En medio de las arrogantes declaraciones del presidente Daniel Ortega de que Nicaragua ya está ejerciendo soberanía en el área marítima que le cedió el fallo de la Corte Internacional de Justicia, la canciller María Ángela Holguín ha dicho que Colombia no entrará en una “guerra de declaraciones”, y ha expresado que el Gobierno Nacional, con la asesoría de expertos, examina los recursos que tendría frente a la sentencia emitida por el alto tribunal.
La Canciller ha descartado cualquier posibilidad de confrontación militar con Nicaragua y ha ratificado que el Gobierno actuará con la mayor tranquilidad. Por su parte, el representante a la Cámara por San Andrés Jack Housni expresó que interpretaba las palabras de Ortega como una bravuconada.
Lo cierto es que el tema de San Andrés va para largo. Y ha comenzado a tener impactos demoledores en la popularidad del presidente Juan Manuel Santos y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien le han empezado a cobrar que haya propuesto desobedecer el fallo cuando en una cumbre de mandatarios latinoamericanos le había asegurado a Ortega –con Chávez sonriente al lado– que Colombia acataría la decisión de La Haya.
A Santos en particular se le ha creado una inusitada y delicada coyuntura política porque, aunque él no es el único que tiene responsabilidad en esta mutilación que le significa a Colombia la pérdida de más de 75 mil kilómetros cuadrados del Mar Caribe, la decisión se produce en su Gobierno y lo coloca en una situación incómoda frente a la reelección, sobre todo en un momento en que los diálogos de La Habana con las Farc comienzan a ser percibidos con cierto escepticismo. De hecho, la encuesta de Ipsos-Napoleón Franco, contratada por RCN y Semana, revela que el 61 por ciento de los colombianos está en desacuerdo con la reelección de Santos.
El tema es de gran complejidad. Porque mientras el respaldo a desacatar el fallo es mayoritario en el país –especialmente en la Isla–, activado por una oleada de nacionalismo, no es fácil que Colombia escape a la obligación de cumplirlo, no obstante su denuncia del Pacto de Bogotá de 1948 que implica su desconocimiento a partir de ahora.
El Gobierno acudió a esta opción dado el riesgo de nuevas demandas de Nicaragua o de otros países que pudiesen poner en peligro la integridad del territorio nacional. Pero varios especialistas sostienen que la aceptación de la jurisdicción del tribunal de La Haya está contenida en un centenar de tratados firmados por Colombia. Además, con la salida del Pacto de Bogotá no se afecta el fallo de La Haya.
Es evidente que el Gobierno se jugó esta carta para calmar la tempestad política que se le ha venido encima. Pero es nítido que el Presidente, interpretando el sentimiento nacional, tendrá que inventarse una estrategia que le permita salir airoso, o con menos magulladuras, de este complejo trance. A esto se agrega que la crisis ha exacerbado la ira de los isleños, sacando a flote su viejo resentimiento con el poder central que los abandonó y los ha condenado a padecer necesidades en servicios públicos y en la carestía de los alimentos que llegan de la Colombia continental. Los isleños no creen, por eso, en las promesas de que ahora sí habrá atención a San Andrés. No la tiene fácil el presidente Santos.
