Esta semana continúa el debate en el Congreso sobre la reglamentación de la práctica de la eutanasia en Colombia.
Hasta el momento el proyecto de ley salió con vida de la votación de los miembros de la Comisión Primera del Senado, pero pasará a discusión a la plenaria de esa instancia para luego remitirlo a la Cámara de Representantes. La eutanasia ya fue aprobada legalmente en Colombia en 1997 por parte de la Corte Constitucional, pero carece de una reglamentación acerca de cómo aplicarla debidamente por parte del cuerpo médico en el país.
El asunto es que por cuenta del proyecto presentado por el senador Armando Benedetti se ha revivido una añeja e intensa discusión desde el punto de vista ético, legal y religioso respecto de esta práctica, que en su misma etimología significa “buena” (eu) “muerte” (tanathos). Hasta el día de hoy existe una aceptación generalizada en Colombia acerca de la aplicabilidad de la eutanasia pasiva, es decir aquella en que, debido a que la persona está cerebralmente muerta, en estado vegetativo y sin posibilidades de digna sobrevivencia, se le suspende todo tipo de tratamiento precipitándole, por omisión terapéutica, el desenlace fatal que sobrevendrá de acuerdo a la resistencia del organismo del paciente. En este caso específico en que la persona está muerta en vida y solo posee existencia artificial se configura la eutanasia pasiva, para lo cual se requiere la aprobación de mínimo tres familiares.
Pero lo que ahora ha suscitado una fuerte controversia es la implementación reglamentada de la eutanasia activa, la cual consiste en la provocación de una muerte indolora a petición consciente del afectado por una enfermedad incurable que ha deteriorado enormemente su calidad de vida. El mismo paciente, atravesando un estado terminal de su enfermedad, manifiesta en vida y con sus cinco sentidos, su deseo de que le dejen morir o le provoquen la muerte antes que mantenerlo con existencia artificial, perpetuamente amarrado a instrumentos y drogas paliativas que no le curan de su afección. La propuesta plantea que esta práctica no se dé en todos los casos, sino en aquellos en que el paciente sea adulto, esté totalmente desahuciado previa la valoración formal de mínimo tres galenos y exista una solicitud explícita del afectado.
Los que están en contra de esta iniciativa, entre los que se encuentra la Iglesia Católica y el Partido Conservador, insisten en el retiro del proyecto de ley, pues propone convertir “la muerte en un derecho”. Por más que se disfracen las cosas como un “homicidio por piedad”, consideran que este tipo de eutanasia es un suicidio asistido o un asesinato. Igualmente hay quienes estiman que esto va en contravía del juramento hipocrático, que en uno de sus apartes reza “no daré una droga mortal a nadie si me lo solicitare”, así como de la misma Constitución, que exige el respeto al derecho a la vida.
No obstante, los que están a favor de que este proyecto de ley llegue a su plena aprobación aducen que lo que se plantea es una opción no obligada tanto para los pacientes terminales, sus familiares y los médicos tratantes. Ellos mencionan valores como el derecho a la vida digna, a la autonomía y a la libertad de decisión por parte de todo ser humano que experimenta una insufrible condición vital en la que no se prevé una salvadora solución terapéutica.
Ha llegado el momento de que el país asuma este debate de una manera franca y que el Estado abra las compuertas a la participación ciudadana mediante mecanismos que permitan una decisión acerca de esta práctica que promueve el derecho a la vida, pero en condiciones dignas.
