El Heraldo

El caso de Piedad Córdoba

En anterior columna se planteó la necesidad de revisar buena parte de la estructura orgánica –no la ideológica, impecable– de la Constitución de 1991, entre otras materias, las relativas a la composición, origen y funciones de los organismos de control.

Aspecto esencial en el tema es la facultad concedida al Ministerio Público para, por vía disciplinaria, despojar de su investidura a personas elegidas popularmente. Así también, la Constitución de 1991, creó una nueva figura, inédita en nuestro derecho público, que permite al Consejo de Estado, como órgano jurisdiccional, decretar idéntica medida para los congresistas por las causales contempladas en el artículo 183 de la Carta Política, entre otras, violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses, por indebida destinación de dineros públicos, o por tráfico de influencias.

Cuando ello ocurre, el Consejo de Estado dispone, además, la “muerte política” del parlamentario, es decir su inhabilidad para desempeñar cargos públicos –de elección o designación– por el resto de sus días.
De otra parte, cuando un servidor público, sin excepciones, es condenado por cualquier delito, menos los culposos y los políticos, queda así mismo inhabilitado para ser elegido popularmente, desempeñarse como funcionario del Estado o contratar con este.

Así, las sanciones penales –vía sentencia– o judiciales –vía pérdida de investidura– son mucho más drásticas que las disciplinarias que inhabilitan solo por un determinado tiempo para ser elegido o desempeñar cargos públicos.
Carece entonces de sentido que existiendo otros mecanismos en la propia Constitución, un funcionario designado, por vía disciplinaria pueda decretar la muerte política de alguien democráticamente elegido.

Suele decirse que si no existiera ese instrumento difícilmente se hubiera podido destituir a congresistas, alcaldes, gobernadores y diputados. Pero el argumento no es válido en el ámbito de la lucha contra la corrupción, pues constituyendo todo acto de corrupción, no solo falta disciplinaria sino delito (por ejemplo, cohecho, concusión, prevaricato, peculado, concierto para delinquir, abuso de autoridad), si se adelanta el proceso penal, con la sanción automáticamente el condenado queda inhabilitado de por vida, como acaba de decirse.

Se aduce que el procedimiento disciplinario es más rápido. Pero si se analiza la mayoría de los casos se encontrará que en ellos el tiempo del trámite es prácticamente igual al del proceso penal. Y casi siempre, por lo menos en lo que tiene que ver con parapolítica, las “destituciones disciplinarias” han llegado después de las condenas penales.

En el caso del senador Merlano, verbigracia, por un hecho evidentemente reprochable, no asociado necesariamente a corrupción, se le despojó de su investidura. Vale entonces preguntar: ¿qué ocurriría si el Consejo de Estado, órgano constitucionalmente habilitado, llega a conclusión diferente?

Más diciente es el caso de la dirigente Piedad Córdoba, quien ayudó a liberar secuestrados. Fue despojada de su investidura por vía disciplinaria, no por el órgano competente, que sería el Consejo de Estado, por supuestos y al parecer no comprobados vínculos con la guerrilla, hecho delictuoso, de ser cierto, pero no reconocido por el órgano habilitado por la Constitución para investigarla y juzgarla –la Sala Penal de la Corte– que se abstuvo de iniciarle investigación penal formal. ¿Cómo descifrar tamaño galimatías jurídico?

En el terreno político, ¿qué pasaría si se mantiene esa inconstitucional decisión cuando, como va a ocurrir en el proceso de paz, quede legalizado el grupo armado con el cual supuestamente se le asocia por la vía disciplinaria?
Aun con la Constitución actual, distinguidos juristas como Alfredo Beltrán, Bernardo Gaitán Mahecha, Hernado Yepes y Jaime Córdoba Triviño son del criterio de que por solo el Consejo de Estado, y por el procedimiento señalado en la propia Carta, puede decretar la pérdida de investidura, y la consiguiente muerte política de un parlamentario.

Por Alfonso Gómez Méndez
@gomezmendeza

 

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