto implicará un “lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas”, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos.

Para este fin se prevé la creación de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia, que asesoren y acompañen a las autoridades en la implementación de lo convenido.
Las partes convinieron “cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos”. En la fase de transición habrá “condiciones especiales” para dar apoyo a estas nuevas colectividades, con el fin de “asegurar el necesario pluralismo político en la construcción de la paz”.

Se anunció que pactaron la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz que promoverán la “integración territorial y la inclusión política”, especialmente de las zonas afectadas por el conflicto y el abandono. En un periodo de transición estas poblaciones tendrán una “representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes”, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias.

Teniendo en cuenta lo sucedido con cerca de 3.300 militantes de la Unión Patriótica, asesinados al salir a hacer política con las Farc luego de los diálogos de paz en el gobierno de Belisario Betancur, se anunció la creación de un “sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política” y de “manera especial del nuevo movimiento” que surja una vez este grupo guerrillero se desmovilice. La discusión de este tema se dará cuando se aborde el punto 3 de la agenda de diálogo referente al fin del conflicto armado.

Seguimiento a lo público

Otro de los compromisos adquiridos por el Gobierno y las Farc fue el desarrollo de un “plan de apoyo a la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia” con énfasis en la implementación del acuerdo. Según afirman las partes, en el comunicado, un “mayor control ciudadano” a la administración y la gestión pública “contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país”.

Adicionalmente, anunciaron que se acordó una “revisión integral” del sistema de planeación participativa. El objetivo principal es vincular a los ciudadanos en la “construcción y el seguimiento a los Planes de Desarrollo” y la implementación de una serie de medidas para “fortalecer los Consejos Territoriales de Planeación”.

Por las víctimas

El comunicado también señala que las delegaciones dispusieron de una oficina en el Palacio de Convenciones para poner los distintos materiales enviados por las víctimas a través de las Comisiones de Paz del Congreso. El objetivo es “mostrar su respeto a las víctimas del conflicto”, tema que se discutirá en el quinto punto de la agenda, explicaron.

La paz depende de que termine la corrupción

En su declaración ante la prensa, Iván Márquez, en representación de las Farc, dio un mensaje de optimismo frente al proceso “para seguir avanzando en los debates hacia la firma de la paz y la terminación del conflicto”. El jefe negociador dijo que el acuerdo de participación política le da a los colombianos la posibilidad de “abrir las puertas de una verdadera democracia”, donde habrá inclusión política y se garantizarán los espacios para canalizar las demandas ciudadanas. Al tiempo, los guerrilleros también lanzaron duras críticas sobre los recientes escándalos del sistema judicial y afirmaron que “el éxito de la paz depende de la terminación de la corrupción”. Insistieron en la conformación de una Comisión de la Verdad antes de abordar el tema de las víctimas, y reafirmaron que el de ellos “no es un proceso de sometimiento”.

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